Julián Axat: “Mantener a un menor detenido cuesta 14 veces más que realizar un seguimiento con políticas de inclusión”

“Desde la dictadura para acá el tema estuvo siempre en agenda. Fue la dictadura militar la que sancionó la ley que estableció el modelo tutelar punitivo que rigió hasta hace muy poco. Después, durante la democracia, hubo intentos de reforma en distintos gobiernos”, señaló Julián Axat.

En esa línea, el exdefensor penal juvenil explicó que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no responde a una sola fuerza política, sino que atravesó a distintos espacios a lo largo de las últimas décadas. “La agenda punitiva respecto de los menores de edad ha sido transversal a distintas gestiones de gobierno. Los gobiernos de derecha quizás la tomaron con más virulencia, proponiendo bajarla incluso a 12 o 13 años, pero el debate estuvo presente en distintos momentos”, afirmó.

Axat también se refirió al funcionamiento del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y recordó que el actual sistema comenzó a implementarse en 2008. “Se creó un sistema procesal nuevo con jueces, fiscales y defensores especializados, pero en términos de fondo seguía rigiendo la ley de la dictadura. Era una contradicción: un sistema procesal moderno aplicando una normativa tutelar muy vieja”, explicó.

Según detalló, esa situación generó diversos problemas en la práctica judicial. “Permitía, por ejemplo, el encierro de menores no punibles por tiempo indeterminado. En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 80 niños menores de 16 años encerrados sin posibilidad de juicio, bajo expedientes tutelares. Esa es una realidad que existe desde hace años”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la reforma puede modificar parcialmente ese escenario, aunque también plantea nuevos interrogantes. “Con la nueva ley, los jóvenes de entre 14 y 15 años quedarían sometidos a la Justicia Penal y podrían enfrentar penas de hasta 15 años, lo cual para mí es muy severo”, advirtió.

Uno de los puntos centrales del debate, según Axat, tiene que ver con el peso real que tienen los menores en la comisión de delitos graves. “Las estadísticas oficiales muestran que los delitos más graves no son cometidos mayoritariamente por menores. El mapa del delito juvenil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que la participación de menores en homicidios representa menos del 1 por ciento en relación con los adultos”, explicó.

A partir de esos datos, sostuvo que el fenómeno no tiene la dimensión que muchas veces se presenta públicamente. “Ese indicador ya demuestra que no es un problema central en la Argentina. Sin embargo, muchas veces los medios exhiben la situación como si fuera representativa”, remarcó.

Por otra parte, el abogado también puso el foco en el impacto económico de la reforma y cuestionó la lógica de priorizar el encarcelamiento por sobre políticas de inclusión. “Un estudio realizado por un juez de Catamarca mostró que mantener a un menor detenido cuesta 14 veces más que realizar un seguimiento con trabajadores sociales, programas educativos y políticas de inclusión”, detalló.

En ese contexto, señaló que la nueva ley prevé incluso partidas presupuestarias para la construcción de infraestructura carcelaria juvenil. “La propia norma habilita a las provincias a recibir fondos para crear dispositivos de encierro y designar funcionarios. Es decir, se prioriza el gasto en cárceles en lugar de políticas sociales”, cuestionó.

Finalmente, Axat advirtió que la reforma podría enfrentar cuestionamientos judiciales por su compatibilidad con tratados internacionales. “Hay un argumento jurídico fuerte basado en el principio de no regresividad. Si el estado ya había fijado la edad de punibilidad en 16 años, muchos constitucionalistas sostienen que no debería retrocederse en ese estándar”, concluyó.

“Es probable que defensores planteen la inconstitucionalidad del artículo que baja la edad a 14 años y que, tarde o temprano, sea la Corte Suprema la que tenga que resolver esta discusión”, cerró. (www.REALPOLITIK.com.ar)