Extorsión en Fate: Cuestionan a Javier Milei por no hacer la denuncia judicial

"Javier Milei manifiesta con cierto detalle que su gobierno fue víctima de una extorsión, y que esa extorsión consistía en que un empresario iba a dejar a 900 familias en la calle si no tenía de parte del estado una determinada protección a su empresa”, explicó el abogado de Reset Republicano, José Magioncalda, en diálogo con REALPOLITIK FM al referirse a los dichos del presidente.

En ese sentido, el letrado remarcó que, cuando un funcionario público toma conocimiento de un hecho que considera delictivo, tiene la obligación de realizar una denuncia formal. “Cuando un funcionario público toma conocimiento de una situación de ese tipo que a su criterio constituye delito, está obligado a denunciar, ya sea a través de la Oficina Anticorrupción, ante un fiscal o ante un juez. No puede quedarse en la denuncia mediática”, afirmó.

Además, advirtió que realizar acusaciones sin acudir a la Justicia puede implicar un uso indebido del poder. “Esto es así fundamentalmente porque no se puede estar utilizando el poder para difamar personas. Hay que manejarse con seriedad y cada vez que los funcionarios incumplen este deber y difaman, cercenan la libertad de los ciudadanos y los agreden desde el poder”, sostuvo.

920 personas fueron despedidas en Fate

Por otra parte, Magioncalda señaló que, de acuerdo con las propias declaraciones del presidente, la presunta extorsión habría ocurrido antes de los despidos registrados en la empresa. “Los despidos en la empresa Fate ocurrieron el 18 de febrero. Es decir, desde antes de esa fecha hasta ahora deberíamos haber visto algún tipo de denuncia y eso no ocurrió”, indicó.

En ese marco, explicó que el estado nacional cuenta con múltiples mecanismos para avanzar judicialmente en un caso de estas características. “El presidente puede delegar la tarea en el procurador del Tesoro o hacerlo a través de algún ministro, pero de alguna manera el estado nacional debió haber hecho la denuncia formal y no la realizó”, expresó.

Asimismo, planteó que aún existe la posibilidad de que el gobierno avance judicialmente si considera que el hecho fue real. “Puede que la realice en el futuro, si realmente esto es un hecho real. Si después se advierte que era nada más que una excusa o una situación para buscar chivos expiatorios para justificar una situación económica determinada, será otra discusión”, señaló.

El abogado también cuestionó el modo en que se instalan este tipo de acusaciones en el debate público. “El debate público es para discutir ideas, no para lanzar agravios o acusaciones incomprobables. Nosotros, desde Reset Republicano, cada vez que consideramos que existe la posibilidad de que alguien haya cometido un delito, lo denunciamos en la Justicia”, afirmó.

En esa línea, subrayó que si organizaciones civiles pueden recurrir a la Justicia, con mayor razón debería hacerlo el jefe de Estado. “Si nosotros lo podemos hacer desde el llano, ¿cómo no lo va a poder hacer un presidente de la Nación con toda la estructura del estado a su favor?”, cuestionó.

Finalmente, al ser consultado por la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del ministerio de Justicia de la Nación, Magioncalda se mostró crítico. “No es el ministro de Justicia que hubiera querido. Me parece que es una persona muy ligada a la histórica corporación judicial que desde hace muchos años es parte de un funcionamiento como mínimo negligente de la Justicia”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)