Ponen la lupa sobre cuatro empresas favorecidas por la gestión de Fernando Moreira

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó a varios funcionarios de la municipalidad de General San Martín tras detectar irregularidades administrativas y financieras durante el análisis de las cuentas correspondientes al ejercicio 2024, correspondiente a la gestión del intendente Fernando Moreira.

El fallo advierte incumplimientos en procedimientos de contratación, manejo de fondos y aspectos administrativos que derivaron en multas económicas y una amonestación para distintos funcionarios del gabinete municipal.

Irregularidades detectadas

El fallo detectó una serie de inconsistencias en la gestión administrativa y financiera vinculadas principalmente a procedimientos de contratación, tramitación de expedientes y control de los recursos públicos. Entre las observaciones se mencionan deficiencias en la documentación respaldatoria de distintos procesos administrativos, irregularidades en la instrumentación de licitaciones y contrataciones directas, así como falencias en la intervención de las áreas técnicas y contables encargadas de validar los procedimientos.

El organismo también cuestionó la forma en que se justificaron determinadas adjudicaciones, señalando casos en los que la documentación incorporada a los expedientes resultó insuficiente para acreditar la razonabilidad de las decisiones adoptadas por las autoridades municipales. A esto se sumaron observaciones sobre la correcta aplicación de las normas de contratación pública y sobre los mecanismos de control interno utilizados durante la ejecución de obras, servicios y provisión de bienes.

Entre los expedientes observados aparece la contratación de la empresa Ingeniero José María Casas SA, en el marco de una licitación pública destinada a trabajos de repavimentación y reparación de pavimentos, cuyo monto alcanzó aproximadamente los 500 millones de pesos. El Tribunal de formuló observaciones técnicas sobre el procedimiento y la documentación incorporada al expediente que respaldó la adjudicación.

También fueron observadas contrataciones vinculadas a la empresa Centro Construcciones SA en expedientes relacionados con obras públicas municipales. En este caso, los auditores señalaron inconsistencias en la tramitación administrativa y deficiencias en la documentación que respaldó el proceso de contratación, lo que motivó observaciones sobre la forma en que se llevó adelante el expediente.

En el caso de VAVCOM SRL, el organismo analizó contrataciones vinculadas a la prestación de servicios para el municipio y advirtió irregularidades en el procedimiento administrativo utilizado para su adjudicación, particularmente en relación con la fundamentación del mecanismo elegido y la documentación incorporada al expediente.

Por su parte, las actuaciones vinculadas a NEC Argentina SA fueron revisadas en el marco de contrataciones relacionadas con servicios tecnológicos e infraestructura informática. Allí el tribunal puso la lupa en la justificación técnica utilizada por el municipio para avanzar con la contratación, evaluando si el procedimiento aplicado cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Municipalidad de San Martín.

Sanciones económicas

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el Tribunal de Cuentas aplicó multas económicas y sanciones administrativas. Las principales sanciones fueron:

- Multa de 1.100.000 de pesos al intendente Fernando Moreira.

- Multa de 1.100.000 de pesos al secretario de Economía Oscar Di Lena.

- Multa de 780 mil de pesos a la contadora municipal Bibiana Adamo.

- Multa de 560 mil de pesos al tesorero Miguel Appezzatto.

- Multa de 480 mil de pesos al secretario de Obras Alfredo Alonso.

- Multa de 780 mil de pesos a la directora de Compras Daniela Giménez.

- Multa de 350 mil de pesos al director de Compras Claudio Timossi.

- Multa de 420 mil de pesos a la directora de Innovación Norma Gómez Muñoz.

- Amonestación al secretario de Salud, Luciano Miranda.

El tribunal dispuso además que los funcionarios sancionados deberán depositar los montos de las multas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro del plazo establecido por la resolución. (www.REALPOLITIK.com.ar)