Licitación de 8.700 millones podría favorecer a droguería ligada a Karina Milei y la ANDIS

Una licitación pública del ministerio de Salud de Santa Cruz que controla María Lorena Ross por casi 8.700 millones de pesos encendió señales de alerta dentro del sector farmacéutico y entre proveedores habituales del estado. Se trata de la licitación pública 002/MSA/2026, destinada a la compra de medicamentos para el sistema sanitario provincial, cuyo pliego de condiciones incluye requisitos que, según especialistas del rubro, podrían restringir de manera significativa la competencia.

El punto más cuestionado del proceso impulsado por el gobierno de Claudio Vidal es que el pliego establece que un solo proveedor debe cotizar la totalidad de los medicamentos incluidos en la compra, además de asumir la logística de distribución en toda la provincia y la implementación de un sistema informático de control de stock.

A ello se suman exigencias de infraestructura, depósitos habilitados y capacidad financiera que, según actores del mercado, dejan fuera a la mayoría de las droguerías que habitualmente participan de licitaciones públicas.

“La combinación de requisitos es extremadamente restrictiva. En la práctica reduce el universo de oferentes a prácticamente una única empresa en el país”, explicó a este medio una fuente del sector farmacéutico que pidió reserva de identidad.

Un diseño que limitaría la competencia

De acuerdo con especialistas consultados, el esquema de contratación elegido por el ministerio de Salud concentra múltiples servicios en un único proveedor: abastecimiento de medicamentos, logística provincial y gestión digital de inventarios.

En el mercado señalan que ese tipo de modelo es habitual cuando el estado decide tercerizar completamente la gestión del suministro farmacéutico, pero advierten que puede generar problemas si no existe competencia suficiente.

“Cuando sólo uno o dos operadores están en condiciones de presentarse, el riesgo es que el estado termine pagando precios más altos”, explicó un consultor del sector.

En ese contexto, varios proveedores sostienen que una de las pocas empresas que podría cumplir simultáneamente con todos los requisitos del pliego es la droguería Suizo Argentina, una de las mayores operadoras logísticas farmacéuticas del país.

Una empresa bajo la lupa judicial

La posible participación de Suizo Argentina adquiere especial relevancia por el momento judicial que atraviesa la compañía. La empresa pertenece a la familia Kovalivker, uno de los grupos históricos del negocio farmacéutico en Argentina. Su principal accionista, Eduardo Kovalivker, controla más del 64 por ciento de las acciones, mientras que sus hijos Jonathan y Emmanuel también forman parte de la estructura societaria.

Actualmente, directivos de la firma están involucrados en una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el marco de esa causa, que instruye el juez federal Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Franco Picardi, Kovalivker se presentó recientemente en los tribunales federales de Comodoro Py y entregó su teléfono celular para ser sometido a peritajes.

La investigación se originó tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se describía un supuesto circuito de pagos indebidos en contrataciones vinculadas a medicamentos, de los que presuntamente sería beneficiaria Karina Milei.

Sede de la empresa Suizo Argentina.

En paralelo, el hijo del empresario, Emmanuel Kovalivker, fue allanado en su domicilio en Nordelta, donde la Policía secuestró 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, dinero cuyo origen forma parte de la investigación.

La causa también generó una derivación judicial reciente: el fiscal federal Carlos Rívolo solicitó la indagatoria del jefe de Sistemas de la empresa, Daniel Díaz, por presuntamente obstaculizar el acceso de la Justicia a correos electrónicos corporativos requeridos en el expediente.

Interrogantes en el sector

En este contexto, la licitación santacruceña comenzó a generar interrogantes entre proveedores y especialistas en contrataciones públicas. El principal punto de discusión es si el diseño del pliego responde a una necesidad operativa del sistema sanitario provincial o si, por el contrario, termina favoreciendo indirectamente a una única empresa que, casualmente, se encuentra vinculada al poder político.

El expediente administrativo y el pliego de condiciones son documentos públicos, por lo que distintas fuentes del sector comenzaron a analizarlos en detalle para determinar si las exigencias técnicas resultan razonables para el volumen de la contratación. Mientras tanto, el proceso licitatorio continúa en marcha y resta conocer cuántas empresas se presentarán finalmente como oferentes.

Si el número de competidores resulta reducido, el caso promete reabrir el debate sobre cómo deben diseñarse las licitaciones públicas en el sistema de salud para garantizar transparencia, competencia real y precios adecuados para el estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)