Allanamiento en la UOM: Investigan a Abel Furlán por presunta administración fraudulenta

La Justicia Federal comenzó a avanzar en una investigación que pone bajo la lupa la administración de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y que tiene en el centro de la escena a su secretario general, Abel Furlán. La causa, impulsada por el fiscal Jorge Taiano, investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta vinculada a la contratación de la firma USEM SA para gestionar recursos del sindicato.

Según surge de una resolución firmada por el juez federal Julián Ercolini, el expediente se originó el pasado 27 de febrero a partir de una denuncia presentada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. En ella se denunció una presunta maniobra irregular relacionada con el manejo de fondos de la organización sindical y su vinculación con la empresa USEM SA.

De acuerdo al planteo judicial, la investigación apunta a determinar si Furlán y la dirigente María Soledad Calle —directora y accionista de la empresa señalada— pudieron haber incurrido en delitos de administración fraudulenta, defraudación y eventual asociación ilícita en perjuicio de los afiliados del gremio.

Operativo judicial en la sede del gremio

Como parte de las primeras medidas de prueba, el magistrado ordenó un procedimiento en la sede central de la UOM, ubicada en la calle Adolfo Alsina al 400 de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución dispuso que personal de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina se presente en el edificio sindical para requerir documentación vinculada al contrato firmado entre el gremio y USEM SA, incluyendo el convenio original, anexos, modificaciones y todo material relacionado con su ejecución y control.

La orden judicial estableció además que, en caso de que las autoridades sindicales no entreguen voluntariamente la documentación solicitada, el procedimiento podrá transformarse en allanamiento, incluso con uso de la fuerza pública si resultara necesario.

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Un contrato bajo sospecha

La denuncia sostiene que la conducción del sindicato delegó en la empresa USEM SA la administración de recursos financieros clave provenientes de los aportes sindicales de los trabajadores metalúrgicos.

Entre ellos se incluyen el 20 por ciento retenido por el consejo directivo nacional y el 80 por ciento correspondiente a las distintas seccionales del gremio. Según los denunciantes, el acuerdo también habría otorgado a la firma la supervisión de cuentas bancarias, la ejecución de pagos y el control de los flujos financieros de las delegaciones sindicales.

Uno de los puntos más cuestionados del contrato es la comisión del 0,5 por ciento sobre la recaudación total que percibiría la empresa, cifra que, según estimaciones internas del sector, podría representar alrededor de 100 millones de pesos mensuales.

Sede de la UOM.

Cronología y vínculos

Otro elemento que generó suspicacias en la presentación judicial es la cronología de los hechos. USEM SA fue constituida en diciembre de 2022 y, apenas dos meses después, habría recibido la administración exclusiva de los fondos del gremio por un plazo de diez años.

La estructura societaria de la firma también quedó bajo análisis. Entre sus accionistas figuran Raúl Branconi, oriundo de Campana —la misma ciudad que Furlán— y la propia Calle, quien además habría sido empleada del sindicato y colaboradora cercana del líder metalúrgico.

De hecho, la Justicia solicitó a la secretaría de Trabajo que informe formalmente si Calle mantiene o mantuvo una relación laboral con la UOM, además de requerir a la inspección General de Justicia la nómina completa de directores y accionistas de USEM SA.

Un expediente que recién comienza

El expediente avanza en etapa preliminar y las medidas dispuestas por el juzgado buscan reunir la documentación necesaria para determinar si existió una maniobra irregular en la administración de los fondos sindicales.

De confirmarse las sospechas planteadas en la denuncia, la causa podría derivar en imputaciones formales por administración fraudulenta contra los responsables del acuerdo cuestionado.

Mientras tanto, el futuro judicial del principal referente de la UOM queda atado al resultado de las diligencias ordenadas por el juzgado federal. (www.REALPOLITIK.com.ar)