Silenciosa batalla entre Javier Milei y Axel Kicillof por el control de la Ricchieri

La licitación para concesionar corredores estratégicos de la red vial nacional abrió un nuevo capítulo en la tensión política entre el gobierno nacional y la administración bonaerense. La disputa gira en torno a la autopista Ricchieri y otros tramos clave del sistema de rutas, donde la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) decidió competir por la concesión frente a grandes jugadores del sector privado.

La reacción en la Casa Rosada, sin embargo, habría sido inmediata. Según trascendió en ámbitos del sector vial, autoridades del organismo Corredores Viales –dependiente del gobierno nacional– habrían emitido una circular ampliando las exigencias del pliego licitatorio luego de que se confirmara la participación de la compañía bonaerense.

Desde la provincia de Buenos Aires interpretaron esa decisión como una maniobra destinada a dejar fuera de carrera a AUBASA y evitar que una empresa vinculada al gobernador Axel Kicillof se quede con una infraestructura de dominio nacional.

Privatización de rutas y disputa política

El conflicto se enmarca en el proceso de privatización del sistema vial que impulsa el gobierno de Javier Milei. A través de la resolución 174/2026 del ministerio de Economía, la administración libertaria lanzó licitaciones para concesionar distintos corredores estratégicos del país bajo el régimen de obra pública por peaje.

El esquema contempla que las empresas adjudicatarias se hagan cargo de la construcción, explotación, mantenimiento, ampliación y administración de las rutas concesionadas, además de la prestación de servicios al usuario.

Entre los corredores incluidos en la licitación aparecen tramos estratégicos como el Acceso Sur, el corredor Ezeiza–Cañuelas y sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de la autopista Ricchieri, una de las vías más transitadas del país por conectar la Ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La convocatoria despertó fuerte interés en el sector empresario: se registraron 42 presentaciones iniciales y, tras la primera evaluación, 18 compañías continúan en carrera. Entre ellas aparecen seis firmas con sede en La Plata: OCSA, Pose SA, Coarco SA, Briales SA, Eleprint SA y la propia AUBASA.

La jugada de la provincia

La participación de AUBASA en la licitación sorprendió a varios actores del sector. La empresa estatal depende del gobierno bonaerense y actualmente administra algunos de los principales corredores provinciales, entre ellos las rutas 2, 6 y 11, la autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas 56, 63 y 74.

Con más de 1.200 kilómetros bajo su órbita, la compañía argumenta contar con experiencia suficiente en gestión vial, asistencia al usuario, seguridad y ejecución de obras.

Antes de presentar la oferta, el ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires –principal accionista de la firma– realizó una asamblea para respaldar la decisión y destacar la capacidad operativa de la empresa. Para la gestión de Axel Kicillof, la licitación representaba una oportunidad estratégica: ganar terreno en la administración de corredores nacionales y fortalecer la presencia de la empresa estatal en el sistema vial argentino.

La circular que encendió la polémica

Sin embargo, el escenario cambió cuando el proceso licitatorio avanzó y se conoció que AUBASA había adquirido el pliego y se preparaba para competir.

De acuerdo con fuentes del sector, autoridades de Corredores Viales habrían publicado una circular modificatoria que amplía las condiciones que deben cumplir los oferentes. Las nuevas exigencias incluirían requisitos técnicos, financieros y operativos más estrictos que, según interpretan en la provincia de Buenos Aires, podrían dejar fuera de carrera a la empresa bonaerense.

En La Plata aseguran que se trata de una maniobra política para impedir que una compañía vinculada al gobierno provincial participe con chances reales en la licitación.

La provincia, en busca de recursos

La reacción en el gobierno de Axel Kicillof fue de fuerte malestar. Funcionarios provinciales consideran que la modificación del pliego constituye un intento deliberado de bloquear la participación de AUBASA en un momento especialmente delicado para las finanzas bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario económico complejo y busca distintas alternativas para obtener recursos frescos que permitan sostener el estado elefantiásico de cara a las presidenciales, en un contexto de fuerte ajuste fiscal. En ese marco, la posibilidad de administrar corredores nacionales con cobro de peajes aparecía como una oportunidad para generar ingresos y ampliar la estructura operativa de la empresa estatal.

Autopista Teniente General Pablo Riccheri.

Una disputa que trasciende lo vial

Más allá del expediente administrativo, la disputa revela una tensión política más profunda entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense. La licitación de la autopista Ricchieri se transformó así en un nuevo capítulo de la disputa entre ambos gobiernos por el control de obras, poder territorial y caja.

En ese contexto, la pregunta que sobrevuela el proceso es si AUBASA logrará mantenerse en carrera o si las nuevas condiciones del pliego terminarán inclinando la balanza hacia los grandes operadores privados del sector.

Lo que parecía una licitación más dentro del plan de privatizaciones terminó convirtiéndose, en cuestión de días, en otro frente de la creciente confrontación política entre Nación y la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)