Multan a Karina Menéndez por compras fragmentadas para evitar licitaciones

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires detectó una serie de irregularidades graves en la administración de la municipalidad de Merlo y dispuso sanciones económicas contra funcionarios del gobierno local encabezado por la intendenta Karina Menéndez.

Los fallos, correspondientes al análisis de las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2022 y 2023, detallan incumplimientos en los procedimientos de contratación, irregularidades en contratos con prestadores, falta de transparencia institucional y erogaciones que generaron presunto perjuicio al patrimonio municipal.

Entre las medidas adoptadas por el organismo de control se incluyen multas, cargos económicos solidarios y amonestaciones contra funcionarios del ejecutivo municipal.

Perjuicio al erario: cargos por más de un millón de pesos

Uno de los puntos más delicados del fallo es la determinación de un cargo económico total de 1.016.367,18 pesos, que el Tribunal ordenó recuperar por considerar que determinadas erogaciones carecían de respaldo suficiente.

El monto surge de un gasto observado de 600 mil pesos, al que se le sumaron 416.367,18 pesos en intereses, calculados desde la fecha del pago hasta la resolución del Tribunal.

Por ese importe fueron considerados responsables en forma solidaria la intendenta Karina Menéndez; el secretario de Economía y Finanzas, Roberto Soos; y el contador municipal, Federico Matías López.

Según el organismo de control, las erogaciones analizadas generan presunción de perjuicio al erario, por lo que los funcionarios deben responder por el dinero observado.

Municipalidad de Merlo.

Maniobras para evitar licitaciones

Otra de las observaciones más graves del Tribunal fue la detección de desdoblamiento de compras, una práctica utilizada para evitar procesos licitatorios. La auditoría detectó adquisiciones y contrataciones realizadas en forma directa que, por los montos involucrados y la frecuencia con la que se realizaron —muchas veces dentro de períodos menores a 30 días—, debían haberse tramitado mediante concursos de precios o licitaciones públicas.

- Equipamientos de Pedro Manuel Tamargo: Uno de los casos mencionados es la compra de pelotas de fútbol 11 con diseño de la selección argentina destinadas a actividades en el Parque Municipal El Tejadito. El municipio pagó 1.621.500 pesos mediante cuatro órdenes de compra distintas, emitidas en diciembre de 2022, lo que según el Tribunal forma parte del esquema de compras fragmentadas.

- Belén Miriam Vanina: También aparece un gasto por un brindis pastoral de fin de año organizado por la Dirección de Cultura municipal. El servicio incluyó: catering, mantelería, decoración y arreglos florales para 150 personas, con un pago total de 990.000 pesos dividido en dos órdenes de compra.

- J & T SRL: Otra contratación observada fue la compra de equipamiento para actividades sociales: gazebos de 3x3, mesas plegables, sillas plásticas reforzadas por un total de 2.152.400 pesos, pagados en dos órdenes de compra emitidas con pocos días de diferencia.

- PS Stella Construcciones SRL: El municipio también adquirió caños de hormigón para obras públicas: 18 caños H° 1200 y 70 caños H° 400 por 2.623.000 pesos, nuevamente en dos pagos separados que el Tribunal consideró parte del esquema de fraccionamiento de compras.

- Luis Ariel Romero: Figura como proveedor en el alquiler de equipamiento para eventos utilizados en operativos territoriales municipales. El servicio incluyó 300 sillas, tablones, manteles, gazebos por 1.878.000 pesos, pagados en dos órdenes de compra.

- Adrián Mario Ochavsky: Otro gasto observado fue el alquiler de baños químicos para un evento municipal en el Parque Municipal. El municipio pagó 2.510.400 pesos por el servicio, dividido en dos órdenes de compra emitidas el mismo día.

También aparecen proveedores vinculados a otras observaciones contables, como Agencia Uno de Tecnología y Comunicación SRL (compra de computadoras) y PMT Equipamientos (equipamiento diverso). En estos casos el Tribunal detectó errores en la imputación presupuestaria y otras irregularidades administrativas.

De acuerdo con el informe, esta modalidad vulnera lo establecido por el artículo 151 de la ley Orgánica de las Municipalidades, que regula los procedimientos de contratación para garantizar competencia entre proveedores y transparencia en el gasto público.

Contratos irregulares con monotributistas

El Tribunal también puso bajo la lupa los contratos celebrados por el municipio con prestadores inscriptos como monotributistas. En varios casos se detectaron anomalías en la documentación:

- Contratos sin fecha de confección, lo que impide determinar cuándo comenzó la prestación del servicio;

- Contratos con plazos de hasta seis meses renovados posteriormente;

- Montos fijados por “valor hora” que en la práctica se pagaban como salarios mensuales;

- Facturación emitida en forma correlativa entre distintos prestadores.

Según el Tribunal, estas inconsistencias dificultan el control administrativo y generan dudas sobre la regularidad de los vínculos contractuales.

Falta de transparencia en el Boletín Oficial

La auditoría también detectó irregularidades en la publicación de actos administrativos del municipio. El Tribunal constató que el Boletín Oficial municipal no se encontraba implementado de manera completa, ya que no se publicaba toda la normativa emanada del Honorable Concejo Deliberante de Merlo ni la totalidad de los actos del departamento ejecutivo.

Además, una denuncia presentada por el concejal suplente Jorge Blanco Schmidt señaló la ausencia de publicación de varias licitaciones públicas en el Boletín Oficial, entre ellas las licitaciones números 84/2023, 20/2023, 14/2023, 19/2023, 5/2023 y 15/2023, entre otras.

Cargos millonarios en la rendición 2022

El expediente también revela observaciones de gran magnitud en la rendición de cuentas del ejercicio 2022. En la sentencia original dictada por el Tribunal se habían formulado cargos por 4.849.824,10 pesos, atribuidos a la intendenta Karina Menéndez junto a otros funcionarios municipales por gastos cuya finalidad pública no estaba debidamente acreditada. Posteriormente, parte de esas observaciones fueron revisadas a partir de recursos presentados por los propios funcionarios.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el Tribunal aplicó sanciones económicas y disciplinarias. Entre ellas se destacan:

- Multa de 350 mil pesos a la intendenta Karina Menéndez.

- Cargo económico de 1.016.367,18 pesos solidario entre Menéndez, Roberto Soos y Federico Matías López.

- Cargo adicional de 25.932,36 pesos compartido por funcionarios del área económica.

También se dispusieron amonestaciones y llamados de atención contra otros funcionarios municipales, entre ellos Gustavo Menéndez, autoridades del Concejo Deliberante y funcionarios del gabinete municipal. (www.REALPOLITIK.com.ar)