El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 de la Municipalidad de San Miguel, aunque dejó asentadas múltiples observaciones vinculadas a irregularidades administrativas, inconsistencias contables y deficiencias en los procesos de contratación.
Según surge del fallo, los estados financieros fueron convalidados en términos generales, pero el organismo detectó incumplimientos normativos y debilidades en los sistemas de control interno que motivaron el traslado de responsabilidades a funcionarios del área económica y administrativa.
Entre los principales puntos observados, el Tribunal advirtió limitaciones en el acceso a la información financiera por parte del Concejo Deliberante, en relación con el sistema RAFAM, así como reiteraciones de incumplimientos ya señalados en ejercicios anteriores.
En materia de contrataciones, se identificaron inconsistencias en la documentación respaldatoria de distintas adquisiciones. Las observaciones alcanzan a operaciones realizadas con las firmas Wonit SRL, Bella Vista Hogar SA y DHM Industria SA, donde se detectaron faltantes de formularios obligatorios, diferencias en la registración de bienes y discrepancias en los valores informados.
El fallo también expone irregularidades en la registración patrimonial, especialmente en relación con bienes adquiridos por el municipio. En particular, se observó deficiencias en la identificación y carga de datos de vehículos incorporados al patrimonio, incluyendo inconsistencias en la actualización de dominios y en los registros del sistema de administración de bienes físicos. Asimismo, se detectaron diferencias entre los valores consignados al momento del alta inicial y los informados posteriormente en formularios actualizados, lo que motivó la confirmación de los reparos por parte del organismo de control.
A ello se suman observaciones sobre la incorrecta imputación contable de determinados activos y movimientos patrimoniales, con registros efectuados en cuentas inadecuadas y ajustes realizados mediante asientos manuales sin respaldo suficiente, lo que afecta la consistencia y confiabilidad de la información patrimonial del municipio.
En el plano contable, el Tribunal detalló diferencias significativas entre los saldos informados por el municipio, los verificados por la propia división relatora y los registrados por las entidades bancarias. Entre los casos más relevantes, los fondos de libre disponibilidad presentaron valores dispares —30.615 millones según el municipio, 29.769 millones según el Tribunal y 27.566 millones según bancos—, mientras que en los fondos afectados las divergencias fueron aún mayores, con registros que oscilaron entre 8.813 millones y 12.671 millones. Situaciones similares se observaron en las cuentas de terceros, donde también se detectaron brechas significativas.
Asimismo, se señalaron errores en la exposición de resultados financieros, utilización inadecuada de cuentas contables y la realización de ajustes mediante asientos manuales sin respaldo suficiente, lo que compromete la consistencia de la información presentada.
Otro de los aspectos observados refiere a la falta de consistencia entre los datos contables, financieros y patrimoniales, lo que afecta la trazabilidad de los fondos públicos y la confiabilidad de la información presentada.
A partir de las irregularidades detectadas, el Tribunal dispuso el traslado a los funcionarios responsables, entre ellos el intendente Jaime Méndez, la intendenta interina Yésica Grillo, el secretario de Economía Marcelo Conzi, la contadora Claudina Pavan y el tesorero Sebastián Márquez, entre otros.
En materia sancionatoria, el fallo aplica penalidades en el marco de la ley 10.869. En ese sentido, se establecieron multas de 280 mil tanto para Méndez como para Pavan. Asimismo, se dispusieron amonestaciones para Conzi, Márquez, el subsecretario de Presupuesto Agustín Marafetti y el director general de Recursos Tributarios Ariel Roitman.
De este modo, el Tribunal no solo convalidó la rendición en términos formales, sino que también determinó responsabilidades administrativas y aplicó sanciones concretas, dejando asentadas falencias en la gestión y en los mecanismos de control del municipio. (www.REALPOLITIK.com.ar)