Axel Kicillof cobija a funcionarios de Daniel Scioli sancionados por un perjuicio de 200 mil dólares

Un fallo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires reveló una grave irregularidad en el Ministerio de Trabajo bonaerense: se pagaron sueldos retroactivos a 36 empleados por un período en el que no prestaron servicios.

Según el expediente, los agentes fueron designados el 30 de diciembre de 2014, pero comenzaron a trabajar recién en julio de 2015. Todo ocurrió durante la gestión de Daniel Scioli, cuando en junio de ese año se ordenó liquidar haberes retroactivos correspondientes a los meses de enero a junio, generando un perjuicio directo a las arcas públicas.

Cómo fue la maniobra

La operatoria se inició cuando desde el área administrativa se envió la nómina de empleados para liquidarles haberes retroactivos. Posteriormente, desde el área contable se autorizó el pago bajo el concepto de “adicional haberes”.

En total, se abonaron 1.762.537,80 a los 36 agentes, pese a que no existía registro de asistencia ni prestación de tareas durante ese período. El monto equivale a unos 200 mil dólares al tipo de cambio oficial de la época.

El Tribunal fue contundente: los pagos se realizaron “a sabiendas” de que los empleados no habían trabajado.

Los empleados involucrados

El expediente detalla los nombres de los 36 beneficiarios de los pagos indebidos: Abre María Herminia; Antonelli Mariano Daniel; Balladares Juan Pablo; Carreras Manuel Ignacio; Chicatun Augusto; Cinalli Carlos Augusto; Contrera Vanesa Soledad; Cornet Josefina; Costilla Pablo Ezequiel; Deliville Paula Alejandra; Denovara Esteban; Di Marzo Gladys Noemí; Di Stefano Mariano; Duca Luciano; Drulhon Mariana Cintia; Festa Diego Osvaldo César; Gabino Lautaro Nahuel; Garbarino Gabriel Salvador; Gelato Leonardo Andrés; González Silvina Alejandra; Gutt Marco Fabián; Lazarte Joaquín; Leiva Poblet María Gabriela; Litterini Mariana Paola; Lucero María Estela; Luchetti Juan Manuel; Miramonte Federico; Orellana Eva Ramona; Pagola Violeta Mabel; Petrasso Santiago; Quattini Agustín Walter; Santini Sebastián Jorge; Toto Lila Alejandra; Tucceri Marianela; Villalón Pablo Rodrigo; Zippan Cintia Soledad.

Si bien cobraron los montos mencionados, el fallo pone el foco en la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron el circuito administrativo.

Graciela Liliana Rolhaiser.

Responsables y sanciones

El Tribunal de Cuentas determinó la responsabilidad patrimonial de tres altos funcionarios del ministerio de Trabajo: Graciela Liliana Rolhaiser (exdirectora General de Administración), Ariel Esteban Marcatili (exdirector de Contabilidad) y Ricardo Alberto Narbais (exdirector de Personal)

Los tres fueron considerados responsables por no haber cumplido con sus deberes de control y por permitir el pago indebido de haberes.

Como consecuencia, se les impuso una sanción económica solidaria: deberán devolver 7.205.091,39, suma que presuntamente incluye el daño original más intereses.

El Tribunal también advirtió que no hay registros de que el dinero haya sido devuelto por los beneficiarios, lo que refuerza la magnitud del perjuicio fiscal. Además, aclaró que la responsabilidad patrimonial es independiente de cualquier resultado en la justicia penal o en sumarios administrativos.

Cobijados por la gestión de Kicillof

A pesar de la sanción económica y la responsabilidad acreditada, los tres funcionarios continúan vinculados al Estado bonaerense.

Rolhaiser se desempeña actualmente como directora provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones; mientras que Narbais sigue desempeñando tareas en el ministerio de Trabajo bonaerense.

Marcatili actualmente reviste tareas en el ministerio de Desarrollo Agrario, la cartera que conduce Javier Rodríguez, previo paso por la dirección General de Cultura y Educación.

La continuidad de los tres dentro de la estructura estatal, incluso luego del fallo que los obliga a responder con su patrimonio por un perjuicio millonario, reabre interrogantes sobre los mecanismos de control y las responsabilidades políticas en la administración provincial.

Remate propuesto

Lejos de revertirse, el caso se agravó con el paso del tiempo. En febrero de 2026, el Tribunal volvió a expedirse tras un recurso presentado por los tres funcionarios sancionados, que buscaban anular la condena económica.

Sin embargo, el organismo fue categórico: rechazó todos los argumentos de la defensa y ratificó íntegramente el fallo original, manteniendo el cargo por más de 7,2 millones de pesos.

En su resolución, el organismo de control sostuvo que las pruebas eran “contundentes” y que quedó acreditado que los pagos se realizaron sin contraprestación laboral, incluso con declaraciones de los propios empleados reconociendo que no habían trabajado en ese período.

Pero hay un dato aún más delicado: la mayoría de los agentes declaró haber entregado el dinero cobrado en mano a los funcionarios imputados, lo que abre interrogantes sobre el destino final de los fondos públicos.

Además, se descartó que el sobreseimiento en la causa penal o la absolución administrativa tengan impacto en este caso, al remarcar que la responsabilidad patrimonial es independiente y que el perjuicio al estado está plenamente probado.

Así, a más de una década de los hechos, la conclusión oficial es contundente: hubo pagos indebidos, hubo daño al estado y hay responsables que deberán responder con su propio patrimonio. (www.REALPOLITIK.com.ar)