Guillermo Montenegro en la mira por 17.000 millones en gastos sin respaldo

La rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de General Pueyrredón fue finalmente aprobada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lejos de tratarse de un aval limpio, el fallo expone un cuadro preocupante: déficit financiero, gastos ejecutados sin respaldo presupuestario, irregularidades administrativas y posibles perjuicios económicos al estado.

El propio organismo de control no sólo dejó asentadas múltiples observaciones, sino que además avanzó con sanciones contra funcionarios clave de la gestión de Guillermo Montenegro.

Déficit de más de 10.000 millones de pesos

Uno de los puntos más graves del informe es el resultado financiero negativo del ejercicio. Según el Tribunal, el municipio cerró 2024 con un déficit de 10.378.642.032,3. Este rojo equivale al 4,6 por ciento del presupuesto vigente y al 4,47 por ciento del gasto ejecutado. El organismo fue claro: el desequilibrio implica un incremento del endeudamiento municipal.

A pesar de que el ejecutivo argumentó que el contexto macroeconómico (inflación, caída de ingresos y recesión) explica el resultado, el Tribunal rechazó esa justificación y ratificó la observación, proponiendo sanciones contra las autoridades responsables.

Más de $17.000 millones sin financiamiento

Otro eje crítico del fallo es la ejecución de gastos sin respaldo legal suficiente. El informe detectó:

- Excesos totales: 27.262.672.236,05

- Excesos sin posibilidad de compensación: 17.048.575.670,72

Esto significa que el municipio gastó por encima de lo autorizado y lo hizo sin contar con recursos para cubrir esos gastos

El intento del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón de convalidar esos excesos fue cuestionado por el Tribunal, que señaló que no existía normativa vigente que hbilitara ese procedimiento en 2024. Este punto quedó en una zona de “reserva”, lo que implica que los funcionarios podrían enfrentar responsabilidades futuras.

Palacio comunal de General Pueyrredón.

Escándalosa sospecha por sobreprecio en alquiler

El informe también pone la lupa sobre un contrato de alquiler clave para el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo.

- Valor de tasación oficial: 6.239.530 mensuales

- Valor contratado: 10 millones mensuales

- Diferencia: 3.760.470 por mes

Además, se detectaron irregularidades adicionales: contrato firmado de manera extemporánea y falta de constancia de pago del impuesto a los sellos. El Tribunal dejó el caso abierto para determinar si existió un perjuicio económico para la comuna y avanzar sobre eventuales responsabilidades.

Sistema de guardavidas: desorden, deudas y falta de controles

Otro de los focos críticos del informe es el funcionamiento del sistema de seguridad en playas. Entre las irregularidades detectadas se destacan: incorporaciones sin respaldo legal; guardavidas sumados a la planta municipal sin convenios firmados, en violación de la normativa vigente; deudas millonarias de concesionarios; balnearios con obligaciones impagas por millones de pesos; falta total de garantías; y concesionarios que no constituyeron garantías obligatorias, incluso cuando manejan servicios públicos.

El Tribunal advirtió que la inacción frente a estos incumplimientos puede derivar en perjuicio económico para el municipio y responsabilidad directa de los funcionarios.

Javier Milei y Guillermo Montenegro.

Irregularidades y sanciones

Más allá de los casos puntuales, el fallo enumera una serie de problemas estructurales tales como incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias, deficiencias en la contabilidad, observaciones en ingresos y egresos de fondos, problemas en el tratamiento de la deuda flotante y uso irregular de herramientas administrativas (como decretos ad referéndum).

Todo esto configura un cuadro de debilidad en los controles internos del municipio. Pero el Tribunal de Cuentas no solo detectó irregularidades, sino que avanzó con sanciones concretas. Aplicó multas de 340 mil al intendente Guillermo Montenegro y al secretario de Hacienda Mauro Martinelli, mientras que el secretario de Seguridad Rodrigo Goncalvez y el tesorero Mauricio Mingo fueron amonestados.

Además, el fallo dispuso cargos por un total de 516.788,47, que deberán ser afrontados de manera solidaria entre los funcionarios involucrados. En ambos casos, Montenegro aparece como responsable, lo que lo ubica en el centro del esquema de sanciones económicas. (www.REALPOLITIK.com.ar)