En medio del proceso de disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), una nueva decisión administrativa volvió a encender alarmas sobre la conducción del organismo. El administrador designado, Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa por 108 millones de pesos para el mantenimiento del sistema asistencial durante seis meses, con opción a prórroga.
La adjudicación, formalizada el 18 de marzo, fue otorgada a la firma Tekhne SA, única oferente en el proceso, bajo la modalidad de contratación directa “por especialidad”. Se trata de la compañía que preside Rodolfo Héctor Montonati y dirigen Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la decisión se suma a otro gasto reciente que ya había generado cuestionamientos. Tal y como lo reveló REALPOLITIK, días atrás, el IOSFA había autorizado una licitación privada por más de 86 millones de pesos para contratar una consultora encargada de diseñar un Programa Integral de Prestaciones, pese a que la obra social se encuentra en proceso de liquidación.
La reiteración de contrataciones millonarias en este contexto refuerza las dudas sobre el criterio adoptado en la etapa final del organismo.
El proceso de disolución debería estar orientado a reducir compromisos, auditar la situación heredada y ordenar el cierre. Sin embargo, la continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos excepcionales contrastan con ese objetivo.
Además, el procedimiento aprobado ahora no es completamente nuevo: el llamado se remonta a diciembre de 2025, lo que evidencia una línea de decisiones sostenida en el tiempo.
El deterioro del IOSFA tuvo un punto crítico en 2024, durante la gestión de Oscar Sagaz bajo la órbita del entonces ministro de Defensa, Luis Petri. En ese período se profundizaron los problemas financieros y prestacionales.
La denuncia penal presentada por la diputada Lourdes Arrieta, que apunta a un posible “vaciamiento”, sumó presión judicial a la crisis.
En este escenario, la continuidad de Ariel Guzmán —quien ya ocupaba un rol clave como gerente de prestaciones— genera cuestionamientos sobre el alcance real de los cambios en la conducción.
A más de dos meses de iniciada la transición hacia OSFA, no se han difundido auditorías ni medidas concretas para sanear la situación heredada. Tampoco hay precisiones sobre el funcionamiento pleno del nuevo organismo.
La falta de definiciones, sumada a decisiones de alto impacto económico, alimenta la percepción de que el proceso podría estar más orientado a administrar la crisis que a resolverla.
Mientras tanto, los afiliados continúan enfrentando cortes de servicios, demoras y problemas de cobertura en todo el país, en un sistema que arrastra una deuda millonaria y cuya reestructuración sigue rodeada de incertidumbre. (www.REALPOLITIK.com.ar)