Las investigaciones por lavado de activos en la provincia de Buenos Aires suman un nuevo capítulo: una estructura financiera bajo la lupa judicial que, según distintas fuentes, podría haber retomado operatorias características del circuito informal tras la caída de otras organizaciones.
En el centro aparece el nombre de Sergio Alejandro Occhiuzzo, vinculado a una red de intermediación financiera no autorizada que ya fue objeto de allanamientos y medidas judiciales en el marco de causas impulsadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En 2023, procedimientos coordinados por el Banco Central y la Justicia permitieron desarticular parcialmente la organización conocida como “Club del Cheque”, una red que operaba como “cueva” financiera mediante compra y venta de divisas, manejo de cheques y otorgamiento de préstamos por fuera del sistema formal.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron divisas, documentación y dispositivos electrónicos que dieron cuenta de una operatoria extendida y estructurada.
Sin embargo, lejos de desarticular completamente el circuito, la investigación derivó en nuevas hipótesis: la posible reconfiguración de estas maniobras bajo otros esquemas societarios y operativos.
De acuerdo a documentación incorporada a expedientes judiciales, la estructura vinculada a Occhiuzzo operaba a través de múltiples firmas, entre ellas: Soluciones y Finanzas SA, EPAFEN SA, Cooperativa Mawlikan y Campos de la Virgen de Luján. Estas sociedades habrían sido utilizadas como soporte formal para canalizar operaciones financieras informales, incluyendo cambio de divisas, préstamos y circulación de cheques.
Los investigadores sostienen que el esquema presenta características compatibles con maniobras de lavado: fragmentación de operaciones, uso de distintas razones sociales y despliegue territorial.
Una de las sociedades mencionadas, Campos de la Virgen de Luján SA, cuyos accionistas son Occhiuzzo y su hija Mariel Alejandra Occhiuzzo, sería la firma utilizada como principal vehículo operativo. En virtud de su actividad agrícola-ganadera, habría permitido canalizar operaciones presuntamente simuladas de compra y venta de hacienda, ya sea para ocultar el origen real de los fondos o para actuar como entidad recaudadora, facilitando luego la circulación del dinero por fuera del sistema financiero formal.
Uno de los ejes de la causa es una oficina ubicada en Nordelta, señalada como nodo central de la operatoria. Allí se secuestraron registros, planillas, documentación contable y elementos que darían cuenta del funcionamiento interno del circuito financiero.
Las medidas judiciales incluyeron además autorizaciones para apertura de cofres, secuestro de dinero y clausura de locales, en el marco de la hipótesis de lavado de activos.

En paralelo, fuentes vinculadas al caso sostienen que parte de estas operatorias podrían haber ocupado el espacio dejado por estructuras anteriores del mercado informal, entre ellas las asociadas a Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio. Según esta línea, no se trataría de hechos aislados sino de una continuidad funcional en el circuito de financiamiento informal: mismas prácticas, nuevos actores.
Si bien esta hipótesis aún no forma parte de una imputación formal, aparece con fuerza en el análisis de los investigadores y en testimonios recolectados.
A este escenario se suman denuncias que complejizan el caso. Una fuente que aseguró haber tenido vínculo comercial con Occhiuzzo afirmó a REALPOLITIK que existiría una relación con efectivos policiales que habría permitido acceso anticipado a información judicial, filtraciones sobre allanamientos y protección de determinadas locaciones.
Entre los puntos mencionados, se destaca que en uno de los procedimientos no se habría encontrado dinero en efectivo, pese a ser -según la versión- un punto clave de la operatoria.
Estas acusaciones no están acreditadas judicialmente, pero podrían derivar en nuevas líneas de investigación.


El nombre de Occhiuzzo también aparece en antecedentes judiciales vinculados al uso de cheques, incluyendo fallos en los que se cuestionó la legitimidad de determinadas ejecuciones. En ese contexto, asumió la reparación integral del daño causado a TEFASA (Técnicas Ferroviarias Argentinas SA), en una causa por hurto de cheques y sustitución de identidad para su cobro.
La investigación, que tramitó ante la Justicia Federal de Comodoro Py, lo tuvo como imputado en declaración indagatoria junto a otros dos socios de una sociedad bursátil radicada en Rosario, provincia de Santa Fe, bajo la sospecha de haber participado en el apoderamiento ilegítimo de cheques y en maniobras de suplantación de identidad para efectivizarlos.
Estos elementos, sumados al volumen de operaciones detectadas y al uso de estructuras societarias múltiples, configuran un cuadro que refuerza las sospechas sobre la existencia de un circuito financiero paralelo con potencial derivación en lavado de activos.
En el marco de las investigaciones también se realizaron allanamientos en el barrio El Yatch de Nordelta, lugar de residencia de Occhiuzzo, y en el barrio Virazón, también ubicado en la misma localidad. Este último corresponde al domicilio de Mariel Occhiuzzo, quien es señalada en las actuaciones judiciales como presunta responsable de llevar adelante operaciones transfronterizas irregulares mediante la utilización de sociedades extranjeras.
Las causas continúan bajo la órbita de la Justicia Federal, con intervención de organismos como el Banco Central y áreas especializadas en delitos económicos. En ese marco, la posible conexión con operatorias previas y las denuncias sobre protección institucional podrían ampliar el alcance de la investigación en los próximos meses.


Por último, también se investiga la posible conexión con una de las sociedades que Occhiuzzo controlaría, la Cooperativa de Crédito y Consumo Mawlikan Ltda. Su presidenta, Liliana Passarino -expareja de Sergio Occhiuzzo y madre de Mariel Occhiuzzo- figura como titular dominial de unas tierras ubicadas en Villa La Ñata, que anteriormente pertenecían al Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH). Dichos terrenos estarían valuados en una suma cercana a los 15 millones de dólares, un patrimonio que, según las actuaciones, resultaría de difícil justificación en función de la situación económica declarada por Passarino, quien es jubilada y no registraría ingresos acordes a ese nivel de activos (www.REALPOLITIK.com.ar)