Javier Milei y Estados Unidos: El plan que tensiona a las Fuerzas Armadas

Durante los últimos días se pudo observar al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, en una conferencia convocada por el gobierno de Estados Unidos para promover una alianza contra el “narcoterrorismo”. Washington impulsa una agenda de cooperación en materia de ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas e inteligencia para hacer frente a esta amenaza.

La iniciativa surge de la administración de Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, “el hombre que habla americano”, como manifestó en una reciente cumbre con líderes de la región afines ideológicamente al actual gobierno estadounidense. A la reunión, realizada en Florida en la sede del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, asistieron representantes de 15 países que asumieron el compromiso de cooperar en la lucha contra el narcoterrorismo, fenómeno considerado una amenaza grave para la seguridad del hemisferio occidental.

El eje de la declaración firmada por Argentina es lograr una mayor coordinación con Washington y sus aliados regionales para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

Casa Blanca.

La Conferencia Anticárteles busca generar mecanismos de cooperación a nivel hemisférico para abordar el crimen transnacional bajo el liderazgo de Estados Unidos. La declaración final plantea: 1) ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental; 2) cooperar en seguridad fronteriza, lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, protección de infraestructuras críticas y otras áreas definidas en conjunto; 3) promover la “paz a través de la fortaleza” frente a amenazas futuras; y 4) consolidar una coalición contra el narcoterrorismo.

Esto se inserta en la iniciativa del presidente Donald Trump conocida como “Escudo de las Américas”, una suerte de cruzada contra el narcotráfico. A la cita asistieron mandatarios de la región alineados con la Casa Blanca.

La decisión de la administración estadounidense de considerar a organizaciones vinculadas al narcotráfico como terroristas se vincula tanto con cuestiones de política doméstica como con la construcción política de Trump. Desde la campaña presidencial de 2016 se puso el foco en los cárteles mexicanos como responsables de la criminalidad y del incremento del consumo de drogas en Estados Unidos. En 2024, ese discurso se profundizó, con énfasis en la prohibición de estupefacientes y la militarización de la lucha contra los cárteles.

Se trata de una receta conocida, que remite a los tiempos de Ronald Reagan. Tanto en 2016 como en 2024, sectores republicanos —y también algunos demócratas— adhirieron a la idea de catalogar a los grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas.

El regreso de la guerra contra las drogas

En 2019, la familia LeBarón solicitó a Trump designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, tras el asesinato de tres mujeres y seis menores en un ataque en la zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua. Durante su primera presidencia, cobró fuerza la idea de emplear a las Fuerzas Armadas contra los cárteles, en parte como herramienta narrativa.

En 2023, el congresista texano Michael McCaul propuso clasificar al fentanilo como arma biológica, mientras que el senador Lindsey Graham planteó designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Otros proyectos fueron más lejos: los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz impulsaron declarar formalmente la guerra contra los cárteles, habilitando el uso de fuerzas militares para “abatirlos”.

Desde los medios, figuras influyentes como Tucker Carlson llegaron a considerar a México una amenaza mayor que Rusia, reclamando acciones militares directas.

Este discurso, más allá de la gravedad del narcotráfico, oculta una realidad más compleja: la existencia de estructuras de corrupción dentro de Estados Unidos que facilitan el ingreso de drogas, así como redes criminales con participación de ciudadanos estadounidenses en distribución, lavado de activos y tráfico de armas.

Donald Trump.

El fenómeno no responde a estructuras rígidas, sino a redes flexibles, altamente adaptativas, integradas por productores, distribuidores, intermediarios, financistas y facilitadores de diversas nacionalidades, muchas veces con infiltración en organismos estatales. En este contexto, el discurso antiinmigrante exagera el rol de la migración ilegal, cuyo peso real en estas redes es marginal.

La estrategia centrada únicamente en la oferta ha tenido históricamente resultados limitados, ya que no aborda la demanda. El consumo en Estados Unidos ha aumentado, evidenciando la falta de un enfoque integral.

La “guerra contra las drogas”, concepto instalado en 1971 durante la presidencia de Richard Nixon, mostró resultados modestos: el número de consumidores se mantuvo relativamente estable entre 1989 y 1998. Mientras tanto, el narcotráfico demostró gran capacidad de adaptación, abriendo nuevas rutas y desarrollando productos como el fentanilo.

En 2007 se lanzó la Iniciativa Mérida, mediante la cual Estados Unidos transfirió equipamiento y entrenamiento a México, profundizando la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos y el aumento de la violencia marcaron sus límites. En 2019, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, México se retiró del programa.

Un antecedente similar es el plan Colombia. Entre 2001 y 2016, Washington destinó más de 10.000 millones de dólares. Si bien hubo mejoras en seguridad y control territorial, los resultados en la reducción de cultivos fueron dispares y el narcotráfico se mantuvo como problema estructural, diversificándose hacia otras actividades ilegales como la minería.

En 2025, la guerra contra las drogas retomó impulso con mayor militarización. Trump emitió la orden ejecutiva 14157, designando a diversos cárteles como organizaciones terroristas. El fundamento, según el secretario de Estado, Marco Rubio, es la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.

Esto implica un desplazamiento del soft power hacia el uso del hard power. La nueva administración republicana adopta un enfoque unilateralista, con una retórica agresiva que remite a una reinterpretación de la Doctrina Monroe.

El repliegue relativo de Estados Unidos en el escenario global lo lleva a concentrarse en el hemisferio occidental, con especial atención en el Caribe y el norte de Sudamérica, buscando limitar la influencia de China. En este contexto se inscriben iniciativas como el “Escudo de las Américas” y la cumbre sobre minerales críticos.

El objetivo es claro: alinear las estrategias regionales de seguridad con los intereses de Washington y bloquear la proyección de actores como China y Rusia.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la demanda y producción de cocaína crecieron “sin precedentes”, junto con el auge de opioides sintéticos. La experiencia internacional muestra que las respuestas exclusivamente punitivas no resuelven el problema, aunque sí generan rédito político inmediato.

En este marco, el gobierno de Javier Milei, alineado con Washington, adhiere a estas iniciativas sin un debate profundo sobre su impacto en los intereses nacionales.

Los riesgos de adoptar estrategias ajenas

En Argentina, la implementación de estos lineamientos genera controversias, especialmente desde el punto de vista legal. La participación de las Fuerzas Armadas argentinas en tareas vinculadas a la seguridad interior está limitada por la legislación vigente.

Este tipo de presiones no es nuevo. En los años 90, Estados Unidos promovió la reconversión de las Fuerzas Armadas de la región hacia roles vinculados al crimen organizado. Ya en 1995, el brigadier General Juan Paulik denunció públicamente esta orientación, señalando que buscaba reducirlas a “meras guardias nacionales”.

El presidente Javier Milei.

Tres décadas después, la historia parece repetirse. El narcotráfico reemplaza al “enemigo comunista” y la frontera entre defensa y seguridad interior se vuelve difusa.

Algunos sectores militares ven en la relación con Estados Unidos una oportunidad para acceder a equipamiento y entrenamiento, aunque muchas veces se trata de material obsoleto y sin transferencia tecnológica. En paralelo, el debate académico y político sobre la defensa nacional es limitado. Persiste la falta de actualización de la política de defensa, la debilidad de la industria militar y la ausencia de una estrategia clara.

En un contexto de creciente competencia global por recursos estratégicos —energía, minerales y fondos oceánicos—, Argentina enfrenta desafíos que requieren una política de defensa moderna y autónoma. Sin embargo, el modelo impulsado por el “Escudo de las Américas” apunta en otra dirección: transformar a las Fuerzas Armadas en herramientas de seguridad interior, subordinadas a intereses externos y alejadas de las necesidades reales de la Nación. (www.REALPOLITIK.com.ar)