San Nicolás: El sueño de salir del IOMA, un experimento fallido

La decisión de la municipalidad de San Nicolás de abandonar el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante 2024 no solo terminó en sanciones económicas y cuestionamientos legales, sino que quedó enmarcada dentro de un cuadro más amplio de irregularidades, desequilibrios financieros y errores administrativos detectados por el Tribunal de Cuentas bonaerense.

El caso adquiere relevancia como experiencia testigo: un intento concreto de salir de un sistema de salud provincial profundamente cuestionado —y atravesado por denuncias, deficiencias y denuncias de corrupción— que terminó revelando otra cara del problema: la dificultad de gestionar por fuera del esquema sin caer en inconsistencias graves.

Salida de IOMA: Más gasto, dudas legales y funcionarios sancionados

El eje del conflicto fue la decisión de desadherir a la obra social que conduce el médico formado en Cuba, Homero Giles, y contratar una cobertura privada para los trabajadores municipales. La medida, de alcance general para el personal del municipio, implicó un cambio en los aportes: el estado pasó de pagar un 4,8 por ciento a un 6 por ciento, generando un aumento del costo del 1,2 por ciento sobre los salarios.

A modo de caso testigo, en el expediente N* 4-110.3-2024, el Tribunal de Cuentas analizó el impacto de esta medida en el Ente Aguas de San Nicolás, por lo que el perjuicio económico detectado corresponde únicamente a ese organismo y no al total del municipio.

En ese marco, el organismo consideró que esa diferencia generó un perjuicio económico concreto para el estado, cuantificado en 296.685,16, monto que asciende a 459.866,22 con intereses. La consecuencia fue directa: cargos económicos contra el intendente Ismael Santiago Passaglia y el presidente del Ente Aguas de San Nicolás, Gonzalo Germán Tramontin, quienes deberán responder solidariamente por ese monto.

El dato no es menor: se trata de una porción del impacto total, lo que abre interrogantes sobre el costo real que habría tenido la salida de IOMA a nivel de toda la estructura municipal.

Además, el organismo cuestionó la legalidad del esquema adoptado, señalando que la desadhesión no se ajustó al marco normativo vigente. Es decir, no solo se gastó más, sino que se lo hizo de manera objetable desde el punto de vista legal.

El dato político termina de cerrar el cuadro: el municipio volvió a IOMA ese mismo año, dejando en evidencia el fracaso del experimento.

Déficit y desequilibrio financiero

Más allá del conflicto con la obra social, el informe expone una situación financiera delicada. El ente cerró el ejercicio con un resultado financiero negativo superior a los 300 millones de pesos y un desequilibrio total que supera los 400 millones. En términos simples, gastó bastante más de lo que ingresó.

Este punto es especialmente crítico porque el organismo depende casi exclusivamente de transferencias municipales, lo que evidencia una estructura frágil y poco sustentable.

Otro de los focos de conflicto fue la ampliación del presupuesto. Durante 2024 se incrementaron partidas por más de 1.300 millones de pesos sin respaldo real en ingresos. La propia contadora del ente, Samanta Gisela Soto, reconoció que se trató de un “error conceptual”.

El organismo de control fue categórico: esas modificaciones no son válidas y generaron excesos presupuestarios cercanos a los 937 millones de pesos, un número que expone la magnitud del desorden financiero.

Como consecuencia directa de esas ampliaciones, el ente terminó ejecutando gastos por encima de los créditos autorizados. Incluso considerando economías disponibles, quedó un saldo de más de 400 millones sin financiamiento, lo que configura una extralimitación presupuestaria grave y pasible de sanción.

Falta de control patrimonial y una señal ambigua

Entre las irregularidades más básicas aparece una que resulta particularmente llamativa: no se realizó el recuento físico de bienes al cierre del ejercicio. La omisión fue reconocida por las autoridades como un descuido. Sin embargo, se trata de un incumplimiento clave, ya que impide verificar la existencia y estado del patrimonio público.

A pesar de todo este conjunto de irregularidades, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición 2024. La decisión deja una señal ambigua: por un lado valida formalmente la gestión, pero por otro aplica multas, cargos económicos y deja constancia de múltiples incumplimientos.

Entre las sanciones se incluyen multas al intendente, al presidente del ente, a la contadora y al titular del Concejo Deliberante, Daniel Eduardo Lucchelli, además del cargo económico vinculado al caso IOMA.

Palacio municipal de San Nicolás.

Un problema más profundo

El caso San Nicolás funciona como advertencia. Por un lado, expone el agotamiento de un sistema como IOMA, cuestionado por su funcionamiento. Por otro, muestra que salir de ese esquema no resulta sencillo ni gratuito.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof mira para otro lado, la experiencia demuestra que no hay soluciones lineales para escaparle al fracaso del IOMA: romper con el sistema puede derivar en mayores costos, conflictos legales y desorden administrativo.

En ese escenario, los bonaerenses siguen atrapados en una tensión sin resolver: entre una obra social cuestionada y alternativas que, como en este caso, pueden terminar siendo más problemáticas que la situación original. (www.REALPOLITIK.com.ar)