Guillermo Britos casi le regala 14 cuadras de asfalto a Panamet SRL y Ikau SA

Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición de cuentas 2022 de la Municipalidad de Chivilcoy expuso una serie de irregularidades en una obra de asfaltado que terminó inconclusa, con pagos por trabajos no realizados y sin aplicación de sanciones contractuales.

La obra, adjudicada a la unión transitoria de empresas Panamet SRL e Ikau SA Ingeniería y Construcciones Civiles, contemplaba originalmente la pavimentación de 51 cuadras, luego ampliadas a 58. Sin embargo, al momento de la rescisión del contrato, 14 cuadras no habían sido ejecutadas.

De acuerdo al informe oficial, pese a los incumplimientos de la contratista, el municipio no ejecutó las garantías previstas en el contrato, ni aplicó mecanismos de penalización, herramientas diseñadas justamente para proteger los fondos públicos ante este tipo de situaciones.

Pagos de más por trabajos no realizados

El Tribunal detectó que la comuna había abonado más de 3 millones de pesos por encima de lo efectivamente ejecutado, al no descontar el anticipo financiero correspondiente a la parte de obra no realizada.

Inicialmente, ese desfasaje fue considerado un perjuicio al erario público y dio lugar a un cargo millonario contra el intendente Guillermo Britos y funcionarios del área de Obras Públicas.

Tras ser expuestos públicamente, durante el proceso de revisión, las autoridades municipales acreditaron que la empresa reintegró el dinero. Ese punto fue clave para que el organismo dejara sin efecto la sanción económica.

Sin embargo, el propio fallo deja en evidencia que la recuperación de los fondos no fue preventiva ni oportuna, sino que se produjo con posterioridad a las observaciones del Tribunal.

Es decir, el dinero fue recuperado después de que el organismo de control detectara las irregularidades, y no como resultado de controles propios del municipio durante la ejecución de la obra.

El presidente de IKAU SA, Adrián Martin.

El informe también advierte que no hubo controles efectivos durante la ejecución: no se registraron inspecciones ni acciones concretas para exigir el cumplimiento de los plazos.

A esto se suma que la rescisión del contrato se realizó “de común acuerdo” entre las partes, pese a los incumplimientos de la empresa, sin que quedaran asentados reclamos pendientes, una decisión que también fue observada en el expediente.

Un caso que expone fallas en la gestión

Aunque finalmente el dinero fue recuperado, el informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires deja planteado un punto central: el sistema de control falló en tiempo real.

Los pagos en exceso, la falta de ejecución de garantías y la ausencia de sanciones a la empresa contratista evidencian que la corrección llegó después de la intervención del organismo, y no como parte de un mecanismo eficiente de administración de los recursos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)