Chivilcoy: El silencioso embargo de Unilever de Argentina SA

Una demora administrativa, un pago fuera de término y una cadena de decisiones tardías terminaron derivando en una situación insólita: la municipalidad de Chivilcoy terminó con sus cuentas embargadas en el marco de una causa judicial que ya había perdido años antes.

Así lo expuso el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires al analizar la rendición de cuentas 2022, donde detectó que el incumplimiento en tiempo y forma de una sentencia judicial generó un gasto adicional para las arcas públicas.

Una derrota judicial que venía de años atrás

La historia comienza en 2017, cuando la comuna de Chivilcoy fue condenada en una causa iniciada por Unilever de Argentina SA, en el marco de una “pretensión anulatoria”, un tipo de proceso en el que se cuestionan decisiones administrativas del estado.

La Justicia falló en contra del municipio, que debía abonar una suma de dinero. Sin embargo, aunque el pago fue ordenado en 2019, la acreditación efectiva recién se concretó en julio de 2020.

Ese desfase temporal fue el punto de quiebre.

Para cuando la gestión de Guillermo Britos efectivizó el pago, la empresa ya había iniciado un incidente de ejecución de sentencia, una herramienta judicial que se activa justamente cuando la parte condenada no cumple en tiempo y forma. Es decir, cuando el dinero llegó, el problema ya estaba en marcha.

Esa demora, reconocida incluso en documentación oficial del propio municipio, terminó abriendo una nueva instancia judicial que incrementó significativamente el costo original.

Embargo y escalada de costos

La consecuencia más visible fue el embargo de cuentas municipales. A través de una orden judicial, se retuvieron fondos del municipio para garantizar el cobro de la deuda. Pero no fue lo único.

Aunque la deuda era pequeña, la ejecución de la sentencia derivó en una nueva liquidación que elevó el monto a pagar de casi 60 mil pesos a más de 107 mil del momento, incorporando intereses por mora y honorarios legales de la parte demandante.

Según el análisis del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el perjuicio económico para el municipio ascendió a alrededor de 74 mil pesos, producto exclusivamente de la demora en cumplir con la sentencia. No se trató de un nuevo juicio ni de una situación imprevista, sino de costos generados por no pagar a tiempo una obligación ya definida por la Justicia.

La propia comuna terminó reconociendo esta situación a través de un decreto en 2022, en el que dispuso el pago del saldo restante para cerrar definitivamente el expediente.

El pago de la sentencia.

Responsabilidades y sanción

A raíz de estos hechos, el organismo de control mantuvo un cargo económico contra el intendente Guillermo Britos y la directora de Asuntos Legales, Carmen Norma La Ruina. Los intentos de deslindar responsabilidades en un abogado externo no prosperaron, ya que no se acreditó un control adecuado sobre el seguimiento del caso.

El caso deja una conclusión clara: el problema no fue solo haber perdido el juicio, sino cómo se gestionó lo que vino después. La falta de cumplimiento en tiempo y forma derivó en un efecto dominó: ejecución judicial, embargo, intereses y honorarios. Todo originado en una demora administrativa.

Una historia menor en términos de monto, pero significativa en términos de gestión: el municipio terminó pagando más —y siendo embargado— por no actuar cuando correspondía. (www.REALPOLITIK.com.ar)