Florencio Varela: Confirman patrón de irregularidades de Andrés Watson

Lejos de tratarse de hechos aislados o “cuestiones formales”, como sostiene el municipio, el último informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición 2024 de Florencio Varela vuelve a exponer irregularidades graves en el manejo de los fondos públicos, consolidando un patrón que se repite desde al menos 2020.

Los nuevos hallazgos de REALPOLITIK —que incluyen fondos sin respaldo comprobable, diferencias millonarias con registros bancarios, contrataciones cuestionadas y decisiones financieras contrarias a la normativa— refuerzan lo que los propios fallos oficiales vienen señalando año tras año.

Fondos sin respaldo en Florencio Varela por casi 7.000 millones

El dato más contundente del informe 2024 es la imposibilidad de verificar la existencia de los fondos declarados por la municipalidad de Florencio Varela. Según la rendición, la gestión de Andrés Watson informó un saldo de 6.879.184.788,21 pesos. Sin embargo, el Tribunal advirtió que no pudo acreditar que ese dinero esté efectivamente disponible en caja o cuentas bancarias, y detectó además diferencias millonarias en partidas clave, como más de 1.596 millones en fondos de libre disponibilidad y 1.518 millones en cuentas de terceros.

El propio organismo fue claro: si estas inconsistencias no se justifican, podrían considerarse fondos faltantes.

De 2020 a 2024: Un patrón de irregularidades

El nuevo informe se suma a una secuencia de observaciones que el municipio intentó relativizar en el pasado. En 2025, ante cuestionamientos de REALPOLITIK, la gestión de Watson calificó como “maliciosas” las interpretaciones sobre el fallo 2020 y aseguró que no hubo perjuicio al erario, las sanciones eran “formales” y las observaciones habían sido subsanadas. Sin embargo, los informes de los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y ahora 2024 muestran que las mismas irregularidades se repiten y, en algunos casos, se agravan.

Banco Galicia, una práctica sospechosa que se repite

Uno de los puntos que refuerza esta continuidad es el uso de entidades privadas para operaciones financieras. En 2024, el Tribunal volvió a observar colocaciones en Banco Galicia SA, donde el municipio constituyó varios plazos fijos por 150 millones cada uno.

La práctica ya había sido cuestionada en ejercicios anteriores, ya que la normativa establece que los municipios deben operar a través del Banco Provincia. A pesar de ello, la conducta sospechosamente se reiteró.

El Tribunal volvió a señalar que la búsqueda de mayor rentabilidad no justifica el incumplimiento legal, y propuso sanciones a los responsables.

Contrataciones en Florencio Varela: CICOMSA SA bajo la lupa

El informe también insiste sobre irregularidades en las contrataciones, particularmente con la empresa CICOMSA SA, que presta servicios de telefonía e internet. Según el Tribunal, se detectó:

- Uso reiterado de contrataciones directas sin justificación suficiente.

- Ausencia de comparación de precios.

- Documentación incompleta o insuficiente.

En el caso del servicio de internet en plazas y espacios públicos, las observaciones se profundizan: no se acreditó que las condiciones contratadas fueran las más convenientes, ni que existiera competencia real entre proveedores.

Andrés Watson participando de la elaboración de un mural por el 24 de marzo.

Responsabilidades que se repiten

Al igual que ejercicios anteriores, el fallo correspondiente a 2024 expone con precisión las sanciones económicas aplicadas a funcionarios de primera línea, confirmando el alcance de las irregularidades detectadas. El Tribunal de Cuentas dispuso multas por:

- Andrés Watson (intendente): 680 mil.

- Mónica Ponce (contadora municipal): 720 mil.

- Cintia Montes de Oca (tesorera municipal): 620 mil.

- Eduardo Tellechea (tesorero municipal): 720 mil.

- Gisella Primus (secretaria de Hacienda): 480 mil.

- María Eva Martínez (contadora): 280 mil.

- Exequiel González (Compras y Suministros): 420 mil.

- María Florencia Schulz (Análisis Presupuestario): 280 mil.

- Christian Rodríguez (Gestión Pública): 280 mil.

- Daniel Dono Leidi (Gobierno): 280 mil.

- Hugo Pereyra (Políticas Institucionales): 280 mil.

- Aldana Ciucio (Subsecretaria Privada): 280 mil.

- Mauro González (Modernización y Tecnología): 280 mil.

- Flavia Cavallero (tesorera): 320 mil.

- Karina Santucho (tesorera): 320 mil.

Las sanciones alcanzan así a toda la estructura económica y administrativa del municipio, desde el intendente hasta responsables de ejecución presupuestaria, lo que evidencia que las observaciones del Tribunal no se limitan a errores puntuales, sino que atraviesan distintos niveles de la gestión.

En este contexto, la reiteración de multas y observaciones en los últimos años refuerza la idea de un esquema de incumplimientos sostenido en el tiempo, que el organismo de control vuelve a señalar en el análisis del ejercicio 2024.

Municipalidad de Florencio Varela.

La respuesta oficial y el contraste con los hechos

El municipio sostuvo en reiteradas oportunidades que las sanciones del Tribunal responden a cuestiones formales y que no existe perjuicio económico. Sin embargo, los informes sucesivos muestran:

- Multas reiteradas.

- Diferencias millonarias sin justificar.

- Ccontrataciones sin respaldo suficiente.

- Decisiones financieras contrarias a la normativa.

En este contexto, la idea de que se trata de meras formalidades queda en tensión con la persistencia de las observaciones a lo largo del tiempo.

Florencio Varela: Observaciones graves

A pesar de la magnitud de los señalamientos, el Tribunal aprobó la rendición de cuentas 2024. No obstante, lo hizo con observaciones sustanciales, con sanciones propuestas y dejando constancia de inconsistencias relevantes.

Este tipo de aprobación no implica un aval pleno, sino que expone deficiencias que impactan en la transparencia del manejo de los recursos públicos.

El informe 2024 no solo describe irregularidades puntuales, sino que refuerza una conclusión más amplia: en Florencio Varela se consolida un esquema donde las observaciones se repiten, las prácticas cuestionadas continúan y los controles no logran corregir el rumbo.

A la luz de los documentos oficiales, la discusión ya no gira únicamente en torno a errores administrativos, sino sobre la persistencia de un modelo de gestión bajo observación permanente del Tribunal de Cuentas. (www.REALPOLITIK.com.ar)