Rifar los bienes del estado para financiar a las Fuerzas Armadas

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el gobierno busca impulsar una reconstrucción sostenida del instrumento militar y adelantó que el 10 por ciento de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones será destinado a la adquisición de armamento y bienes de capital para el sistema de defensa. Esta narrativa no es nueva.

Durante las últimas horas, Manuel Adorni señaló: “Este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le dé continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y debe estar más allá de toda ideología. Hemos determinado que el 10 por ciento de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional”.

Esta narrativa no es nueva.

El jefe de Gabinete parece olvidar lo que establecen las leyes del Fondo Nacional de Defensa y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas argentinas, normas cuyas reglamentaciones nunca fueron plenamente aplicadas por el ministerio de Defensa. En cuanto a la implementación de la medida, la administración libertaria aún se encuentra “estudiando el tema”, a pesar de que la ley 24.156 de Administración Financiera establece claramente que los recursos de afectación específica requieren ser regulados por ley. Cabe recordar, además, que el artículo 75, inciso 5, de la constitución nacional regula el uso y la enajenación de los bienes del estado, requiriendo la autorización del Congreso de la Nación Argentina.

Según estimaciones del propio gobierno, la venta de bienes y las privatizaciones generarían entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, que serían destinados a equipamiento militar. Sin embargo, la cartera que conduce Carlos Presti ni siquiera ha presentado un borrador de la directiva de política de defensa nacional. Por ende, se desconoce el perfil de Fuerzas Armadas que se proyecta bajo la administración Javier Milei, así como los requerimientos concretos en materia de capacidades y equipamiento. En consecuencia, el destino de los recursos prometidos resulta incierto.

Ministerio de Defensa.

Resulta difícil de comprender, incluso desde el sentido común, que existiendo dos normas clave en materia de financiamiento de las Fuerzas Armadas —producto del consenso de los principales bloques políticos con representación parlamentaria— estas no sean aplicadas para la modernización militar. Nos referimos a las leyes 27.565, que creó el Fondo Nacional de Defensa (parcialmente suspendida por la ley de presupuesto 2026), y 24.948, de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Esta última nunca fue reglamentada, pese a contener previsiones claras para el incremento del presupuesto de defensa, especialmente en materia de inversiones.

Asimismo, dicha norma facultaba al poder ejecutivo a utilizar los recursos provenientes de la enajenación de bienes y de operaciones de crédito para el reequipamiento y la recuperación de capacidades militares. En 2001, la ley 25.401 de presupuesto dejó sin efecto el artículo 27, que preveía un plan quinquenal para incrementar el gasto en defensa en un 15 por ciento, en el marco de políticas de ajuste fiscal.

El “amateurismo” del ministerio de Defensa

La liquidación de bienes del estado implica la transferencia de capital público al sector privado. Cabe destacar que los bienes estatales —tanto de dominio público como privado— constituyen patrimonio de la ciudadanía, construido a partir del esfuerzo colectivo materializado en el pago de impuestos. La misión del estado es salvaguardar y administrar ese patrimonio, en función de su rol social y su responsabilidad de brindar servicios públicos y promover el desarrollo con inclusión, tal como lo establece la constitución nacional.

En este contexto, utilizar la venta de activos estatales para financiar la compra de equipamiento militar resulta un despropósito y configura un incumplimiento del deber estatal de proteger el patrimonio público. Más aún cuando se trata de una gestión caracterizada por la improvisación y la ausencia de una política de defensa de largo plazo, construida sobre consensos políticos amplios.

Asimismo, persisten dudas respecto de que los recursos obtenidos del desguace del patrimonio público sean efectivamente invertidos en el desarrollo de una base industrial de defensa. De este modo, el ahorro nacional podría canalizarse no solo hacia el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas —seriamente deterioradas por la falta de inversión— sino también hacia la generación de empleo y valor agregado.

Carlos Presti y Javier Milei.

La ausencia de una estrategia nacional constituye, además, un condicionante central respecto de qué se va a comprar y cómo se va a hacer. Se habla de equipamiento sin que exista siquiera un debate mínimo sobre los riesgos que enfrentan los intereses nacionales.

La Defensa Nacional aparece así como un barco a la deriva, sin objetivos claros. El problema no radica únicamente en la adquisición de equipamiento, sino en la falta de infraestructura adecuada, campos de maniobra, salarios dignos que incentiven el reclutamiento, recursos tecnológicos de vanguardia para la formación de oficiales y suboficiales, y un sistema logístico eficiente apoyado en capacidades nacionales que reduzca la dependencia externa, históricamente perjudicial. También resulta clave contar con reservas organizadas y un sistema eficaz de movilización ante situaciones de crisis.

Los conflictos internacionales —como la guerra en Irán, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la tragedia en Gaza, la crisis en Sudán y la prolongada guerra en Ucrania— así como la creciente competencia por recursos estratégicos, deberían funcionar como señales de alerta para los responsables del área de Defensa.

No hace mucho se cumplieron 50 años del golpe de estado de 1976. La clase política logró un consenso amplio sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la necesidad de cerrar el ciclo de intervenciones militares en la vida institucional. Sin embargo, persiste una deuda pendiente: la construcción de una política de Defensa Nacional surgida de un debate amplio entre los principales actores del país, que deje de ser patrimonio de círculos reducidos o una herramienta de oportunismo político.

El camino actual, marcado por la improvisación y el amateurismo del ministerio de Defensa y de las autoridades políticas, sugiere que, más allá de las declaraciones sobre la compra de equipamiento, la situación de vulnerabilidad de la Argentina persistirá. (www.REALPOLITIK.com.ar)