IUPA: Denuncian fraude electoral y designaciones a dedo en Río Negro

Las primeras elecciones democráticas del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) quedaron bajo una grave sospecha tras la presentación de una denuncia penal en la Justicia Federal que apunta directamente contra el rector normalizador, Gerardo Blanes, y su entorno.

La denuncia, firmada por integrantes de la comunidad educativa, solicita una investigación por presuntas irregularidades que incluyen fraude electoral, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Lejos de tratarse de hechos aislados, el escrito describe un esquema sistemático que habría condicionado el resultado de los comicios.

En ese marco, también se pone bajo la lupa el origen político de la actual conducción. Blanes fue designado hace aproximadamente un año por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el proceso de normalización de la institución, un dato que para los denunciantes resulta clave para entender el entramado de poder que hoy se cuestiona.

Entre los puntos más sensibles, se señala que Blanes y la secretaria académica, Susana Casanova, se habrían postulado como candidatos en los propios comicios que organizaban, en un claro conflicto de intereses. Según el documento, esta situación vulnera principios básicos de imparcialidad y transparencia.

Manipulación del proceso electoral

La denuncia detalla una serie de maniobras que habrían inclinado la balanza a favor del oficialismo. Entre ellas, la utilización de la estructura institucional para movilizar votantes, especialmente en sedes del interior, lo que generó un caudal decisivo de votos alineados con el rectorado.

También se advierte sobre la existencia de “urnas escondidas”, cambios en los padrones, fiscales no habilitados y obstáculos para la participación de sectores opositores. A esto se suma la falta de publicación de resoluciones clave, la negativa a entregar información y la limitación del control electoral.

Otro de los elementos que refuerzan la sospecha es la existencia de actas contradictorias, irregularidades en la apertura de urnas y la falta de garantías en el proceso de fiscalización. Incluso, la denuncia menciona la posible manipulación de documentación oficial y la obstrucción deliberada de impugnaciones.

El IUPA, el jueves pasado.

Designaciones a dedo y ausencia de concursos

El cuestionamiento al IUPA no se limita al proceso electoral. La denuncia también expone un sistema de designaciones docentes sin concurso, donde las materias se asignan de manera directa, sin mecanismos transparentes de evaluación ni antecedentes académicos verificables.

Este esquema, según advierten fuentes internas, permite consolidar una red de lealtades políticas dentro de la institución, donde los cargos docentes funcionan como herramientas de disciplinamiento y construcción de poder.

La falta de concursos públicos no solo vulnera principios básicos de igualdad de oportunidades, sino que también pone en discusión la calidad académica de la institución.

Pagos millonarios y vínculos con el estado

Otro de los puntos más explosivos es la conexión con otros organismos públicos. Según fuentes consultadas, existiría un circuito de pago de horas cátedra en instituciones como el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), donde se estarían abonando alrededor de 700 mil pesos por asignatura.

Lo más grave, señalan, es que muchos de estos cargos serían ocupados por funcionarios públicos, lo que configura un esquema de superposición de roles y posibles conflictos de interés.

Este entramado, que combina cargos, contratos y estructuras estatales, es interpretado por los denunciantes como una red de favores políticos que trasciende al IUPA y se inserta en una lógica más amplia de utilización del estado.

Acusaciones de abuso de poder y persecución

La presentación judicial también incluye acusaciones por abuso de autoridad y persecución interna. Se menciona la apertura de sumarios a docentes críticos, la presión sobre estudiantes y la limitación del derecho a la protesta dentro de la institución.

Además, se denuncia la utilización de recursos institucionales para fines políticos y la falta de reconocimiento pleno del IUPA a nivel nacional, lo que agrega incertidumbre sobre el encuadre legal de sus títulos.

Desde el IUPA piden desvincular a Blanes.

Un conflicto que escala

El escenario abre un conflicto de alto voltaje político e institucional. La denuncia solicita medidas urgentes, entre ellas el secuestro de urnas y documentación electoral para evitar su alteración, así como la intervención de la Justicia Federal.

Mientras tanto, crece el malestar dentro de la comunidad educativa, que observa cómo el proceso que debía consolidar la democratización del instituto terminó derivando en una crisis de legitimidad sin precedentes.

Hasta el momento, el rectorado no emitió respuestas públicas. El silencio, frente a acusaciones de esta magnitud, no hace más que profundizar las dudas sobre el funcionamiento real de una institución clave en el entramado cultural y educativo de Río Negro. (www.REALPOLITIK.com.ar)