Bolívar: Irregularidades en fotomultas con CECAITRA y sanción para Marcos Pisano

Un reciente informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición del ejercicio 2024 de la municipalidad de Bolívar expone una serie de observaciones de fuerte impacto institucional. Si bien el organismo resolvió aprobar las cuentas, el documento revela irregularidades significativas, especialmente en el sistema de fotomultas, que se posiciona como el punto más crítico de la auditoría.

Fotomultas: contratación irregular, falta de controles y posibles nulidades

El eje más delicado del informe gira en torno al sistema de control de infracciones de tránsito mediante fotomultas. Allí, el Tribunal detectó una cadena de inconsistencias administrativas, legales y operativas que comprometen la validez del esquema implementado por el municipio que conduce Eduardo Bucca.

En primer lugar, se cuestiona la contratación directa de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), cuando la normativa vigente exige la realización de una licitación pública. Esta omisión constituye una violación directa de los procedimientos legales de contratación.

A esto se suma un aspecto aún más sensible: según el propio Tribunal, el objeto social de CECAITRA no contempla la prestación de servicios operativos vinculados al control de infracciones. Es decir, la entidad no estaría legalmente habilitada para desarrollar las tareas que efectivamente ejecuta, lo que coloca al convenio en una zona de ilegitimidad.

Además, se detectaron falencias documentales graves: no se aportaron certificaciones técnicas de los equipos, registros patrimoniales, actas de instalación ni constancias completas de autorización de los organismos competentes.

Tribunal concluye que el esquema presenta incumplimientos múltiples de la normativa vigente y propone sanciones para el jefe comunal, el área de Seguridad Vial y el sector de Compras.

Fondo educativo: incumplimiento sistemático de la ley

Otro de los puntos críticos es el uso de los recursos del Fondo de Educación, Ciencia y Tecnología. La normativa establece que al menos el 40 por ciento de esos fondos debe destinarse a infraestructura escolar, pero el municipio no cumplió con ese requisito en ninguno de los últimos tres ejercicios.

En 2024, por ejemplo, se destinaron apenas 82 millones de pesos a infraestructura, cuando el mínimo exigido superaba los 369 millones. La situación se repite en 2023 y 2022, con desvíos aún más pronunciados.

El Tribunal advierte así un patrón sostenido de incumplimiento, lo que podría implicar una utilización indebida de recursos afectados y una desviación de los fines previstos por la ley.

Déficit financiero y desequilibrio estructural

En el plano económico, el informe también enciende alertas. El municipio cerró el ejercicio con un resultado financiero negativo de aproximadamente 247 millones de pesos, mientras que el resultado ejecutado asciende a un déficit superior a los 1.300 millones.

Si se consideran otros criterios de cálculo, el rojo alcanza cifras aún más elevadas, superando los 1.800 millones de pesos. Estos números reflejan un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos, que compromete la sostenibilidad financiera de la comuna.

A este escenario se suma una deuda flotante cercana a los 2.000 millones de pesos, correspondiente a obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio. Este volumen de compromisos impagos representa una presión significativa sobre las finanzas municipales y condiciona la gestión futura.

Municipalidad de Bolivar.

Riesgo de pérdida de ingresos y contrataciones irregulares

El Tribunal también observó deficiencias en la administración tributaria. En particular, el municipio no cumplió con la obligación de notificar periódicamente a los contribuyentes sobre sus deudas, lo que podría derivar en la prescripción de obligaciones fiscales.

Asimismo, no se acreditó la existencia de un plan de fiscalización adecuado, lo que debilita la capacidad de control sobre el cumplimiento tributario y afecta la recaudación.

En materia de contrataciones, se detectaron múltiples inconsistencias. Entre ellas, órdenes de compra emitidas con posterioridad a la recepción de bienes, lo que vulnera el circuito administrativo establecido.

También se cuestionó el uso reiterado de contratos de locación de servicios para tareas que no presentan carácter extraordinario, lo que podría encubrir relaciones laborales permanentes bajo modalidades precarias.

Multa al intendente y responsabilidades extendidas

El fallo no se limita a señalar irregularidades, sino que avanza directamente sobre la determinación de responsabilidades y la aplicación de sanciones concretas a los principales funcionarios del municipio.

En ese marco, se dispuso una multa de un millón de pesos al exintendente Marcos Pisano (hoy ocupa una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires), señalado como responsable principal en su carácter de administrador general del municipio, en función de los incumplimientos detectados en áreas sensibles como el sistema de fotomultas, la contratación administrativa y los mecanismos de control.

A su vez, el organismo resolvió aplicar una amonestación formal al jefe de Compras, Eugenio Ricardo Silva, por irregularidades en los procedimientos de adquisiciones, particularmente en lo referido al incumplimiento del circuito administrativo.

El Tribunal también emitió llamados de atención a una extensa lista de funcionarios, lo que evidencia la amplitud de las fallas detectadas. Entre ellos se encuentran el contador municipal, Marcelo Antonio D’Aloia; los directores de Rentas, Héctor Luis Andrés Ahumada y Adrián Héctor Rivero Pérez; el coordinador de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Fernando Gauna; el secretario de Gobierno, Marcos Beorlegui; la directora de Recursos Humanos, Lorena Paola Gallego; el secretario de Hacienda, Pedro Javier Erreca; la intendenta interina, María Laura Rodríguez; y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Franco Elio Canepare.

Asimismo, el fallo incluye en el esquema de responsabilidades a otros funcionarios que, si bien no fueron sancionados directamente en este tramo, quedaron alcanzados por observaciones y reservas del Tribunal. Entre ellos figuran el secretario de Obras Públicas y Urbanismo, Lucas Eugenio Ezcurra; y el tesorero municipal, Marcelo Fabián Lazarte; quienes no podrán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el organismo se pronuncie de manera definitiva sobre los aspectos aún bajo análisis.

El alcance de las sanciones y observaciones revela que el Tribunal no identificó hechos aislados, sino un conjunto de irregularidades distribuidas en distintas áreas de la gestión, que comprometen tanto la administración financiera como los sistemas de control interno.

En términos políticos e institucionales, la resolución configura un escenario de responsabilidades compartidas dentro del gabinete municipal, con impacto directo en la conducción y en la calidad de la gestión pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)