ACARA y los entes cooperadores, un sistema colosal con escasos controles

La estructura de los entes cooperadores vinculados a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Distintas fuentes del sector, algunas con conocimiento directo del funcionamiento interno, describen un sistema de administración de fondos públicos que opera con escasos niveles de control y una fuerte concentración de decisiones.

Lejos de tratarse de un esquema nuevo, se trata de una arquitectura institucional que lleva décadas en funcionamiento, sostenida a través de convenios con organismos nacionales en el marco de las leyes 23.283 y 23.412. Sin embargo, en los últimos meses crecieron las advertencias sobre el volumen de recursos involucrados y la falta de transparencia en su ejecución.

Fuentes que transitan por el edificio de ACARA de avenida Cordoba lo definen como "un hotel 5 estrellas sin trabajadores".

La “caja” de los entes cooperadores

Según pudo reconstruir este medio a partir de diversas fuentes, los entes cooperadores administrados en la órbita de ACARA concentran ingresos millonarios provenientes de distintos servicios vinculados al sistema registral, licencias y otros mecanismos asociados al estado.

El volumen de fondos sería significativo: estimaciones internas del sector hablan de entre 40 y 50 millones de dólares anuales, solo considerando algunos de los principales entes activos. A lo largo de las últimas cuatro décadas, la cifra acumulada alcanzaría niveles difíciles de dimensionar sin una auditoría integral.

En ese contexto, las fuentes coinciden en un punto: la información consolidada sobre ingresos, egresos y destino de los recursos no es de acceso público ni se encuentra sistematizada en informes abiertos.

Concentración de decisiones y nombres clave

Dentro de la estructura, distintos actores señalan un manejo altamente concentrado en la cúpula de ACARA. En particular, mencionan al presidente de la entidad, Sebastián Beato, y a la gerente Andrea Barrozo como figuras centrales en la administración de los entes y en la definición de los circuitos de gasto.

De acuerdo a los testimonios recogidos, existirían listados internos con la disponibilidad de fondos por jurisdicción, cuyo acceso estaría restringido a un grupo reducido. “Son ellos quienes deciden cómo y dónde se aplica ese dinero”, describieron a REALPOLITIK.

Las decisiones abarcarían desde contrataciones y campañas hasta proyectos tecnológicos y operativos que, según advierten, en muchos casos carecen de visibilidad pública o trazabilidad clara.

Entre los principales cuestionamientos aparece el destino de los fondos. Fuentes del sector mencionan la existencia de gastos en campañas de comunicación sin difusión comprobable, desarrollos tecnológicos que no se materializan y adquisiciones con valores considerados por encima del mercado.

También se señalan proyectos vinculados a infraestructura y seguridad vial con costos elevados y resultados poco verificables. “Hay iniciativas que se presentan como grandes desarrollos, pero que después no tienen impacto real”, indicaron.

En paralelo, se advierte sobre la posible existencia de proveedores vinculados a entornos de poder, en un esquema que -según describen- dificultaría la competencia y la transparencia en los procesos de contratación.

Contrataciones y concursos: formalidad sin control efectivo

Si bien los entes cooperadores publican listados de adquisiciones y concursos, el análisis de estos registros muestra limitaciones en términos de acceso, detalle y control.

En las publicaciones recientes figuran contrataciones de servicios, compra de insumos, desarrollos de software y obras de diversa índole. Sin embargo, fuentes consultadas cuestionan la modalidad de concursos privados, la escasa difusión de los llamados y la falta de auditorías independientes.

A esto se suma la existencia de múltiples entes vinculados que no cuentan con información pública sistematizada, lo que refuerza la percepción de un esquema fragmentado.

Un modelo que atraviesa gestiones

El funcionamiento de los entes cooperadores ha trascendido a distintos gobiernos y administraciones, manteniendo una lógica de continuidad que, según coinciden actores del sector, no ha sido revisada en profundidad.

En distintos momentos, incluso desde ámbitos oficiales, se han señalado problemas vinculados a la administración de estos fondos, incluyendo desequilibrios financieros, gastos sin control suficiente y dificultades para sostener la operatoria. Sin embargo, más allá de esos episodios, el esquema se mantuvo vigente, consolidando un modelo en el que estructuras privadas administran recursos vinculados al funcionamiento del estado.

Los cerebros detrás de ACARA: Sebastián Beato y su padre Rubén Beato.

Otro de los puntos destacados por las fuentes es la capacidad de ACARA para desplegar su estructura en distintas jurisdicciones del país. A través de convenios y acuerdos institucionales, la entidad mantiene presencia en provincias y municipios, donde canaliza recursos y promueve proyectos.

En ese marco, los entes cooperadores aparecen como una herramienta clave para la gestión de fondos que, según advierten, pueden ser utilizados con amplios márgenes de discrecionalidad. “La estructura permite operar sin el nivel de exposición que tendría el gasto público tradicional”, resumió una de las fuentes consultadas.

Un sistema bajo presión

Las tensiones recientes entre el gobierno de Javier Milei y estructuras históricas vinculadas al sistema registral, junto con la aparición de nuevos esquemas tecnológicos, comenzaron a poner en discusión el rol de intermediación que durante años ejercieron entidades como ACARA.

En ese contexto, el control de los recursos, la transparencia en las contrataciones y la necesidad de auditorías integrales aparecen como ejes centrales de un debate que, hasta ahora, se mantuvo mayormente fuera de la agenda pública.

Las denuncias provenientes del propio sector, sumadas al volumen de fondos involucrados, configuran un escenario que difícilmente pueda sostenerse sin mayores niveles de control y rendición de cuentas. (www.REALPOLITIK.com.ar)