Río Negro adjudicó 1.000 millones a una empresa porteña para enseñar inglés

El gobierno de Alberto Weretilneck quedó nuevamente en el centro de la escena tras conocerse los detalles de la licitación pública 112/2025, un proceso que compromete 932,4 millones de pesos para la implementación de cursos de inglés virtuales. La iniciativa, enmarcada en el programa “Río Negro Bilingüe”, plantea interrogantes no solo por el monto, sino también por la elección del proveedor y el área estatal que impulsó la contratación.

La decisión se da en un contexto donde existen institutos provinciales y universidades públicas con capacidad para ofrecer formación en idiomas, lo que abre el debate sobre la necesidad de tercerizar el servicio a una firma privada radicada en Buenos Aires.

Cómo se resolvió la licitación y por qué se descartó la oferta más barata

El proceso tuvo su apertura de sobres el 16 de enero en Viedma, con tres oferentes en competencia. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la propuesta más alta, por 1.100 millones pesos; SDC SRL ofertó 893 millones; mientras que EDIR Emprendimientos SRL cotizó 932,4 millones.

En términos estrictamente económicos, la lógica indicaba que SDC tenía ventaja. Sin embargo, el 3 de febrero la comisión de Preadjudicación resolvió excluirla argumentando que su plataforma “no era específica para adquisición de lenguas”, sino más cercana a una implementación tecnológica general. Esa decisión dejó el camino libre para que EDIR, con un costo más de 39 millones superior, quedará como adjudicataria.

El dato que incomoda: cuánto cuesta realmente cada curso

Más allá del monto global, el punto que más ruido genera es el costo real del servicio. La licitación contempla 10 mil licencias anuales, lo que implica que la provincia pagará aproximadamente: 93.240 por alumno al año. Cerca de 7.700 mensuales por cada usuario.

Se trata de valores elevados si se los compara con el mercado actual. Plataformas internacionales de aprendizaje de idiomas, academias online e incluso institutos privados ofrecen servicios similares —muchos con clases en vivo— por cifras considerablemente menores.

La comparación expone una tensión evidente: mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, el estado termina abonando valores que, en el ámbito privado, podrían reducirse significativamente.

Un fondo específico, pero dinero público al fin

Otro punto clave que surge de la documentación oficial es el origen de los recursos. El programa prevé una planificación financiera plurianual y será financiado a través del Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización de la Actividad Hidrocarburífera (FoCaDeFHi), creado por decreto provincial.

Si bien se trata de un fondo fiduciario específico, lo cierto es que los recursos provienen del estado, lo que refuerza la necesidad de transparencia y eficiencia en su utilización. En otras palabras, no se trata de financiamiento externo ni privado: es dinero público canalizado a través de una herramienta financiera que, en este caso, termina sosteniendo un programa educativo ajeno a la actividad hidrocarburífera que le da origen.

Un programa educativo manejado desde Energía

Otro aspecto que genera cuestionamientos es el encuadre institucional. El programa “Río Negro Bilingüe” depende de la secretaría de Energía y Ambiente, conducida por Andrea Confini, y no del ministerio de Educación.

La decisión de ubicar una política educativa en un área energética refuerza la percepción de desorden administrativo. Más aún cuando en la provincia existen organismos en crisis como el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) que cuenta con registro público de tecnicaturas y capacitaciones y casas de estudio como la Universidad Nacional del Comahue, que podrían haber articulado el servicio mediante convenios a menor costo.

Gobernación de Río Negro.

La empresa adjudicada: contratos con el estado y antecedentes que generan dudas

La firma beneficiada, EDIR Emprendimientos SRL, es una empresa porteña dedicada a servicios tecnológicos y plataformas digitales. En los últimos años logró posicionarse como proveedora del estado, especialmente en el área educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su actividad incluye la provisión de plataformas de aprendizaje de idiomas, licencias tecnológicas y soporte de sistemas educativos. En ese marco, integró una UTE con Ediciones Logos SA, lo que le permitió acceder a contratos de mayor escala, incluyendo prórrogas de servicios durante 2025.

Sin embargo, este vínculo con el sector público convive con un dato sensible: la empresa fue mencionada en una causa del fuero Penal Económico por presunta infracción a la ley 22.415, vinculada a delitos aduaneros. El expediente, iniciado en 2021 y con actuaciones recientes, incluyó citaciones a indagatoria mediante edictos y la advertencia de posible rebeldía. Si bien no implica una condena, se trata de una investigación en curso que agrega un elemento de tensión a su rol como contratista estatal.

Un esquema repetido y cada vez más cuestionado

La contratación de plataformas digitales de idiomas no es una novedad en el estado. Experiencias similares se han implementado en la Ciudad de Buenos Aires y en programas nacionales de capacitación, aunque en muchos casos con esquemas mixtos que combinan recursos públicos y privados, reduciendo costos.

En contraste, el caso de Río Negro muestra una decisión más costosa y centralizada en un proveedor externo, pese a la existencia de alternativas locales. La diferencia no es menor: mientras el Estado provincial desembolsa millones, en el mercado estos servicios pueden contratarse por una fracción del costo mensual por alumno.

La combinación de factores —una licitación millonaria, la exclusión de la oferta más barata, el alto costo por estudiante, el origen de los fondos públicos, el rol de un área no educativa y los antecedentes de la empresa adjudicada— configura un escenario que ya genera ruido político. (www.REALPOLITIK.com.ar)