El abogado y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Marcos Erregue, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el reciente fallo de la Justicia de Nueva York en el caso YPF, analizó sus implicancias jurídicas y se refirió además a la situación institucional y económica del país.
“Desde el punto de vista social es ofensivo para todo el mundo porque estamos en medio de una crisis bastante fuerte”, comenzó señalando el letrado, al referirse a los cuestionamientos sobre la conducta de Manuel Adorni. En ese sentido, advirtió que “un funcionario no puede aceptar dádivas”, al tiempo que explicó que cualquier beneficio o regalo constituye una falta, incluso en escalas menores.
Erregue remarcó que existen dos aspectos legales clave: “Por un lado, las dádivas, y por otro, la evolución patrimonial. El Código Penal establece que el funcionario debe demostrar el origen de sus recursos, y si no lo hace, se presume enriquecimiento ilícito”. En ese marco, consideró que algunas situaciones recientes “están complicadas en ambos aspectos”.
Consultado sobre el caso YPF, el abogado explicó por qué el litigio se desarrolló en tribunales extranjeros: “Cuando YPF se privatiza en los años 90, se establece en su estatuto una cláusula de prórroga de jurisdicción. Eso significa que las partes acuerdan de antemano qué tribunales serán competentes ante un conflicto, en este caso, los de Nueva York”.
En relación al origen del conflicto, detalló que tras la reestatización de la empresa en 2012 —cuando el estado expropió acciones que estaban en manos de Repsol—, un grupo inversor adquirió derechos de litigio y reclamó incumplimientos contractuales. “El planteo era que el estado debía ofrecer comprar las acciones al resto de los accionistas, pero eso no ocurrió”, indicó.
Sin embargo, la clave del fallo estuvo en la interpretación jurídica: “La Justicia norteamericana entendió que no se trató de una compraventa sino de una expropiación, que se rige por otra normativa”. En ese sentido, destacó que el tribunal consideró válida la actuación del estado argentino al haber realizado el proceso mediante una ley del Congreso de la Nación Argentina.
“El argumento de la defensa fue claro: no estamos ante un contrato privado incumplido, sino ante una decisión soberana regulada por la ley de expropiaciones. Y eso fue lo que finalmente se impuso”, explicó Erregue, resaltando también el trabajo sostenido de la Procuración del Tesoro y de los abogados intervinientes durante más de una década.
Sobre el debate en torno a la soberanía, sostuvo que “sí y no estuvo en juego”. “Hay una cesión parcial cuando se acepta litigar en tribunales extranjeros, pero eso responde a una estrategia para atraer inversiones. Se buscó dar confianza a los inversores internacionales”, afirmó.
Por otra parte, el docente universitario también se refirió a la reciente ratificación judicial de la ley de Financiamiento Universitario: “Es una lástima que el gobierno no haya tenido una actitud más dialoguista. Cuando hay una ley vigente y la Justicia ordena cumplirla, lo razonable es acatarla o discutirla por los canales institucionales”.
Finalmente, al analizar la situación económica, fue contundente: “Si los salarios pierden contra la inflación y hay más despidos, la pobreza no va a bajar”. Y concluyó con una reflexión: “Cuando hay inflación, los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. Hasta que eso no se corrija, la crisis va a continuar”. (www.REALPOLITIK.com.ar)