Fernando Espinoza compró 600 mil kilos de carne y no se sabe dónde están

Una licitación millonaria para la compra y distribución de alimentos en la municipalidad de La Matanza quedó bajo observación del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires por fallas en la trazabilidad de los productos destinados a comedores comunitarios.

El expediente pone el foco en la licitación pública 26/2024, impulsada por la secretaría de Desarrollo Social, que conduce Mirta Hembert, que contempló la provisión de carne vacuna, pollo y cerdo por un total de 4.923 millones durante un período de dos meses.

La documentación del Tribunal de Cuentas.

La adjudicación se dividió entre dos proveedores. Por un lado, CAMFA SA (Carnes CAMFA), que recibió más de 3.336 millones para la entrega de 183 mil kilos de roast beef y más de 300 mil kilos de pollo. La empresa es presidida Carlos Amado Omar y cuenta en su directorio a Maximiliano Omar, Facundo Omar y Lucia Clara Bianucci. Por otro, Transporte de Carga Berisso SA, con 1.587 millones por 138 mil kilos de carne de cerdo en distintos cortes.

El volumen de la operación es significativo: en total, más de 600 mil kilos de alimentos destinados a comedores infantiles y comunitarios del distrito.

Sin embargo, al analizar la documentación, los auditores detectaron una falla central: no se pudo verificar en todos los casos el destino final de los alimentos. Según el informe, si bien existen registros que acreditan la recepción inicial de los productos por parte del municipio, faltan elementos clave para reconstruir su distribución efectiva. En particular, no se presentaron en forma completa:

- Listados de los comedores y merenderos receptores.

- Constancias de entrega firmadas por responsables de cada establecimiento.

- Documentación que permita trazar el recorrido de los productos.

Este punto resulta crítico, ya que impide validar que los alimentos hayan llegado efectivamente a los destinatarios previstos dentro de la política social.

Observación abierta y responsabilidades

Ante los requerimientos del Tribunal, los funcionarios municipales presentaron información adicional, incluyendo listados de comedores, datos de responsables y registros de entregas. Sin embargo, el organismo consideró que la documentación fue “presentada de manera parcial”, por lo que no alcanza para subsanar las inconsistencias detectadas.

Por ese motivo, resolvió mantener la observación en análisis y trasladar su revisión al próximo estudio de cuentas. En términos técnicos, esto implica que el caso no está cerrado.

Palacio municipal de La Matanza.

La observación alcanza a las principales autoridades involucradas en la operatoria: el intendente Fernando Espinoza, la secretaria de Desarrollo Social y el contador municipal, Adrián Francisco Clemente, en función de sus responsabilidades administrativas sobre el manejo de los fondos y la ejecución del gasto.

Más allá del caso puntual, el informe expone una debilidad clave en los mecanismos de control: la imposibilidad de garantizar la trazabilidad completa de recursos públicos destinados a asistencia social. Se trata de un aspecto sensible, no solo por el volumen de fondos involucrados, sino por el destino de los recursos: sectores vulnerables que dependen de estos programas alimentarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)