La adjudicación de más de 932 millones de pesos por parte del gobierno de Alberto Weretilneck a una empresa privada para dictar cursos de inglés suma ahora un dato clave que profundiza las sospechas: uno de los engranajes centrales del esquema empresario está directamente vinculado a una familia con fuerte inserción en el poder político y judicial de Tucumán.
Se trata de Ediciones Logos SA, firma que integró una UTE con EDIR Emprendimientos SRL —la empresa adjudicataria del contrato millonario— y cuyo presidente es Jorge Gabriel Chrestia, un nombre que remite a un entramado familiar con presencia en distintas áreas del estado.

Detrás de la estructura societaria beneficiada por el gobierno rionegrino aparece una historia conocida en la política provincial: la familia Chrestia.
El empresario Jorge Gabriel Chrestia, vinculado a Logos SA y también a otras sociedades del sector educativo y tecnológico, es hijo del secretario de Obras Públicas de de la provincia de Tucumán, funcionario del gobierno de Osvaldo Jaldo que lleva su mismo nombre.

No se trata de un dato menor: el padre no solo ocupa un cargo clave en la estructura provincial, sino que además percibe ingresos desde hace más de siete años de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), consolidando su presencia en ámbitos estratégicos del estado y la educación.
La red familiar se completa con su madre, María del Carmen Torino, funcionaria del poder judicial que se desempeñó como secretaria de Cámara, lo que extiende la influencia del núcleo familiar al ámbito judicial.

El mapa de vínculos se amplía al analizar el rol de los hermanos Chrestia, todos con inserciones en áreas sensibles:
- María Marta Chrestia: se desempeñó hasta 2023 como profesora asociada de inglés técnico en la facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán.

- María del Carmen Chrestia: aparece vinculada a firmas como Investment Managers SA, Capital Advisors SA y Credinos Cooperativa de Vivianda, Crédito, Consumo, Servicios Asistenciales y de Turismo Ltda. También tuvo paso por la Universidad Nacional de Tucumán entre 2016 y 2023.

- María Teresa Chrestia: actualmente se desempeña como secretaria (relatora) en la Cámara en lo Civil y Comercial Común II del poder judicial tucumano, con funciones dentro del Centro Judicial Capital.

- María Inés Chrestia: médica y atleta de alto rendimiento, integrante de la Selección Argentina de trail running, con participación en mundiales y respaldo institucional del gobierno provincial. Incluso fue recibida oficialmente por el propio gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno. Entre 2021 y 2025 percibió ingresos del gobierno tucumano y el ministerio de Salud.

- Jorge Gabriel Chrestia (hijo): el nexo empresario, con participación en distintas sociedades vinculadas al negocio educativo.

Además de su rol en Logos SA, Jorge Gabriel Chrestia figura en otra estructura empresarial clave: School Management SA, constituida en 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.
La firma tiene como objeto: dirección y financiamiento de instituciones educativas, desarrollo de software educativo, comercialización de insumos para educación, explotación de institutos privados, y otorgamiento de préstamos a instituciones educativas.
El esquema revela un patrón claro: negocios vinculados a la educación, el mismo rubro que terminó siendo beneficiado en la licitación millonaria de Río Negro.
La conexión con el caso que disparó la polémica es directa: EDIR Emprendimientos SRL, adjudicataria del contrato por 932,4 millones de pesos, integró una UTE con Ediciones Logos SA, la empresa presidida por Chrestia.
Este dato reconfigura el escenario: ya no se trata solo de una contratación cuestionada por sus costos y condiciones, sino de un esquema donde uno de los actores tiene vínculos familiares directos con el poder político, judicial y académico de una provincia.
El programa “Río Negro Bilingüe”, financiado con fondos públicos provenientes del sector energético, quedó en manos de una empresa privada que: tiene antecedentes como proveedora del estado, fue beneficiada tras la exclusión de la oferta más económica, presenta costos por alumno superiores al mercado y ahora, además, aparece conectada a una red familiar con fuerte inserción estatal en Tucumán.
En paralelo, el propio grupo familiar muestra una constante: presencia simultánea en el estado, el sistema judicial, universidades públicas y empresas vinculadas al negocio educativo.
Lejos de tratarse de un caso aislado, el entramado sugiere un modelo que se replica en distintas jurisdicciones: empresas del rubro educativo que logran contratos estatales millonarios mientras mantienen vínculos directos o indirectos con estructuras de poder político. La novedad, en este caso, es que el esquema queda expuesto a partir del cruce de datos societarios, cargos públicos y antecedentes familiares.
Con esta nueva información, el eje del debate se amplía: ya no alcanza con discutir si el estado pagó de más por un servicio. La pregunta que empieza a tomar forma es otra: ¿Quiénes están detrás de las empresas que contratan los gobiernos y qué vínculos reales tienen con el poder político?
En el caso de la licitación de Río Negro, la respuesta empieza a aparecer. Y abre un frente que excede a una provincia: la relación entre negocios educativos, contratos públicos y redes de poder. (www.REALPOLITIK.com.ar)