La salida del encargado de Negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, no cerró el conflicto: lo trasladó a la Justicia. A horas de concretarse su expulsión, un hábeas corpus preventivo presentado ante la Justicia federal puso en cuestión la legalidad de la decisión adoptada por el gobierno de Javier Milei.
El recurso fue impulsado por Jorge Oliver, periodista, auditor ambiental y veterano de las Islas Malvinas, quien solicitó una medida urgente de “no innovar” para frenar la expulsión del diplomático iraní. Sin embargo, el planteo llegó cuando el hecho ya estaba consumado: Soltani Tehrani había abandonado el país escoltado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En su presentación, Oliver sostiene que la decisión del ejecutivo fue “ilegítima e irrazonable”, y advierte que responde más a un posicionamiento político internacional que a fundamentos jurídicos sólidos.
El escrito apunta directamente contra la Casa Rosada al afirmar que: “No hay argumentos reales y válidos del ejecutivo nacional, simplemente esto es una reacción personal de la administración”.
Además, cuestiona que la Argentina se haya alineado en un conflicto internacional en el que —según el planteo— “no tiene ninguna injerencia”, en referencia a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
Uno de los ejes más duros del hábeas corpus es la advertencia sobre el daño institucional que podría generar la medida. Oliver habla de un “hecho vergonzante ante la comunidad internacional” y de consecuencias “irreparables” para la relación bilateral. En ese sentido, el escrito subraya que la expulsión de un representante diplomático sin fundamentos claros podría afectar gravemente las relaciones exteriores argentinas, en un contexto global ya tensionado.

El pedido judicial buscaba suspender la orden que le daba 48 horas a Soltani Tehrani para abandonar el país. Pero la cronología jugó en contra: el diplomático ya había partido rumbo a Teherán cuando el planteo tomó estado público.
Aun así, la presentación abre un nuevo frente para el gobierno de Javier Milei, que ahora deberá responder no solo en el plano diplomático sino también en el judicial.
El episodio deja al descubierto una discusión de fondo: hasta qué punto las decisiones de política exterior pueden apoyarse en definiciones ideológicas sin respaldo institucional sólido.
La judicialización del caso introduce un elemento adicional de tensión y plantea interrogantes sobre el uso de herramientas excepcionales —como la declaración de “persona non grata”— en escenarios atravesados por alineamientos geopolíticos.
Mientras tanto, la relación entre Argentina e Irán queda en su punto más bajo en décadas, con un vínculo que, aunque no está formalmente roto, atraviesa un nivel de deterioro inédito. (www.REALPOLITIK.com.ar)