El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires puso el foco en un punto crítico de la rendición 2024 de la municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves: no pudo comprobar que el dinero declarado por la comuna realmente exista.
Según surge del informe oficial, al cierre del ejercicio el municipio declaró un saldo total de 630 millones de pesos, distribuido entre fondos de libre disponibilidad, cuentas afectadas y cuentas de terceros. Sin embargo, al contrastar esos números con los registros bancarios y de tesorería, el organismo detectó inconsistencias en la composición de esos fondos.
En concreto, mientras que la contabilidad municipal informaba cifras determinadas, los saldos reales en bancos no coincidían. Por ejemplo:
- En fondos de libre disponibilidad, el municipio declaraba un rojo superior a los 652 millones de pesos, pero los registros bancarios mostraban una situación completamente distinta.
- En cuentas afectadas, se informaban más de 783 millones, aunque los bancos reflejaban montos considerablemente menores.
- En cuentas de terceros, también se verificaron diferencias significativas entre lo declarado y lo efectivamente disponible.
Frente a este escenario, el Tribunal fue contundente: la municipalidad no logró demostrar la real existencia de los fondos en caja y cuentas bancarias.
El problema no se limita a una cuestión técnica. El informe detalla una serie de fallas en las conciliaciones bancarias, es decir, el proceso mediante el cual se verifican los movimientos entre la contabilidad interna y los extractos bancarios.
Se detectaron depósitos registrados contablemente que no aparecen acreditados en el banco, débitos bancarios sin justificar ni registrar correctamente y pagos asentados en libros que no tienen respaldo en movimientos bancarios.
Incluso, el propio Tribunal advierte que, si estas diferencias no se justifican, podrían considerarse fondos faltantes, lo que implica un nivel de gravedad mayor dentro del control público.
El escenario se agrava al observar la situación general de las cuentas municipales. El municipio arrastra un déficit estructural en fondos de libre disponibilidad, que al cierre de 2024 alcanzó los -652 millones de pesos, profundizando el rojo respecto del año anterior.
Además, se verificaron prácticas que reflejan tensión financiera, como el uso de fondos con afectación específica —es decir, dinero que tiene un destino legal determinado— para cubrir gastos corrientes, algo que la normativa solo admite en situaciones excepcionales.
A esto se suman: registros contables sin respaldo documental, es decir, movimientos sin justificación clara; errores en previsiones contables, reconocidos por los propios responsables; falta de implementación de sistemas de control obligatorios, observada en reiteradas oportunidades; y funcionarios sin fianzas, pese a manejar fondos públicos.
Pese a este conjunto de irregularidades, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición, aunque dejó asentadas todas las observaciones y avanzó con sanciones concretas contra funcionarios municipales.
En ese marco, el organismo aplicó multas económicas a la intendenta Miriam Lucía Gómez, a exfuncionarios y a responsables del área contable, con montos que van desde los 290 mil hasta los 2 millones de pesos. Entre los sancionados también se encuentran el exintendente Eduardo Marcelo Santillán, secretarios de Hacienda y contadores del municipio.
Además, el Tribunal formuló cargos económicos por montos millonarios que deberán ser devueltos al estado, estableciendo responsabilidades solidarias entre distintos funcionarios, y dejó en suspenso otras posibles responsabilidades que podrían derivar en nuevas sanciones.
El dato central, sin embargo, ya quedó expuesto: el municipio no pudo acreditar con claridad dónde está parte del dinero que declara en sus balances, un punto que impacta de lleno en la transparencia, la administración de recursos públicos y la confianza institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)