Mercedes: Pagaron millones en alimentos sin hacer un expediente

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Mercedes, pero dejó expuesto un esquema de irregularidades administrativas graves, especialmente en la compra de alimentos para asistencia social.

El caso más sensible involucra la adquisición de productos básicos —azúcar, polenta y arroz— , que fueron pagados sin cumplir ningún procedimiento administrativo obligatorio. Según el expediente, el municipio abonó 2.230.000 a Tatiana Guadalupe Melia (por 2.000 paquetes de azúcar y 300 paquetes de polenta), y 2.211.720 a Leonardo Andrés Bossio (por 560 paquetes de arroz).

En ambos casos, el Tribunal verificó que no existió el circuito de compras exigido por ley: no hubo solicitud de pedido, ni solicitud de gasto, ni orden de compra. Es decir, la mercadería fue adquirida y entregada antes de cualquier formalización administrativa.

La operatoria fue luego “regularizada” mediante una nota firmada por la intendenta interina, Mariana San Martín, que autorizó el pago como medida excepcional. Sin embargo, el organismo de control fue contundente: la excepción no invalida la irregularidad.

Compras sin control y proveedores sin competencia

El punto central del cuestionamiento es que el municipio pagó alimentos sin ningún control previo, lo que implica la eliminación de todos los mecanismos básicos de transparencia: no hubo comparación de precios, no hubo licitación ni concurso, no hubo selección formal de proveedores.

Además, los proveedores no son grandes empresas ni contratistas habituales, sino personas físicas, sin detalles sobre su estructura comercial o capacidad operativa. Este esquema, según el Tribunal, viola normas expresas del régimen de administración municipal y deja abierta la posibilidad de discrecionalidad en la elección de proveedores y en la fijación de precios.

Aunque el municipio argumentó que se trató de una situación de urgencia —vinculada a asistencia alimentaria y a la falta de carga de partidas presupuestarias al inicio del año—, el organismo rechazó ese criterio como justificativo suficiente. En términos técnicos, la observación fue ratificada, lo que implica que el incumplimiento existió y quedó formalmente asentado.

Palacio municipal.

Multas, responsabilidades y cuentas aprobadas

A pesar de las irregularidades detectadas, el Tribunal decidió aprobar la rendición de cuentas 2024, bajo el argumento de que los estados contables reflejan razonablemente la situación financiera del municipio.

Sin embargo, aplicó sanciones concretas: multa de 360 mil pesos al intendente Juan Ignacio Ustarroz y llamados de atención a funcionarios clave:

- Contador Municipal: Fernando Javier Roldán

- Tesorera Municipal: María Clara Pérez

- Jefe de Compras: Guillermo José Fernández

- Secretaria de Desarrollo de la Comunidad: Gabriela Leandra Olivella

- Subdirectora de Recursos Humanos: María Agustina Bertera

- Secretario de Economía y Hacienda: Ignacio Buzzalino

Estas sanciones se basan en el artículo 16 de la ley 10.869, que prevé penalidades por incumplimientos en la administración de fondos públicos. Además, el Tribunal dejó cuestiones bajo análisis, advirtiendo que varios funcionarios —incluido el propio jefe comunal— no quedan exentos de responsabilidad futura hasta que se resuelvan otros puntos observados.

El caso deja un escenario claro: aunque no se probó un perjuicio económico directo, el municipio ejecutó gastos públicos por fuera de los mecanismos legales de control, en un área particularmente sensible como la asistencia alimentaria.

La aprobación de las cuentas convive así con un diagnóstico incómodo: la contabilidad cierra, pero los procedimientos —clave para garantizar transparencia— fueron vulnerados. (www.REALPOLITIK.com.ar)