Avellaneda: Denuncian a Jorge Ferraresi por obra pública y riesgo sanitario

Lo que comenzó como una denuncia por daños materiales en una vivienda lindera a una obra pública en Dock Sud se transformó en un expediente de creciente gravedad institucional que ahora involucra a la municipalidad de Avellaneda, funcionarios de primera línea y, por derivación política, al intendente Jorge Ferraresi.

El caso, tramitado bajo el expediente penal PP-20-00-018391-25/00, se inició con una tipificación básica de “daño” (artículo 183 del Código Penal). Sin embargo, los denunciantes —Sergio Fossati y Silvia Beatriz Sosa— sostienen que esa calificación “omite deliberadamente” la dimensión real del conflicto: un cuadro que incluye deterioro estructural, afectación grave a la salud y posibles responsabilidades administrativas y penales de funcionarios públicos.

De obra sanitaria a foco de conflicto

El eje del expediente es la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nro. 16 “Brisas del Plata”, una obra pública financiada con fondos del ministerio de Salud  de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak. Según la presentación judicial, el proyecto habría sido ejecutado con múltiples irregularidades: deficiencias técnicas en la planificación, incumplimiento de normas de seguridad e higiene, falta de protección a linderos, ausencia de cartel de obra (lo que impide identificar responsables) y posible ejecución “antirreglamentaria” por debajo de la cota de inundación.

Los denunciantes aseguran que estas falencias derivaron en daños concretos sobre su propiedad: rotura de techos, filtraciones, fisuras estructurales, ingreso de agua y riesgo eléctrico. Pero el punto más delicado es otro.

La causa escaló cuando se incorporaron elementos médicos. En abril de 2026, Fossati y Sosa promovieron una acción de amparo con medida cautelar urgente, denunciando un “agravamiento extremo” de su salud.

Entre los hechos consignados se destacan: internación por crisis asmática severa; exposición prolongada a humedad, moho y contaminantes; persistencia de filtraciones y condiciones insalubres; y hábitat incompatible con patologías respiratorias graves.

La relación causal que plantean es directa: la obra irregular condujo a daño estructural, un ambiente insalubre y, finalmente, a daño a la salud. Ambos denunciantes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que introduce un elemento clave: la posible aplicación de agravantes penales por vulnerabilidad de las víctimas.

Funcionarios señalados y conocimiento previo

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el listado de funcionarios que, según los denunciantes, tuvieron conocimiento directo de la situación. Entre los funcionarios y dirigentes que, según las presentaciones judiciales, habrían tomado conocimiento directo del conflicto figuran el intendente Jorge Ferraresi; la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra; funcionarios como Guillermo Bruno Pesce, Claudio Yacoy y Sergio Ceballos; así como concejales de distintos espacios políticos, entre ellos Tamara Perini, Nilda Browida y Verónica Sagol, sin que —según los denunciantes— se haya registrado intervención institucional efectiva.

La denuncia sostiene que, pese a múltiples notificaciones formales, contactos directos y presentación de documentación técnica, no hubo ni respuestas administrativas, ni inspecciones efectivas y mucho menos intervención institucional. Lo que califican como una “omisión funcional sistemática, consciente y prolongada”.

Acusaciones de irregularidades estructurales

El expediente también introduce un elemento de alto impacto: la presunta existencia de irregularidades en el ejercicio profesional dentro de la obra. En ese marco se señala la posible intervención de profesionales sin matrícula, la nulidad potencial de actos administrativos  y la responsabilidad técnica en la ejecución del proyecto. A esto se suma un cuestionamiento directo a la legalidad del proceso licitatorio y a la ejecución de fondos públicos provinciales.

Aunque el intendente no aparece imputado penalmente, el escrito deja asentado que fue informado —directa o indirectamente— de la situación. En términos políticos, esto configura un punto crítico: conocimiento del conflicto, persistencia del daño y falta de intervención correctiva. En ese marco, la eventual responsabilidad podría desplazarse desde lo técnico hacia lo político-administrativo, especialmente si se verifica la cadena de decisiones dentro del ejecutivo local.

De “daños” a posible causa penal compleja

El denunciante solicita explícitamente un cambio de carátula, proponiendo que el caso sea investigado como: lesiones (artículos 89, 90 y 91 del Código Penal), agravadas por la condición de discapacidad y con posible concurso de delitos. Esto implicaría pasar de una causa menor a un expediente con potenciales consecuencias penales relevantes.

Actualmente, la causa presenta múltiples frentes abiertos:

- Acción de amparo con medida cautelar.

- Pedido de intervención de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

- Recusación de magistrados.

- Denuncias por denegación de justicia.

- Solicitud de paralización de la obra.

El cuadro se agrava con un dato que aparece en las presentaciones más recientes: la obra continúa y se proyecta su inauguración, pese a que —según los denunciantes— no se resolvieron los daños estructurales ni sanitarios.

Palacio municipal.

Silencio administrativo y conflicto judicial

Los escritos sostienen que el estado municipal incurrió en “silencio administrativo” frente a reclamos formales, lo que, en términos jurídicos, puede configurar una denegación tácita de derechos. Este punto es central: no se trata solo de una obra cuestionada, sino de la falta de respuesta institucional ante un reclamo sostenido en el tiempo.

Más allá de su resolución judicial, el caso ya tiene implicancias políticas: involucra fondos públicos, expone posibles fallas de control estatal y pone en discusión la responsabilidad de la conducción municipal.

Si la Justicia avanza en el cambio de encuadre penal o en la investigación de funcionarios, el expediente podría escalar desde un conflicto vecinal a un caso de alcance institucional.

Lo que hoy se discute en tribunales de Avellaneda excede largamente una obra en conflicto. La combinación de daño estructural, afectación sanitaria en personas vulnerables y presunta inacción estatal configura un escenario de alta sensibilidad jurídica y política. (www.REALPOLITIK.com.ar)