Lanús: Pagos millonarios en combustible sin control complican a Julián Álvarez

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición 2024 de la municipalidad de Lanús, pero dejó al descubierto un dato alarmante: el municipio ejecutó gastos millonarios en combustible sin cumplir los procedimientos básicos de control.

La resolución no solo expone desorden administrativo, sino un esquema de gestión donde el uso de recursos públicos clave quedó fuera de los mecanismos legales, derivando en sanciones contra el intendente Julián Álvarez y funcionarios de su gabinete.

Millones en combustible sin orden de compra

El punto más crítico del informe está en la partida de combustible, utilizada principalmente para patrullaje y servicios públicos. Según el Tribunal, el municipio realizó pagos sin contar con solicitud de pedido, orden de compra y circuito administrativo completo.

En ese marco, el organismo detalla montos concretos solo en algunas órdenes de pago: una por 29.118.411,86 y otra por 22.945.253,73, que en conjunto superan los 52 millones de pesos. Se trata de los únicos casos donde el informe explicita cifras, por lo que representan apenas una parte del gasto total bajo análisis. El propio documento menciona muchas otras órdenes vinculadas al combustible sin consignar sus importes, lo que impide determinar con precisión el monto global, aunque todo indica que sería considerablemente mayor.

La justificación oficial fue la “emergencia en seguridad”, pero el organismo fue contundente: esa situación no habilita a omitir los procedimientos legales obligatorios.

Sin control sobre quién cargaba ni cuánto se consumía

La falta de controles no se limitó al proceso administrativo. El Tribunal detectó que tampoco existía trazabilidad sobre el uso del combustible. En concreto, no había registros que permitieran determinar qué vehículo cargaba, qué agente realizaba la carga y cuánto combustible se consumía por unidad.

Esto implica que el municipio no podía verificar de manera precisa el destino del gasto, abriendo la puerta a desvíos, uso indebido o, directamente, imposibilidad de auditoría real.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el informe evidencia que el uso de combustible bajo estas condiciones se sostuvo durante todo el ejercicio 2024. El municipio apeló a la figura del “reconocimiento de gastos”, es decir, consumir primero y formalizar después. Sin embargo, el Tribunal rechazó este criterio y remarcó que no puede reemplazar los procedimientos formales de contratación.

Este esquema, además, se dio en paralelo a otras observaciones del informe, como contrataciones directas sin competencia y fallas en programas sociales, lo que refuerza la idea de debilidad estructural en los controles internos.

Otras irregularidades: contrataciones directas y fallas en programas sociales

Más allá del combustible, el Tribunal de Cuentas detectó una serie de irregularidades que refuerzan el cuadro general de descontrol administrativo. Entre ellas, sobresalen contrataciones directas por montos millonarios sin mecanismos de competencia ni comparación de precios, especialmente en servicios vinculados a infraestructura y organización de ferias.

En estos casos, el organismo advirtió falta de planificación, ausencia de especificaciones técnicas y carencia de justificación sobre los costos, lo que impide determinar si las contrataciones se realizaron en condiciones convenientes para el municipio.

A esto se suman observaciones en programas sociales, donde se detectaron beneficiarios sin respaldo documental suficiente, inconsistencias en los registros y pagos a personas que no cumplían con los requisitos establecidos.

Este conjunto de irregularidades, aunque de distinta naturaleza, configura un mismo patrón: debilidad en los controles internos y discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.

Palacio municipal.

Multas al intendente y advertencia por responsabilidades

Como consecuencia, el Tribunal resolvió sancionar a los principales responsables del área:

- 300 mil pesos de multa al intendente Julián Álvarez.

- 350 mil al director de Compras, Fernando StamiIla.

- 300 mil al secretario de Seguridad, Sebastián Castillo.

Además, otros funcionarios fueron amonestados y el organismo dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades.

En ese sentido, el fallo es claro: el intendente y parte de su equipo no quedan exentos de responsabilidad, ya que hay aspectos de la gestión que aún continúan bajo análisis. El caso de Lanús deja una señal preocupante: uno de los gastos más sensibles para el funcionamiento del estado, como el combustible para seguridad y servicios, fue ejecutado sin controles básicos, sin trazabilidad y al margen de los procedimientos legales.

Una práctica que, aún con las cuentas aprobadas, terminó derivando en sanciones y en un fuerte llamado de atención sobre la gestión municipal. (www.REALPOLITIK.com.ar)