¿La Argentina de Javier Milei puede recuperar las Islas Malvinas?

La guerra de Malvinas dejó en evidencia serias falencias no solo en materia militar por parte de la Argentina, sino también en otros campos necesarios para lidiar con una crisis de semejante magnitud. La ausencia de una estrategia nacional quedó expuesta tanto en los desaciertos del gobierno militar en la conducción del conflicto como en la falta de preparación del país en infraestructura para apoyar eficazmente a las fuerzas desplegadas en las islas. A ello se sumaron la ausencia de planes de movilización, la falta de reservistas entrenados y una fuerte dependencia de proveedores externos en materia de equipamiento militar, lo que condicionó su acceso ante embargos y sanciones.

El célebre informe Rattenbach expuso los errores cometidos durante el conflicto de 1982. El restablecimiento del orden constitucional se tradujo en un clima de derrotismo impulsado por la dirigencia política. El único beneficiario de esta actitud fue el Reino Unido, que continuó expandiendo su control en el Atlántico Sur. Las transformaciones que demandaban las Fuerzas Armadas argentinas nunca se llevaron a cabo y, en el campo de la política internacional, el país tampoco logró avances significativos.

Entre la política de “paraguas de soberanía” y el voluntarismo

La década de 1990 estuvo marcada por la política de “seducción” a los isleños y el llamado “paraguas de soberanía”. El resultado fue, en los hechos, legitimar el expansionismo británico en el Atlántico Sur, al fijar unilateralmente una zona económica exclusiva de 200 millas alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Los acuerdos de cooperación en exploración de hidrocarburos y pesca quedaron en la nada.

Londres logró vaciar de contenido la resolución 31/49 (1976) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que instaba a evitar acciones unilaterales que alteraran el statu quo. El Reino Unido, además, intentó imponer a los isleños como “tercer actor”, promoviendo un inexistente derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la resolución 2065 de 1965 —impulsada por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz— reconoció claramente la existencia de una situación colonial y estableció que la disputa es entre la Argentina y el Reino Unido, sin incluir a los isleños.

La reforma constitucional de 1994 estableció como mandato mantener el reclamo de soberanía por medios pacíficos e incorporó los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En 2003 se produjeron cambios respecto de la década anterior, entre ellos la denuncia de la declaración conjunta de 1996 sobre cooperación en hidrocarburos. Hubo avances en foros diplomáticos y respaldo regional al reclamo argentino, aunque se trató mayormente de acciones voluntaristas sin efectos concretos. El Reino Unido continuó con la explotación de recursos, reforzó la defensa de las islas y bloqueó cualquier intento de negociación.

Durante la presidencia de Mauricio Macri se intentó retomar el “paraguas de soberanía”, con el acuerdo Duncan-Foradori como ejemplo. Para muchos, esto implicó un retroceso, al permitir la continuidad de la exploración petrolera y la actividad pesquera bajo condiciones favorables a Londres.

El cambio de gestión en 2019, con la presidencia de Alberto Fernández, significó un retorno a una retórica más confrontativa, pero sin una geoestrategia clara en el Atlántico Sur. Esto favoreció a los británicos, que continuaron con su estrategia de largo plazo: exploración de hidrocarburos y consolidación de Malvinas como “puerta hacia la Antártida”.

En ese marco, el astillero Harland and Wolff será responsable de la construcción de un puerto de aguas profundas en Puerto Argentino, lo que permitirá ampliar capacidades en pesca, exploración petrolera, turismo y defensa. Mientras tanto, el proyecto de base integrada en Ushuaia permanece paralizado, al igual que el desarrollo del polo logístico antártico.

Astillero Harland and Wolff.

El avance británico también apunta a la Antártida, donde mantiene reclamos de soberanía —actualmente congelados por el Tratado Antártico— que se superponen con los de Argentina y Chile. En un contexto de debilitamiento del orden internacional, crecen las dudas sobre la vigencia futura de ese régimen, especialmente ante tensiones entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia. El cambio climático podría, además, reactivar el interés por la explotación de recursos y la apertura de nuevas rutas marítimas.

La recuperación: entre quimeras y trampas geopolíticas

El alineamiento —o subordinación— de la gestión de Javier Milei con Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, abrió el debate sobre la posibilidad de que Washington apoye el reclamo argentino. Incluso se ha hablado de un hipotético “control compartido”.

Estas hipótesis, cercanas a lo ilusorio, ignoran la histórica posición estadounidense: una neutralidad formal con inclinación hacia el Reino Unido. Se trata de una alianza estratégica profunda, que trasciende gobiernos y se sostiene en cooperación militar, inteligencia y tecnología. Un dato clave: el acuerdo de defensa mutua entre ambos países fue renovado en 2024 por tiempo indefinido, y el sistema nuclear británico depende de tecnología estadounidense.

El caso de las islas Chagos, donde el Reino Unido reconoció la soberanía de Mauricio tras un fallo internacional, generó expectativas en algunos sectores. Sin embargo, la prioridad de Estados Unidos fue garantizar el control estratégico de la base de Diego García, mediante un régimen de arriendo. La soberanía fue, en ese caso, secundaria.

Archipiélago de Chagos.

Estados Unidos y el Reino Unido comparten intereses estratégicos en el Atlántico Sur, clave por sus accesos interoceánicos. Ante eventuales restricciones en el Canal de Panamá, rutas como el Pasaje de Drake adquieren mayor relevancia. Además, la región cumple un rol central en el comercio global y en la reconfiguración de cadenas de suministro, especialmente en el contexto de competencia con China.

El potencial en recursos —hidrocarburos y minería oceánica— incrementa aún más el valor estratégico del área. El lecho marino del Atlántico Sur contiene minerales críticos para la industria tecnológica y de defensa, lo que refuerza el interés de las potencias en su control.

El reciente cierre del Mar Rojo también revalorizó rutas alternativas, incrementando la importancia del Atlántico Sur. La falta de una estructura efectiva para la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (creada en 1986) abre espacio para una mayor presencia de actores extrarregionales.

Malvinas: ventaja británica y debilidad estratégica argentina en el Atlántico Sur

El Reino Unido obtuvo en 1982 una victoria militar, y abandonar Malvinas implicaría un costo político inaceptable. Es un aliado clave de Estados Unidos, por lo que resulta poco probable que Washington modifique su postura en favor de la Argentina, un actor con menor peso relativo y una política exterior fluctuante.

Mientras tanto, los británicos refuerzan su presencia militar y desarrollan infraestructura estratégica. En contraste, la Argentina no ha logrado convertir a la Patagonia en un espacio de proyección geopolítica, con desarrollo portuario, industria naval, pesca, marina mercante y logística antártica.

La política de defensa nacional es débil, y las Fuerzas Armadas carecen de capacidades que permitan incrementar la presencia en el Atlántico Sur. A ello se suma la ausencia de una política exterior multivectorial, como la que implementa Brasil para fortalecer su autonomía estratégica.

El mejor homenaje a los caídos en 1982 no radica en actos simbólicos o discursos patrióticos, sino en la construcción de una estrategia nacional. Una política que combine inteligencia, desarrollo y autonomía, orientada a fortalecer el poder nacional, diversificar alianzas y defender de manera efectiva los intereses, la seguridad y la soberanía de la Argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)