Chubut: El negocio del fuego en la gestión de Ignacio Torres

El verano en Chubut dejó una postal devastadora: más de 75 mil hectáreas arrasadas por el fuego en la región cordillerana. Pero detrás del desastre ambiental, comenzó a emerger otra trama, menos visible pero igual de grave: la del manejo de recursos, contrataciones millonarias y denuncias internas que apuntan a la estructura misma del sistema de combate de incendios.

Mientras brigadistas combatían focos activos durante semanas, trabajadores del área empezaron a denunciar irregularidades en la distribución de insumos, falta de coordinación y decisiones que, lejos de fortalecer el operativo, habrían debilitado la respuesta estatal. En paralelo, documentos oficiales revelan cifras que contrastan con ese escenario.

Millones en dólares y un sistema tercerizado

Registros del sistema de compras del estado nacional muestran órdenes de contratación por montos millonarios en dólares a favor de empresas privadas dedicadas al combate de incendios. Entre las principales aparecen AAXOD SA y Jasfly SA, firmas que concentran buena parte de los servicios aéreos en emergencias.

Los números son contundentes: más de 24 millones de dólares adjudicados a AAXOD, cerca de 18 millones a Jasfly, además de ampliaciones posteriores que elevan aún más el gasto. Se trata de cifras que surgen de documentación oficial y que reflejan el peso creciente de la contratación externa en el sistema de manejo del fuego.

Este esquema, basado en la tercerización, genera fuertes cuestionamientos. Por un lado, porque coincide con un contexto de recorte o reconfiguración de recursos públicos destinados al combate directo de incendios. Por otro, porque consolida un modelo donde la respuesta depende cada vez más de empresas privadas.

Denuncias de connivencia y decisiones bajo sospecha

En este escenario, desde Chubut comenzaron a surgir denuncias —principalmente desde sectores vinculados al propio organismo— que apuntan a una presunta connivencia entre funcionarios de la secretaría de Bosques y las empresas contratadas. Sin causas judiciales avanzadas hasta el momento, el planteo se sostiene en la reiteración de adjudicaciones, los montos elevados y la falta de transparencia en los procesos.

El nombre de Abel Nievas aparece en el centro de estas críticas, en un contexto donde también se cuestiona la conducción política del área. Publicaciones en redes sociales, como las difundidas por María Elena Paggi, reflejan un malestar extendido y apuntan a decisiones internas, viajes oficiales y uso de recursos.

A esto se suma el reclamo por el destino de donaciones. Según denunciaron trabajadores, parte de la ayuda recibida durante los incendios no habría llegado de manera efectiva a quienes combatían el fuego en el terreno, lo que profundizó el malestar en un momento crítico.

Abel Nievas, titular de la secretaría de Bosques de Chubut.

Protestas, auditorías y un organismo en crisis

Las tensiones escalaron al punto de hacerse visibles en las propias dependencias del organismo. Carteles colgados en edificios oficiales reclamando “basta de corrupción” y exigiendo auditorías expusieron públicamente una crisis que ya no puede ser contenida puertas adentro.

El conflicto no es solo operativo. Es también político. La falta de respuestas claras, la ausencia de información detallada sobre contrataciones y la percepción de desmanejo generan un escenario de creciente desconfianza.

El impacto de los incendios no se limita a lo ambiental. También golpea de lleno en la gestión del gobernador Ignacio Torres, quien recibió fuertes cuestionamientos de vecinos y comunidades afectadas por las pérdidas.

Las críticas apuntan tanto a la prevención como a la respuesta. La magnitud del daño, sumada a las denuncias de irregularidades, instaló dudas sobre la eficacia del sistema y la toma de decisiones durante la emergencia.

Tierra quemada, negocios y una pregunta incómoda

En la cordillera, el fuego nunca es solo fuego. Históricamente, los incendios abren la puerta a disputas por el uso de la tierra. Tras el paso de las llamas, muchos territorios quedan en condiciones de ser reconvertidos, lo que alimenta sospechas sobre intereses económicos en juego.

En ese contexto, la discusión sobre la posible flexibilización o derogación de la ley de Manejo del Fuego a nivel nacional agrega un elemento más de preocupación. La norma limita el cambio de uso de suelos incendiados, y su modificación podría alterar el equilibrio en zonas sensibles.

Con contratos millonarios, denuncias internas y un sistema bajo tensión, la pregunta empieza a tomar forma en voz alta: ¿Se está haciendo todo lo necesario para prevenir y combatir los incendios, o el modelo actual termina beneficiando a quienes operan alrededor del fuego?

Por ahora, no hay respuestas contundentes. Pero lo que sí queda claro es que, en Chubut, el incendio ya no es solo forestal. También es político. (www.REALPOLITIK.com.ar)