La rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Villa Gesellhttps://www.gesell.gob.ar/ dejó al descubierto uno de los cuadros más delicados en materia administrativa: un fuerte desorden en la gestión del personal y en la designación de funcionarios, acompañado por irregularidades legales y financieras que derivaron en observaciones formales del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Aunque el organismo terminó aprobando las cuentas de la gestión de Gustavo Barrera, lo hizo con reparos, sanciones en evaluación y una larga lista de incumplimientos.
Uno de los puntos más críticos del informe es el sobredimensionamiento de la planta municipal. Según el análisis oficial:
- Cargos aprobados: 2.680
- Cargos ocupados: 3.256
- Exceso: 576 empleados
El dato no sólo refleja un desvío administrativo, sino también un impacto directo en las cuentas públicas, en un contexto donde el municipio además registró déficit.
El exceso no es homogéneo. Algunas áreas presentan diferencias especialmente llamativas:
- Secretaría de Cultura, Educación y Deportes: +325 cargos
- Secretaría de Seguridad y Coordinación Legal: +252 cargos
- Jefatura de Gabinete: +19 cargos
- Secretaría de Salud: +22 cargos
- Administración Central: +1 cargo
En paralelo, otras áreas aparecen subejecutadas o con inconsistencias, lo que evidencia una estructura desequilibrada y sin planificación clara.
Por otro lado, el informe detectó además una situación aún más grave: empleados asignados a jurisdicciones que no existían formalmente dentro de la estructura orgánica vigente. Esto ocurrió en las secretarías de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; Gobierno y Seguridad; y Acción Social.
Es decir, había personal trabajando en áreas que no estaban reconocidas en el presupuesto aprobado, lo que implica un desvío directo de la normativa.
El Tribunal también cuestionó la calidad de la información: existían agentes que ya no estaban en funciones pero seguían en el sistema, no se habían dado de baja legajos y se mezclaban designaciones temporales (guardavidas, talleristas) sin correcta registración.
Desde el municipio argumentaron que el sistema RAFAM no reflejaba correctamente la realidad, pero el organismo de control consideró insuficiente la explicación y confirmó la observación.
El segundo eje crítico del informe es el de las designaciones de funcionarios y responsables de áreas, donde se detectaron múltiples irregularidades.
- Nombramientos mal realizados: El Tribunal observó que mediante el decreto 04/2024 que se designaron responsables por nombre y no por cargo.
Esto contradice la normativa vigente, que exige designaciones institucionales y no personalizadas. Esto genera un problema clave: cada cambio de funcionario obliga a rehacer el esquema, afectando la trazabilidad y el control.
- Funcionarios que ya no estaban en sus cargos: El informe detectó casos concretos donde personas designadas como responsables ya no ocupaban esos cargos y no se remitieron los actos administrativos de reemplazo. Entre ellos: Sabrina Gimena Biondani, Andrea Carolina Runco, Nancy Edith Pavón, Luciano Javier Dorcazberro, María Belén Faldutti, Edith del Carmen Aravena, Bárbara Daiana Pérez, Alejandro Rafael Gallardo y María Dolores Pagano. En todos los casos, no se aportó documentación que justifique la situación, por lo que la observación fue ratificada.
- Funcionarios omitidos en la nómina oficial: Además, el municipio directamente no informó a varios responsables de unidades ejecutoras, lo que dificulta la auditoría. Entre los nombres omitidos figuran: Pamela Melisa Richieri, Gustavo Oscar Baldessari, María Florencia Maillo, María Marta Santurión, Sabrina Alejandra Ruiz, María Cecilia Condori Quiroga, Myriam Liliana Alonso, María Lujan Pérez, Héctor Daniel D’Alonzo, Marcela Esther Candia, Sandra Adelia García, Daniela Elizabeth López, Manuel Robinson Amrhyn, Zunilda Wertz, Cecilia Bosisio, Marcela Andrea Echandia, Claudia Alejandra Boso, Xoana Andrea Benítez, Andrea Verónica Seery, Juan Manuel Cadena, Cristian Leonardo Angelini, Agustina Dragojevic, Sebastián Ignacio Pavan, Luciana Macarena García Merkin y Marcela Alejandra Escobar. El Tribunal fue claro: la nómina estaba mal confeccionada, lo que entorpeció el control.
Más allá del foco puesto en el manejo del personal, el informe del Tribunal de Cuentas expone un cuadro financiero y administrativo complejo. Las cuentas del municipio cerraron con un resultado financiero negativo superior a los 1.200 millones de pesos, que se profundiza hasta alcanzar un rojo cercano a los 2.700 millones según el resultado global. Ese desequilibrio convive con una deuda flotante que supera los 3.000 millones, además de observaciones sobre su registración y pago, lo que agrega incertidumbre sobre la verdadera dimensión de los compromisos asumidos.
En paralelo, los auditores detectaron irregularidades en contrataciones de obras, bienes y servicios, con expedientes puntuales cuestionados por incumplimientos normativos. A esto se suma un aspecto institucional delicado: el departamento ejecutivo que conduce Gustavo Barrera avanzó en la firma de convenios y contratos sin la correspondiente ordenanza, lo que para el Tribunal implica una extralimitación de funciones y una invasión de competencias del Concejo Deliberante.
El documento también señala debilidades en los controles internos, con falta de respaldo en cuentas, inconsistencias contables y documentación incompleta. Incluso se advierten situaciones que exponen riesgos patrimoniales directos, como un seguro de Tesorería muy por debajo de los montos efectivamente manejados o la existencia de inmuebles municipales sin escrituración formal, lo que impide acreditar plenamente su dominio.

A esto se agregan observaciones sobre distintos contratos —desde locaciones de servicios hasta la compra de pasajes y convenios con empresas y profesionales— que, sin necesariamente constituir ilícitos por sí mismos, presentan falencias en su instrumentación y control.
En conjunto, el caso de Villa Gesell deja ver un patrón que va más allá de situaciones aisladas: desorden administrativo, fragilidad en los mecanismos de control y decisiones adoptadas por fuera del marco normativo. El volumen y la persistencia de las observaciones —en especial en áreas sensibles como personal y contratación— reabren el interrogante sobre el grado de cumplimiento efectivo de las reglas que ordenan la gestión pública.
Las irregularidades no sólo quedaron asentadas, sino que derivaron en sanciones concretas. El organismo resolvió aplicar multas millonarias a los principales responsables de la gestión, encabezados por el intendente Gustavo Barrera, quien deberá afrontar una penalidad de 1,7 millones de pesos. También fueron sancionados el contador municipal Martín Federico Presentado, con 1,5 millones; el secretario de Hacienda Gustavo Víctor Ciriaco, con 500 mil; y el director de Personal Fernando Matías Croce, con 300 mil.
A la par de las multas, el Tribunal dispuso una extensa lista de amonestaciones a funcionarios de distintas áreas, desde Asesoría Legal hasta Turismo, Salud, Obras Públicas y Desarrollo Social, lo que evidencia que las observaciones no se limitaron a un área puntual sino que atravesaron buena parte de la estructura municipal.
Pero el dato que termina de encender las alertas es que, además de las sanciones, se formularon cargos económicos concretos que deberán ser devueltos, con responsabilidades solidarias entre varios funcionarios, incluido el propio intendente. Y, como si fuera poco, el organismo dejó varios temas bajo análisis, advirtiendo que los involucrados no quedan exentos de responsabilidad hasta que se resuelva definitivamente cada caso. (www.REALPOLITIK.com.ar)