El Clan Aloi: Costa Rica, millones, amenazas y un apellido cargado de escándalo

El Clan Aloi vuelve a quedar en el centro de una grave denuncia judicial. En este caso, el líder Lisandro Aloi, junto con Juan Pablo Issel, Rodrigo Rossetto y Damasia Fernández Górgolas, aparece señalado en una querella presentada en la Justicia porteña por una presunta estafa millonaria vinculada a desarrollos inmobiliarios en Tamarindo, Costa Rica, que habría afectado a un grupo de damnificados que asegura haber sido captado mediante promesas de inversión, participación societaria y entrega de tierras que, según la denuncia, nunca se concretaron.

De acuerdo con la presentación judicial, los denunciantes sostienen que no sería la primera vez que el apellido Aloi aparece vinculado a conflictos, denuncias y controversias económicas, algo que puede observarse en distintas publicaciones periodísticas, registros públicos y material disponible en internet, donde se mencionan antecedentes de disputas comerciales y denuncias previas relacionadas con emprendimientos y operaciones financieras. En ese contexto, la querella se presenta como un nuevo capítulo que vuelve a colocar al clan bajo la lupa, mientras los denunciantes señalan que esperan una respuesta pública de su padre, Carlos Alberto Aloi, a quien describen como una figura con peso económico y político que históricamente habría intervenido en conflictos empresariales y judiciales vinculados al entorno familiar.

La causa que comenzó a moverse en los tribunales porteños ya no se presenta como una simple disputa comercial. Lo que describe la querella es una presunta maniobra defraudatoria de gran escala, sostenida sobre promesas de alta rentabilidad, sociedades en Costa Rica, desarrollos inmobiliarios que habrían sido presentados como inversiones seguras y una estructura profesional que, según la acusación, terminó en terrenos vacíos, acciones inexistentes y un cuadro posterior de presiones e intimidaciones.

Según el expediente, Lisandro Aloi, Juan Pablo Issel, Rodrigo Rossetto y Damasia Fernández Górgolas habrían participado en la captación de inversores para dos sociedades inmobiliarias en Costa Rica, Air Tesoro SA y Air Homes Dos SA, presentadas como parte de un esquema de desarrollo con aprobaciones, inversores activos y obras en marcha. La narrativa comercial incluía renders, maquetas digitales, proyecciones de rentabilidad y promesas de valorización acelerada en uno de los destinos turísticos más demandados de Centroamérica.

La magnitud económica del caso es uno de los puntos más relevantes. La documentación acompañada en la querella habla de aportes millonarios realizados por el grupo de damnificados, con compromisos de entrega de acciones, participación societaria y adjudicación de tierras dentro de los desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, según la denuncia, lo prometido nunca se materializó: no hubo acciones entregadas, no hubo tierras adjudicadas y no hubo avances de obra verificables en los terrenos.

Uno de los nombres que adquiere especial relevancia dentro del expediente es el de Damasia Fernández Górgolas, señalada como fiscal de las sociedades del emprendimiento en Costa Rica. La querella menciona su intervención institucional dentro de la arquitectura societaria del proyecto y sostiene que la investigación deberá determinar su grado de responsabilidad en la presunta maniobra, en función de su rol dentro de las personas jurídicas involucradas.

De acuerdo con la presentación judicial, integrantes del grupo de damnificados viajaron a Costa Rica para verificar el desarrollo inmobiliario y constataron la ausencia de obra real, encontrando terrenos sin infraestructura ni construcciones en marcha. Ese dato, según la denuncia, refuerza la hipótesis de una presunta defraudación y explica por qué la causa avanzó en sede penal.

Presiones y amenazas

La denuncia agrega otro elemento explosivo: cuando la mujer y su esposo empezaron a exigir explicaciones, acciones y devolución de fondos, la respuesta no habría sido una rendición de cuentas sino un intento de imponer la firma de una nueva carta poder y de un nuevo acuerdo que funcionara como un cierre total de responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra índole. A partir de ahí, el caso dio un salto todavía más grave: la querella y la medida cautelar de San Isidro describen presiones y amenazas atribuidas a Rodrigo Rossetto, en episodios ocurridos dentro del barrio donde vive la pareja. La Justicia provincial terminó imponiéndole prohibición absoluta de contacto y cese inmediato de actos de perturbación y hostigamiento. 

En paralelo, la causa por la presunta estafa ya produjo otra señal fuerte: el juzgado nacional entendió que había motivos suficientes para habilitar un allanamiento en el domicilio de Costa Rica 4564, donde funciona la firma SANO-ARA, para secuestrar documentación, soportes digitales y material vinculado a Air Tesoro, Air Homes Dos, 3-101-816800 S.A. y las operaciones relacionadas con la pareja y con Emiliano Aloi. El mensaje judicial es claro: la hipótesis ya no se está leyendo como una simple discusión comercial, sino como un caso que amerita medidas intrusivas para preservar prueba y reconstruir responsabilidades. 

Y allí el apellido Aloi vuelve a cargar peso propio. Porque este expediente no aparece sobre terreno neutral. Durante 2025 y 2026, medios y portales de Argentina y Uruguay publicaron notas sobre Emiliano Aloi en las que volvió a ser vinculado con el caso vial de Mariano “Tutu” Álvarez y con expresiones como “asesino al volante” o “asesino detrás del volante”. Esas publicaciones no forman parte de esta causa ni equivalen a una sentencia judicial dentro de este expediente, pero sí muestran algo políticamente potente: el apellido Aloi arrastra una estela pública de escándalo, conflicto y exposición negativa que ahora vuelve a encenderse con otra denuncia gravísima. (www.REALPOLITIK.com.ar)

Por eso, la noticia no es solo una querella penal por una inversión en Costa Rica. La noticia es que una mujer y su esposo describen una operatoria donde confluyen una deuda previa de Emiliano Aloi, el rol central de Lisandro Aloi en el desarrollo ofrecido, la participación señalada de Rodrigo Rossetto y Juan Pablo Issel, la intervención societaria de Damasia Fernández Górgolas, la ausencia total de obra, presiones para firmar un acuerdo liberador y un allanamiento ya ordenado por la Justicia. Dicho sin rodeos: cuando faltan los ladrillos, faltan las acciones y sobran las amenazas, el problema deja de ser inmobiliario. Pasa a ser penal. (www.REALPOLITIK.com.ar)