Una serie de chats internos, testimonios directos y documentación oficial a los que accedió REALPOLITIK exponen un cuadro alarmante dentro del centro socioeducativo de restricción de la libertad ambulatoria Santa María Eufrasia Pelletier, dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires (OPNyA).
El material revela presuntos episodios de maltrato, amenazas, hostigamiento psicológico y posibles irregularidades en el funcionamiento institucional, con especial gravedad por tratarse de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Uno de los testimonios más sensibles corresponde a una joven que denunció haber sido víctima de violencia dentro del dispositivo. Según surge de los mensajes, al momento de su traslado ya existían antecedentes conocidos por el personal: “Ellos sabían tanto como Lorena y Rocío mi situación de violencia hacia mí, que yo volvía al Pelletier por un resguardo físico”.
Sin embargo, lejos de garantizar protección, la denunciante asegura que su situación fue utilizada en su contra: “Al saber el miedo que yo tenía se aprovechaban y me amenazaban con mandarme de nuevo a Merlo o a máxima seguridad si yo hablaba”.
En el mismo relato se mencionan episodios concretos de violencia física: “Rocío me quiso pegar dentro del baño y hay testigos”. También se describe un aislamiento sistemático: “Cuando hacían actividad afuera a mí nunca me querían dejar salir”.
Otro testimonio refuerza el clima de hostigamiento: “Yo me fui porque me trataban re mal... Rocío me gritaba en el baño, se me hacía la loca y defendía a las demás”.

Los chats internos entre trabajadores muestran prácticas que, como mínimo, resultan altamente cuestionables. En uno de los intercambios se plantea: “Si no se bañan, no comen”.
También se discuten mecanismos de control sobre las jóvenes: “Se hará una planilla para que cuando se terminan de bañar firman”.
En otros mensajes aparecen referencias despectivas y situaciones de hostigamiento: “Ayer ya le pintó el berrinche a la gorda”. “Se acostó y se tapó toda como una nenita, se puso a hacer berrinche, la ridícula”, agregan.
Además, se describen medidas disciplinarias informales: “Les hice baldear hasta la vereda. Las saqué para ver si alguna se iba pero no resultó”.
Incluso se registran indicaciones de endurecer sanciones: “Anotá que entró de manera desafiante, no queriéndose requisar. Ya de entrada empapelarla”. Y frases que evidencian un clima de violencia simbólica: “Se van a joder ellas si rompen las bolas”.

Según denunciaron fuentes internas, también existirían episodios de discriminación hacia una joven con discapacidad y su madre. En uno de los intercambios se advierte: “Esto es discriminación a una joven con discapacidad que tenemos acá y hacia la madre”.
A su vez, se mencionan deficiencias estructurales en condiciones de vida: “Que se mueren de hambre”, “tortura y violencia constante”, “se vulnera el derecho a la salud”.
Otro de los ejes de la denuncia apunta a un presunto robo dentro de la institución. Según surge de conversaciones aportadas, una operadora habría sustraído un perfume perteneciente a una joven: “Yo te lo llevé el martes... cuando le dije que el perfume era para vos me dijo: ‘No, este perfume es para mí’”.
La víctima luego aseguró: “No, no me dieron nada... fui a buscar mis cosas y no me dieron más nada”.
De acuerdo a la fuente, la trabajadora eñalada sería cercana a la conducción del lugar, lo que habría dificultado cualquier tipo de reclamo interno.

Entre la documentación aparece un memorándum oficial fechado el 23 de abril de 2026, donde se informa que una coordinadora “deja de cumplir funciones… por estrictas razones de servicio” a partir del 1 de mayo. En paralelo, un acta manuscrita indica que la misma persona pasaría a cumplir funciones como operadora, dejando sin efecto su rol jerárquico. Estos movimientos se dan en medio de las denuncias y abren interrogantes sobre posibles reacomodamientos internos dentro del organismo que depende del ministro Andrés Larroque.

En paralelo, fuentes internas señalaron posibles vínculos personales dentro de la estructura del dispositivo que, según advierten, podrían afectar su funcionamiento. En ese sentido, indicaron que la actual directora, Lorena Chamorro, comparte funciones en la institución con su pareja, Sebastián Loffredo, quien se desempeñaría como coordinador de guardia.
Vale recordar que Chamorro y Loffredo fueron directores del centro cerrado de Lomas, de donde fueron apartados luego de que el entonces director regional hiciera público frente al personal del lugar presuntos faltantes de dinero. Luego, como es habitual en la gestión de Claudio "Momia" Otero, devenido en director provincial de Institutos Penales, se los colocó en otro lugar para que le reporten directamente a él.
De acuerdo a los testimonios, desde la asunción de la directora el 1 de septiembre, Loffredo habría tenido una presencia irregular en ese rol, siendo reemplazado en la práctica por otras coordinadoras y operadoras. Asimismo, las fuentes mencionan la cercanía de la operadora Rocío Lazota con la conducción del lugar, así como la presencia de Ayelén Rossi, señalada como familiar directa de la directora.
“Acá trabaja toda la familia”, resumió una de las fuentes consultadas, que además apuntó a presuntas responsabilidades políticas en la conformación del equipo.

Los propios trabajadores reflejan divisiones y tensiones dentro del equipo: “Todo es lamentable. Pero cuando la denuncia la hace un trabajador de ahí es mucho peor”.
Mientras que otros rechazan esa postura: “No es un trabajador. Es una denuncia, compañero. Claramente no lo es”.
Según las fuentes, las autoridades del área estarían al tanto de las denuncias: “Están al tanto de que hay pruebas pero se hacen los tontos para seguir teniendo a su gente”.
Entre los nombres mencionados aparecen responsables del organismo, aunque hasta el momento no hubo pronunciamientos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)