Dolores: Maniobras irregulares por miles de millones complican a Juan Pablo García

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición 2024 de la municipalidad de Dolores, pero dejó plasmado un extenso listado de observaciones, irregularidades administrativas y sanciones económicas contra funcionarios de la gestión de Juan Pablo García, con eje en contrataciones de obra pública, fallas en controles internos y graves inconsistencias documentales.

El núcleo más delicado del fallo gira alrededor de un esquema que el propio Tribunal consideró contrario a la ley Orgánica de las Municipalidades: la contratación directa de mano de obra mientras los materiales se adquirían por separado, utilizando la figura de “obra pública” para evitar concursos de precios o licitaciones.

Según el HTC, la normativa “no contempla que el municipio contrate la mano de obra por un lado y provea los materiales por el otro”.

Más de 108 millones bajo observación

Uno de los expedientes observados fue el 4032-84.404/24, vinculado a la construcción de 60 nichos en el cementerio local. Allí, mediante el decreto 455/24, el municipio contrató en forma directa al proveedor José Luis Victorino por 5.500.000.

El Tribunal entendió que, por monto y modalidad, correspondía realizar un concurso de precios y no una contratación directa. Además, responsabilizó al intendente Juan Pablo García y al jefe de Compras, Emiliano Francisco Fernández.

La misma lógica apareció en el expediente 4032-85.339/24, relacionado con la construcción de 1090 metros lineales de cordón cuneta con badenes y curvas en el barrio García Cuerva. Allí se contrató directamente a Pablo Fabián Muñoz por 27 millones.

En otro expediente, el 4032-85.385/24, el municipio autorizó la contratación directa de mano de obra para construir 108 nichos en el cementerio local. El adjudicatario volvió a ser José Luis Victorino, esta vez por 16 millones.

También quedó bajo observación el expediente 4032-84.914/24, correspondiente a la licitación privada 12/24, mediante la cual se adjudicó a Martín Ignacio D’Amico la contratación de maquinaria para movimiento de suelo en la Chacra 236 del barrio García Cuerva por 32.670.000.

A esto se sumó el expediente vinculado a plaza Moreno, donde el municipio contrató en forma directa mano de obra por otros 27 millones, adjudicados a Jerónimo Horacio Fernández.

En total, las observaciones sobre este esquema de contratación abarcan al menos 108.170.000.

Certificados incompletos, falta de fondo de reparo y controles débiles

El Tribunal no sólo cuestionó la modalidad de contratación. También detectó severas deficiencias administrativas y técnicas en las obras auditadas.

En el caso del movimiento de suelo adjudicado a D’Amico por 32,6 millones, el HTC señaló que los certificados de obra “no contenían detalle alguno” sobre las calles intervenidas, ni discriminación de maquinaria, equipos y mano de obra. Además, observó la falta de retención del fondo de reparo por 726.907,50.

Situación similar apareció en la obra de cordón cuneta ejecutada por Muñoz. El Tribunal indicó que no existía detalle técnico suficiente en los certificados, no se describían montos ni unidades de maquinaria, faltaba retención del fondo de reparo por 729 mil pesos y los expedientes no estaban foliados correctamente.

En la construcción de 108 nichos adjudicada nuevamente a Victorino, el HTC cuestionó que los certificados se confeccionaron “de forma global”, no se detallaron tareas por avance de obra y no se adjuntaron inicialmente actas de recepción provisoria y definitiva.

Incluso en plaza Moreno, el Tribunal sostuvo que la secretaría de Obras inició expedientes para contratar mano de obra directa y adquirir materiales por separado, un mecanismo que reiteró que la ley no contempla.

El Tribunal también puso la lupa sobre las cuentas municipales

Aunque el foco central del fallo estuvo puesto en contrataciones y obras públicas, el HTC dejó otra advertencia de enorme peso institucional: la municipalidad cerró el ejercicio con un saldo de 4.999.015.410,66, pero “no demostró la real existencia de los mismos en caja y cuentas bancarias”.

El organismo también detectó inconsistencias entre registros contables y movimientos bancarios, incluyendo créditos registrados en la contabilidad que el banco no reflejaba y viceversa.

A eso se agregó otra observación estructural: la ausencia de formularios obligatorios vinculados a programación física y financiera del presupuesto, ejecución trimestral de metas y seguimiento de proyectos.

Según el Tribunal, el municipio no presentó formularios esenciales del sistema RAFAM ni informes de ejecución física trimestral de metas y obras.

Multas, cargos y sanciones

El fallo terminó con sanciones económicas concretas contra funcionarios municipales. En ese marco, el Tribunal aplicó una multa de 1.800.000 al intendente Juan Pablo García; una multa de 600 mil al jefe de Compras, Emiliano Francisco Fernández; y una multa de 500 mil a la contadora municipal María Alejandra Arrechea.

Además, recibió una amonestación el secretario de Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente, Juan Rafael Vincenti.

También hubo llamados de atención para: Leandro Ezequiel Oldoni, director de Presupuesto; Jonathan Emanuel Chaar, contador municipal; Pedro Gabriel Cademartori, tesorero municipal; y Cintia Noelia Quinteros, secretaria de Gobierno.

El fallo incluso mantuvo reservas abiertas sobre otros expedientes y advirtió que distintos funcionarios “no deberán considerarse exentos de responsabilidad” hasta tanto el Tribunal se pronuncie definitivamente.

Por otra parte, el HTC formuló un cargo económico contra el exintendente Camilo Etchevarren por 108.920,74, en solidaridad con la contadora María Alejandra Arrechea.

En conjunto, la resolución expone un cuadro de contrataciones observadas, controles administrativos débiles, inconsistencias contables y fallas sistemáticas en la documentación de obras públicas durante el ejercicio 2024 de la municipalidad de Dolores. (www.REALPOLITIK.com.ar)