El laberinto judicial de las causas por violencia de género y la doble vara de Conte Grand

Este martes por la mañana en el Senado bonaerense, la titular del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo, Laurana Malacalza, presentó un informe demoledor que pone en blanco sobre negro la problemática de la violencia de género y el acceso de las víctimas a la Justicia. La senadora Mónica Macha presentó un proyecto para modificar esta situación, que ya fue rechazado por el procurador Julio Conte Grand... con doble vara.

El ex secretario de Legal y Técnica descartó de plano la posibilidad de crear fiscalías especializadas en Violencia de Género, un proyecto que Macha presentó en noviembre del año pasado y que puja por hacerse lugar en una durmiente cámara alta. 

Las razones técnicas de Conte Grand podrían ser debatidas, según explicó Macha a REALPOLITIK, pero el principal argumento es político: en una carta que enviada directamente a la legisladora, plantea que no es potestad del poder legislativo crear estas fiscalías, sino del propio Ministerio Público Fiscal. Y que recién entonces la Procuración podría definir cuántas unidades se necesitan en los 18 departamentos judiciales bonaerenses.

Según consta en el escrito al que accedió esta agencia, Conte Grand estima oportuno "reivindicar las facultades del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires a los fines de definir la política criminal en el diseño institucional de la provincia y, en su consecuencia, decidir respecto de la estructura operativa y unidades funcionales idóneas para cumplir con los objetivos determinados". 

Macha, por su parte, consideró que "cuando avanzamos en este proyecto de ley entendimos que eso (el debate) le daría una estabilidad distinta a una política pública que si solamente la define el ejecutivo. Al contrario, la enriquece más, le da todavía más valor".

El argumento de Conte Grand deja de ser jurídico para ser político cuando recordamos la ley de creación de fiscalías especializadas en Violencia Institucional, un proyecto también impulsado por la kirchnerista Macha. La Legislatura lo sancionó en diciembre de 2014, aunque la creación de las fiscalías todavía está pendiente. 

Pero hay algo que rebate aun más los argumentos del procurador, y tiene que ver con el papel del actual ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, otrora vicepresidente de la Legislatura de la CABA. Es que en junio de 2015, el recinto aprobó la creación por ley de fiscalías especializadas en violencia de género en todo el territorio de la capital del país. Es que el proyecto, claro, había sido impulsado por el mismísimo Ritondo junto al entonces procurador general de la ciudad, Martín Ocampo.

¿Preocupación económica o doble vara? El factor dinero -la provincia de Buenos Aires tiene, lógicamente, un territorio mucho más amplio que la capital federal- podría ser clave, pero Conte Grand no lo menciona en su carta. Más bien parece tratarse de la famosa doble vara con que el gobierno de Cambiemos se maneja con la oposición.

Esto, claro, se da en medio de una situación preocupante en la Justicia bonaerense respecto de las causas por violencia de género: las estadísticas crecen año a año, se miden mal y, según la titular del OVG, es cada ves más necesario un diseño institucional integrador para contener a las víctimas.

UN LABERINTO JUDICIAL EN LAS CAUSAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante la presentación del informe estadístico 2017, Laurana Malacalza expuso las múltiples plataformas de medición que poseen el Ministerio Público, la Procuración y el ejecutivo para poderar los casos, que en muchas ocasiones usan los términos "violencia de género", "violencia familiar" y "violencia contra la mujer" como si fueran lo mismo. 

En primer lugar, las cargas de información no son obligatorias, lo cual impide trabajar sobre números concretos y resolver las problemáticas en su adecuada magnitud. Por otro lado, existe una disparidad de criterios y una desarticulación total entre los registros, que no suelen cruzarse entre sí -lo que puede provocar, como es de público conocimiento, que un violento termine convirtiéndose en femicida en cuestión de días.

Esto se suma a las múltiples dificultades que las mujeres tienen para realizar la denuncia contra su agresor, denuncia que además suele tardar entre 7 y 10 días en llegar a la fiscalía. Según los análisis del OVG, las causas por violencia de género crecieron más del doble de 2010 a 2015 -aproximadamente de 2 a 10 mil. 

Entre otras cosas, Malacalza destacó que el 92 por ciento de las IPPS (Instrucción Penal Preparatoria) cargadas carecen totalmente de información sobre las víctimas -edad, barrio, condiciones sociales) por lo cual resulta más difícil todavía evaluar medidas de protección. 

"La especialización, tanto en el fuero de Familia como en el Penal, en términos de violencia familiar y de género, es importante. Para nosotras es significativo que exista esa especialización, y que vaya acompañada con un diseño institucional que incorpore la perspectiva de género. No alcanza con crear fiscalías especializadas por medio de una ley o una resolución si esto no viene acompañado por una institucionalización de la perspectiva de género, es decir que haya áreas específicas elaborando directrices, resoluciones, lineamientos de cómo tienen que funcionar esas áreas especializadas", advirtió Malacalza en diálogo con esta agencia.

Y advirtió que no existe, en toda la provincia de Buenos Aires, un área donde esté institucionalizada la perspectiva de género, aunque sí a nivel nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)