El gobierno firmó el acta de defunción: el sindicalismo ha muerto

Eran algo más de las siete de una tarde de julio cuando el presidente Mauricio Macri dio la orden que cambiaría la historia del sindicalismo nacional: “Hay que terminar con estos tipos”. Aquella mañana su secretaria le había procurado un block de hojas A4 opacas y amarillas para no dañar la vista y, en una de esas hojas, escribió cuatro nombres como si de una sentencia de muerte se tratara: Juan Pablo “El Pata” Medina; Roberto Baradel; Hugo Moyano y Víctor Santa María.

El objetivo es notable por lo simple. Meterlos presos o reducirlos a una mera figura de cartón, un títere al que el gobierno pueda manipular como le venga en gana. Las razones para ello, lejos de ser los delitos de corrupción cometidos, la extorsión a la que se ajustaron como modo de vida o las sociedades ilícitas de las que eran parte, fueron muchos menos fantásticas. Se los frena porque son incontrolables. Son seres contestatarios, polémicos, que creen estar por encima de la ley y del gobierno. Y ya es hora que alguien les dé una lección.

El “Pata” Medina, por sólo tomar un ejemplo, se enriqueció ilícitamente a través de sociedades creadas específicamente para lavar el dinero que creaban, a montones, sus actividades extorsivas. Esto solo le valdría una buena temporada en la cárcel, como la que pasó en el año 2001, cuando terminó cuatro años preso por coacción agravada.

No es esta, no obstante, la verdadera razón de su detención. Salvo rarísimas y contadas ocasiones, nunca se encarceló a un dirigente gremial por robar dinero. Analizada la historia sindical argentina, la enorme mayoría de los dirigentes gremiales se han enriquecido ilícitamente. Generan grandes ganancias a través de obras sociales, de los préstamos personales para sus afiliados a tasas usureras, de los subsidios estatales y de la vieja herramienta de la extorsión a las autoridades del gobierno de turno. Lamentablemente, nadie los detiene ni los detendrá por ello.

¿Quién puede ser ajeno a que muchos paros sindicales finalizan cuando el secretario general del gremio recibe un acuerdo por una suma dada de dinero? ¿Quién puede dudar que las obras sociales forman parte de un entramado financiero que les permite a los sindicalistas hacerse de dinero fresco a costa de las necesidades de sus afiliados? Dudar acerca de la existencia de estos negociados sería lo mismo que desconocer que los legisladores provinciales y municipales reciben, de tanto en tanto, jugosas sumas de dinero para aprobar un proyecto o evitar levantar la mano en otro. ¿De qué otro modo se entiende que legisladores, intendentes y sindicalistas terminen sus mandatos notablemente más ricos que cuando llegaron? ¿Quién, en su sano juicio, puede creer que los sindicalistas se enriquecen de forma tan escandalosa únicamente con lo que le dicta su sueldo como secretario general? ¿Por qué, entonces, tienen propiedades, autos y joyas a nombre de sus hijos, de su esposa, de sus contadores y otros prestanombres? La corrupción es una realidad cada vez más generalizada en un país en donde la subcultura del dinero fácil es una epidemia tan arraigada a la identidad nacional, que ya es parte de su historia misma.

Tan arraigada está la corrupción, que ningún sindicalista va preso por corrupto. O peor aún, ningún dirigente político va a juicio por corrupto. Si así fuera, no quedarían más que diez o quince políticos de peso en todo el país caminando libremente por la calle.

No. El sindicalista que va preso, va por molesto. Porque además de ser corrupto, se enfrentó al poder de turno. Se enfrentó al mismísimo presidente o a los empresarios amigos del mismo. Es así que se entiende la detención del Pata Medina, a quien le vinieron a advertir en febrero de 2016 que si bajaba el perfil nadie lo iba a molestar. Pero el muy tozudo no tuvo mejor idea que meterse con la empresa licitadora de la terminal Pereyra y con el propietario de la empresa ABES. Lo mismo ocurre con Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros investigado por tener cuentas en Suiza. Claro está, Santa María tiene esas cuentas desde hace muchos años y nunca nadie le dijo nada, ni siquiera durante el comienzo del gobierno de Cambiemos. El problema no es Suiza, sino que como dueño de Página 12, no paró de incomodar al gobierno de Mauricio Macri. Ahora van por él. No por corrupto, sino por molesto.

Algo similar ocurre con Roberto Baradel. El titular de Suteba no tiene una gran reputación de corrupto, pero durante meses mantuvo un enfrentamiento bestial con María Eugenia Vidal que  dejó sin clases a la mayoría de los chicos de la provincia de Buenos Aires. Él sigue, pero no por corrupto sino por molesto.

Se crea así una nueva tendencia gremial, un disciplinamiento sindical que apunta a que aquel que no se porta bien va preso. Como ocurre con muchos políticos de peso, sobre cuyas cabezas pende como una afilada hoja el siempre atemorizante “carpetazo”. O se portan bien, o salen los trapitos al sol. El problema no es la corrupción, sino la conducta. Corruptos son todos, o casi, pero sólo van presos los que no se porten bien.

Se termina así el sindicalismo argentino propiamente dicho. De ahora en más, ser sindicalista implicará ser obsecuente y agachar la cabeza. Asentir cuando el gobierno ordena algo y, si hay que protestar, que sea con cautela. Porque sino, más le vale al secretario general que pueda justificar todo lo que tiene. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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