Tráfico de armas en el ex RENAR: La punta del iceberg que complica a Gambaro y Cariglino

Durante las primeras horas de la jornada de hoy, este medio se refirió al hecho protagonizado por Néstor Berardozzi, el ex director general de Inspecciones en la gestión de Jesús Cariglino y actual jefe de asesores del senador Roque Cariglino del espacio de Cambiemos. A raíz de un reciente allanamiento derivado de una investigación por cobro de coimas y apriete a comerciantes de Malvinas Argentinas, se le encontraron más de sesenta armas de guerra y quedó detenido a disposición de la justicia federal en la DDI de San Martín. La trama esconde un polémico intríngulis de corrupción que llegaría a las altas esferas del gobierno nacional.

El resto del reparto estelar de este macabro sistema se completaría con la polémica Natalia Gambaro, directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), quien es investigada por los jueces federales Sebastián Ramos y Claudio Bonadio por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

Entre otras cuestiones, el ANMAC (más conocido como ex RENAR) es el organismo encargado de decomisar armas y destruirlas. Según se desprende de recientes investigaciones periodísticas y judiciales, Gambaro llevaría adelante un circuito similar al que generan ciertos sectores de la policía con el negocio de la droga, que luego de decomisarla, en lugar de destruirla, la comercializan para regresarla al mercado negro.

Lo ocurrido con Berardozzi sería solo la punta del ovillo de un entramado delictivo increíble. Gambaro está sindicada de simular la destrucción de armas que, en realidad, y aunque se ignora con qué criterios, irían a parar a dirigentes de Cambiemos para devolverlas al mercado negro.

Conociendo el prontuario de Gamabaro, la historia cobra sentido. Recientemente, la titular del ENMAC fue cuestionada por ocultar un allanamiento al empresario Alfredo Coto, a quien se le habría encontrado un insólito arsenal. También es investigada por tranzar con la empresa Dienst Consulting SA los certificados psicofísicos que, desde la privatización del sistema, pasó a costarle al estado de 400 a 6 mil pesos cada uno. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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