La empresa Centrales de la Costa S.A. es una empresa estatal, en la que el 99 por ciento de sus acciones pertenecen al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el 1 por ciento restante al Banco Provincia de Buenos Aires. Saltó a la fama en septiembre de este año, cuando protagonizó un importante derrame de fuel oil en el Puerto Quequén, del partido de Necochea.
La investigación que se llevó adelante luego del episodio determinó que se debió a una falla técnico-operativa en la central termoeléctrica de la empresa estatal. Insólitamente, cuando la comisión de Medio Ambiente de la ciudad se reunió a tratar el tema, la compañía no envió ningún representante. Así, la reunión se llevó a cabo sin que Centrales de la Costa, la empresa que provocó el desastre ambiental, se haga responsable del hecho. Sí se presentaron, por otro lado, las autoridades locales de Medio Ambiente, miembros de la Prefectura Naval Argentina y los representantes del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.
A raíz de tales antecedentes, se esperaba que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sancione a sus directivos. La noticia que llegó desde la Casa de Gobierno es, no obstante, absolutamente distinta. Lejos de reprender a los culpables del desastre ecológico, la provincia destinará la friolera de 112.508.520 millones de pesos a la empresa estatal, para el pago de erogaciones efectuadas por la empresa en el marco de la repotenciación de la central 9 de Julio.
La resolución fue tomada por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, a través de la resolución RESOL-2017-591-E-GDEBA-MIYSPGP, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)