En un diciembre problemático, el gobierno desvía la atención con el desafuero de Cristina Fernández

Pareciera algo armado, orquestado desde las entrañas mismas del Poder Ejecutivo. Cada vez que el gobierno está en problemas o toma decisiones costosas en el campo político, la Justicia elije al azar una causa y detiene a un funcionario kirchnerista. No pareciera existir una razón para asumir la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos y de quienes compartieron gobierno con ella. Por ende, es natural que la Justicia avance en la investigación de una persona que, ejerciendo un cargo público, pasó de tener 3 millones de pesos a tener más de 200.

Lo llamativo, no obstante, es que cada avance significativo, léase cada pedido de detención, coincida a la perfección con una situación de malestar político en el gobierno. Impuestazo, preso Lázaro Báez. Ajuste previsional, preso Julio De Vido. Ajuste laboral, preso Amado Boudou. Diciembre plagado de marchas, protestas, piquetes y votaciones claves en el Congreso, detención de Carlos Zaninni y pedido de desafuero a Cristina Fernández de Kirchner. Resulta, por momentos, difícil conjugar el sentido constitucional y primordial de Justicia que empuja a la sociedad a reclamar, sujeta a razón y derecho, una severa investigación en el escandaloso enriquecimiento de los funcionarios del gobierno saliente, con un análisis crítico que no deje escapar la extraordinaria coincidencia entre los momentos álgidos de Cambiemos y las detenciones kirchneristas, como si de causa y consecuencia se tratase.

Que Florencia Kirchner, que no tiene trabajo, tenga 4.6 millones de dólares en sus cajas de seguridad, amerita una investigación. Que Lázaro Báez, que era cajero en un banco, tenga más de 2 mil propiedades, argumenta el pedido de Justicia de la sociedad. Los ejemplos se repiten hasta el hartazgo.

Por esas cosas de la política, el destino de Cristina Fernández quedó en las manos de Miguel Pichetto, quien había jurado dejarla sola en el Congreso. Es que, para efectivizar el pedido de desafuero del juez Claudio Bonadío, el bloque Argentina Federal deberá definir si aporta los dos tercios necesarios. El jefe de la bancada PRO en Diputados, Nicolás Massot, anticipó que irán hasta las últimas consecuencias. “Después de mirar tanto tiempo para el otro lado, los jueces deben hacer lo que están haciendo”, sentenció.

Histórico aliado del gobierno y referente de la avanzada judicial sobre lo que queda de la gestión K, el juez Claudio Bonadío fue implacable: “Es de destacar que Fernández, Timerman y Zannini se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que aprovechando los cargos públicos que ejercían -presidente, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, respectivamente, traicionaron a la Nación Argentina con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos”, explicó en las más de 600 hojas que constituyeron su resolución.

¿Será acertada la estrategia comunicacional que impulsa Cambiemos? Es muy probable que así sea. En una era de información efímera y circunstancial, no cabe duda de que la potencial detención de Cristina Fernández de Kirchner cegará a la opinión pública de otros temas, como la desaparición del ARA San Juan, la reforma laboral y la reforma previsional, que quedarán pronto en el cajón del olvido. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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