Los CFP conveniados se oponen al traspaso al ministerio de Trabajo y piden que Vidal los reciba

Detrás de la reforma que impulsa la gobernadora estaría la conformación del Instituto Provincial de Formación Laboral. Argumentando que la medida deja de lado la función social de los CFP, obispados, organizaciones civiles y sindicatos de toda la provincia se encuentran impulsando una “campaña amigable” a través de las redes sociales para que la gobernadora los reciba y los escuche.

En diálogo con REALPOLITIK, Patricia Pace, directiva del Centro de Formación Profesional de la Región 7 de Tres de Febrero, explicó que la “formación profesional es una modalidad que prepara a jóvenes y adultos para el mundo del trabajo, respondiendo a necesidades socio productivas”.

Actualmente la provincia de Buenos Aires cuenta con unos 350 centros de formación profesional, de los cuales 90 son propios de la dirección de Cultura y Educación, mientras que el resto del universo son “conveniados” con distintas entidades, como iglesias, obispados, organizaciones civiles y sindicatos.

Hasta ahora todos dependen de la dirección General de Cultura y Educación de la provincia, pero hace unos dos meses surgió el rumor de un posible traspaso de estos últimos al ámbito del ministerio de Trabajo, lo que implica un recorte de áreas.

La idea de una reforma, que cada vez cobra mayor consistencia en los pasillos de la cartera que dirige Marcelo Villegas, habría surgido del despacho de la propia gobernadora, y ya fue confirmada por el intendente oficialista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien no pudo aportar mayores precisiones. 

Al parecer, todo empezó por aquel tiempo, cuando se abrió en la cartera de Trabajo una mesa de diálogo con los gremios para promover especialidades que respondan al contexto meramente productivo. Luego surgieron las versiones de una reestructuración que implicaría el traspaso del cuerpo de conveniados desde la DGCyE al ministerio de Trabajo, enfocando la capacitación en las áreas específicamente productivas dejando de lado las sociales, más vinculadas al servicio.

El run run fue creciendo en este sentido y puso en alerta a aquellos CFP abocados a la cuestión social, como el que dirige el padre Pepe en la carcova de José León Suárez y que recientemente fue visitado por la mandataria bonaerense en el marco de la campaña electoral. 

“Con esto desaparecerían los proyectos educativos de las instituciones que, además de la capacitación en lo productivo, nos dedicamos a lo social porque estamos insertos en regiones muy vulnerables. Por ejemplo, hay especialidades como gastronomía o peluquería que nos son consideradas formación profesional, sin embargo, en nuestro ámbito constituyen una salida laboral en el área de servicios para incluso muchas mujeres que son sostén de hogar, y esto no está siendo tenido en cuenta”, destacó Pace, directiva del CFP 3 Región 7 surgido en los ‘90 a partir de un convenio con el Obispado de San Martín.

“Por nuestros cursos pasaron más de 20 mil alumnos, chicos que van desde los que tienen solo el primario hasta universitarios que quieren capacitarse. Es decir que el abanico es muy amplio y la demanda es cada vez mayor. Por eso nos parece importante que la gobernadora nos escuche, y comprenda el trabajo social y de contención que se está haciendo y que tiene que ver precisamente con el objetivo de promoción humana que tiene el proyecto desde su inicio”, añadió. 

Sumado a esto los docentes rechazan el traspaso que implica además la pérdida de derechos como tales, más aún teniendo en cuenta la experiencia con el ministerio de Trabajo de la Nación donde el vínculo es precarizado a través de la modalidad de “contratados” como monotributistas. 

Asimismo, cabe resaltar que el trabajo que desempeñan estas instituciones se encuentra amparado por las leyes nacionales 26.206 y 26.058 de Educación y de Educación Técnico Profesional respectivamente y la ley provincial 13.688 de Educación Técnico Profesional, por lo que María Eugenia Vidal deberá meterse de lleno con la reforma de estas normativas antes de avanzar con cualquier cambio estructural que tendría por fin último la creación del Instituto Provincial de Formación Laboral. 

En tanto deberá convencer a la iglesia, ya que además del padre Pepe, la iniciativa es resistida por Caritas, la Conferencia Episcopal y los obispados de la provincia además de un grupo importante de sindicatos que se verían afectados con el recorte.

“Una política educativa no se define detrás de un escritorio, se construye con todos los actores sociales, y nosotros queremos que la gobernadora nos convoque a una mesa de diálogo para poder explicar nuestra postura e incluso avanzar en un trabajo coordinado con el gobierno para vincular a los egresados de los cursos con el mundo laboral”, añadió Patricia Pace.

También expresó que el malestar pasa por la incertidumbre que genera la reticencia de María Eugenia Vidal a abrir el diálogo y el debate. “No sabemos cómo se va a llevar a cabo esta reestructuración, las inscripciones a los cursos se cerraron en diciembre y no sabemos si van a poder comenzar en marzo”, informó.

Por lo pronto, y ante el silencio de las autoridades, instituciones afectadas de toda la provincia se agruparon en torno a una estrategia común de reclamo enviando varias cartas de pedido de una convocatoria. También iniciaron una “campaña saludable” en las redes dando cuenta del trabajo que realizan.

“Albergamos la esperanza de que nos escuchen y que no se recorten estas áreas que son fundamentales para el desarrollo humano”, concluyó Pace.

Finalmente, vale destacar que en el marco del conflicto por la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial, Pace mostró su preocupación ya que los CFP trabajaban en forma conjunta con esta unidad. De hecho, participaron con el dictado de cursos en el marco del plan nacional “111 mil Programadores” impulsado por el ministerio de Trabajo de la Nación, pero que aún los docentes, también “contratados”, no cobraron el sueldo ya que “los cheques están en la UEP”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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