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En el sector de políticas agropecuarias, el 2018 empezó con recortes de personal

REALPOLITIK | 7 de enero de 2018

En materia de política agropecuaria, el mes de enero suele transitar con cierta tranquilidad, pero el comienzo de este 2018 arde, y el plan de reestructuración diseñado por el ministerio de Modernización nacional pega de lleno al sector agropecuario. El primer organismo perjudicado por los despidos fue el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con 130 agentes que perdieron su puesto de trabajo. 

La medida alcanzó a un elevado porcentaje de trabajadores que desempeñan tareas en delegaciones del interior del país, vinculadas a controles sanitarios en el NOA y NEA. Un dato a tener en cuenta, es que el informe redactado por la cartera de Andrés Ibarra detallaba que el organismo sanitario debía sumar 364 personas, para reforzar controles sanitarios en zonas de frontera. Más allá de esta intención, desde la Casa Rosada están enfocados en podar a cualquier precio el aparato estatal, y no miden los efectos de los despidos.

Este cese de contratos tendrá un impacto doble. Por un lado, 130 familias perdieron su fuente de ingresos, y esta ola de despidos podrían continuar en los próximos días. El otro punto, en donde el gobierno nacional mostró una absoluta falta de reflejos, es la cuestión de los controles sanitarios.

Este no es un aspecto menor, y desde entidades que representan a productores citrícolas de Entre Ríos hicieron pública su preocupación por el cese de estos contratos. El otro aspecto que preocupa y mucho a esta cadena de valor es el avance en la delegación de controles sanitarios. Pasando en limpio: una función que debe cumplir el estado la terminarán pagando los productores. 

“El gobierno quiere que nos hagamos cargo de los controles y la prevención de la plaga del HLB, pero también nos preocupa que haya algún problema por los conflictos que hay en SENASA que nos dificulten las exportaciones”, señaló en declaraciones periodísticas Roberto Sánchez Loria, directivo de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa)

Es claro que desde Agroindustria intentan deslindarse de estos costos, y en este sentido no tienen ningún tipo de problemas en trasladarlos a los productores, en un 2017 que mostró a las economías regionales con severos problemas de rentabilidad. 

Por su parte, desde ATE- SENASA fueron muy directos a la hora de evaluar el impacto de esta decisión, y advirtieron que Argentina se encuentra "en riesgo fitozoosanitario". En esta política de Cambiemos queda en evidencia que el afán por reducir el número de empleados a nivel estatal los lleva a cometer gruesos errores.

Hasta este momento, desde el SENASA levantaron las barreras en localidades de Entre Ríos, Corrientes y Tucumán y cesantearon al personal a cargo de esas tareas. La falta de fondos para la producción de cítricos se percibe en los inconvenientes al momento de aplicar programas de control de plagas y enfermedades. Un claro ejemplo es el HLB, una enfermedad que causa estragos a nivel mundial. "El organismo procura transferir esa responsabilidad de monitoreo y control de la plaga a la Fundación Citrícola (ente privado), que se resiste a aceptar la responsabilidad porque no recibe fondos. Además, esa es una función indelegable del estado", señalaron desde ATE. 

Esta delicada situación laboral y sanitaria se produce en el medio de un contexto por demás complejo. El SENASA está acéfalo desde hace tres meses, a la espera de la asunción de su nuevo presidente, el ex secretario de Agricultura Ricardo Negri. El funcionario llega al organismo sanitario después de una feroz interna en el ministerio de Agroindustria, donde claramente perdió primero ante Ricardo Buryaile y su sucesor, Luis Miguel Etchevehere

Por el lado de la cartera agropecuaria nacional, las aguas tampoco están tranquilas. El ministro Etchevehere está en modo turbulencia, agitado por la polémica originada en el pago de un bono de 500 mil pesos desde la Sociedad Rural Argentina y la citación de la justicia entrerriana, en una causa de estafa promovida por su hermana. 

El ministerio de Paseo Colón 982 tampoco está ajeno al plan de Modernización, que contempla a partir de febrero o marzo el despido de 922 empleados de todo el país, sobre todo en áreas como Pesca, Agricultura Familiar, Desarrollo Forestal y Recursos Humanos. En este feroz clima de ajuste, el único organismo que pudo frenar el recorte de mil agentes fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que al menos podrá pasar el verano con algo de paz. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

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