Los productores agropecuarios, cada vez más presos de la burocracia

El sector agropecuario bonaerense comienza el 2018 con una larga lista de reclamos, que incluyen temas sensibles como presión tributaria, la demora en la implementación de emergencia agropecuaria y una lechería con números en rojo, entre otros puntos.

La dirigencia agropecuaria de Buenos Aires no tiene más paciencia con las autoridades provinciales, y la relación empezó a resquebrajarse tras el aumento del 50 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural.

Esta medida marcó un antes y un después en la relación entre el oficialismo bonaerense y el campo. Es interesante analizar el discurso de las entidades gremiales del agro, tomando como punto de inflexión las elecciones legislativas del 22 de octubre. Previo a esta instancia, desde CARBAP, la entidad que nuclea a las sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa, se evitaba confrontar con el gobierno provincial, y siempre buscaba la vía del diálogo.

Con el respaldo de las urnas, la gobernadora María Eugenia Vidal implementó una fuerte suba impositiva en el marco del presupuesto 2018, y los productores empezaron a perder la paciencia. Los gremialistas fueron subiendo el tono de sus declaraciones, y en este primer mes del año, dejan entrever la posibilidad de llevar a cabo medidas de fuerza y reconocen que el ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, más allá de sus buenas intenciones, no tiene peso específico para resolver estos problemas.

En este contexto, y mientras el oficialismo enarbola un discurso de “desburocratizar el estado”, la realidad es que los productores agropecuarios están presos en una maraña de trámites para poder llevar adelante su trabajo. Un documento elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) da cuenta de esta situación, y arroja un resultado sorprendente: un productor de 200 hectáreas necesita realizar unos 270 trámites anuales, entre permisos, certificaciones y demás obligaciones burocráticas.

¿Cómo se llega a esta situación? El punto de partida es la voracidad fiscal de un estado al que solo le importa recaudar, y hace oídos sordos a los reclamos del sector agropecuario, al que recibe con sonrisas de ocasión en reuniones que siempre terminan sin resultados concretos. “Dialogan, pero no escuchan”, sintetizó un dirigente gremial bonaerense en off the record.

Del trabajo redactado por CRA, sobre la base de una encuesta a productores, se hace evidente la falta de coordinación entre las diferentes áreas del gobierno, en sus tres niveles: nación, provincia y municipio. Así, se notan ciertos puntos en común, que se refleja en una elevada complejidad para efectuar trámites, duplicidad de información solicitada por distintas dependencias estatales y, no menos grave, doble imposición de tasas sobre un mismo objeto.

A esta situación, que genera una enorme pérdida de tiempo, se suman los fuertes incrementos en las tarifas de servicios y en combustibles y municipios bonaerenses que buscan por todos los medios aumentar las tasas municipales.

De esta manera, el resultado transita por la vereda opuesta, y según CRA “termina empujando a muchos pequeños y medianos productores a la informalidad”. Pero lejos de intentar revertir esta situación, la gobernadora Vidal ignora a los productores agropecuarios, que cada día que pasa pierde su paciencia y no descarta abandonar las instancias de diálogo para pasar a medidas de fuerza, una foto que el macrismo no quiere ver en absoluto. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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