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Nacionales
Fuentes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dejaron deslizar la posibilidad de que las autoridades judiciales y policiales caigan sobre la Obra Social de los Empleados Municipales de Bahía Blanca (DOSEM), como consecuencia de supuestas irregularidades encontradas en una auditoría iniciada en los últimos días del 2017.
Fuentes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dejaron deslizar la posibilidad de que las autoridades judiciales y policiales caigan sobre la Obra Social de los Empleados Municipales de Bahía Blanca (DOSEM), como consecuencia de supuestas irregularidades encontradas en una auditoría iniciada en los últimos días del 2017.
Sobre los primeros días del 2018, llegó a manos del Tribunal de Cuentas bonaerense el informe con el dictamen originado a partir de la auditoría, en la que salió a la luz una serie de compras por un monto superior a los 4 millones de pesos, que se llevaron a cabo con el objetivo de adquirir medicamentos. El acuerdo vigente que se estableció en la provincia indica que este tipo de insumos deben ser adquiridos, licitación mediante, con la intermediación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, lo que le permite a los sindicatos conseguir un descuento del 23 por ciento.
No obstante ello, en ninguna de las tres compras se obedeció el procedimiento estipulado. Por el contrario, los 703.934 pesos que se gastaron en junio, los 1.629.222 gastados en agosto y los 1.669.127 de noviembre fueron todos tramitados en el formato de compra directa y sin puja de precios. Todo el dinero, además, fue a parar a una droguería bahiense.
Uno de los más complicados en el caso es el gerente administrativo de la mutual, el contador Oscar Rivera, quien ya había tenido problemas en otra oportunidad, cuando imputó gastos por 55 mil pesos para irse dos días a Mendoza.
Las opciones a la que se enfrenta la mutual, en este momento, son dos: El Consejo de Administración de la misma puede pagar de su propio bolsillo la diferencia entre lo que se gastó y lo que debiera haber costado la compra adhiriéndose a la ley, o en caso contrario enfrentar una denuncia por malversación de caudales públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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