La trama oculta: ¿Detrás de la movida contra el juego se esconde una ayudita a Cristóbal López?

La actualidad política argentina pareciera estar atravesando un período de desengaños, en el que se corre el velo de lo aparente y surge el rostro de la verdad, que no siempre es el que la sociedad espera encontrar. Con la irrupción, una vez más, de las escuchas telefónicas entre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el otrora director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, no son pocos los kirchneristas de paladar negro que deben saborear la amarga medicina que las palabras de su propia jefa traen aparejada.

Frases como “nunca me importó el Partido Justicialista” y “Menem fue la renovación” son sin dudas un duro golpe. Si hubiesen salido de la boca de Mauricio Macri serían la comidilla del día, pero salieron de la boca de La Jefa. Pareciera que para ella, mal que les pese a sus seguidores, el PJ es desechable, no tiene importancia, y la década del 90, que tanto fustigó desde los atriles de sus actos multitudinarios, resulta que fue la etapa de la renovación, un período glorioso de la política nacional.

Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿qué se oculta detrás de la famosa “guerra contra el juego”? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció semanas atrás que no dejaría piedra sin remover para que el juego legal quede completamente desamparado en el territorio bonaerense. Con buen tino, explicó que el dinero que, en forma de subsidios, la administración general suele destinar a salas de juego e hipódromos, bien pudieran ir a parar a escuelas, patrulleros y hospitales. La lógica empleada es, ciertamente, intachable.

Cumpliendo a rajatabla con lo prometido, la semana pasada anunció a través de las redes oficiales su decisión de reducir los subsidios de los hipódromos de La Plata, San Isidro, Tandil y Azul en el orden del 30 por ciento. No solo ello, sino que además anticipó que presentará un proyecto de ley que se propone eliminar, gradualmente, la totalidad del auxilio económico del Estado a las casas hípicas en los próximos cuatro años.

A vista de águila, la decisión busca cumplir con lo prometido. Dejar de otorgarle dinero al juego para invertirlo en jubilaciones, escuelas, patrulleros y hospitales. De cumplirse la medida, implicará una muy necesaria inyección del orden de los mil millones de pesos en sectores tristemente postergados.

En un análisis pormenorizado, no obstante, también salen a la luz otros beneficiados.

A excepción de los pequeños hipódromos de Tandil y Azul, hay solo 3 casas hípicas de importancia en la provincia de Buenos Aires: San Isidro, La Plata y Palermo. Los primeros dos pertenecen al Estado, mientras que el de Palermo tiene una estructura privada, que se compone fundamentalmente de las máquinas tragamonedas y el casino, propiedad de Casino Club, HAPSA y CIRSA. Las carreras de caballo son poco menos que ornamentales. En este contexto, las medidas de Vidal benefician largamente al hipódromo de Palermo, que prácticamente se queda sin competencia, pasando a monopolizar todo el circo hípico bonaerense. En números finos, se trata de una maquinaria que, solamente en Palermo, factura algo más de 2 mil millones de pesos al año.

No es ninguna novedad que el gobierno de Cambiemos prefiere incentivar lo privado por sobre lo público. Es parte del ADN del equipo de trabajo del presidente. Pero, ¿quién se esconde detrás del negocio del juego privado del hipódromo de Palermo? Nada más ni nada menos que Federico de Achával, socio de Cristóbal López.

Como se ha comprobado largamente, no son pocos los amigos del gobierno actual que comprometieron inversiones en las empresas de Cristóbal López. El hecho de que el empresario ligado al kirchnerismo haya presentado la quiebra resulta, lógicamente, un duro golpe al bolsillo de los que confiaron sus ahorros en él. La llamada “Guerra al Juego” ciertamente beneficia a López y les permite respirar a los amigos del poder, que ven una posibilidad cierta de salvar sus inversiones.

Un dato importante: a finales del año 2013, los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez presentaron una denuncia en el juzgado correccional número 1, en la que acusaban a Mauricio Macri y Nicolás Caputo de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la creación de un acuerdo para “condonar alrededor de mil millones de pesos adeudados en Ingresos Brutos al empresario Cristóbal López”, lo que probaría que no es la primera vez que el macrismo le hace gruesos favores al empresario vinculado a CFK. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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