Las lecciones que dejó la “125”, el conflicto por las retenciones móviles que dividió a la sociedad

Hace diez años, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó implementar la resolución 125/2008, con el objetivo de crear un sistema de retenciones móviles para soja, trigo y maíz. En marzo de 2008, Argentina se encontraba en la recta final para una cosecha de la oleaginosa que se proyectaba en 47 millones de dólares, con un 35 por ciento de retenciones y un dólar que cotizaba por debajo de los 4 pesos.

Esta medida, anunciada en conferencia de prensa por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, marcó un antes y un después en la política agropecuaria argentina. Si bien la aplicación de derechos de exportación a los cultivos es una práctica tributaria habitual en la historia argentina, y que se retomó tras la crisis de 2001, la “125” significó un quiebre brutal en la relación entre campo y gobierno.

En los primeros días de marzo de 2008, corrían rumores cada vez más fuertes sobre un posible aumento en las retenciones a la soja. Su precio en el mercado de Chicago estaba por perforar el techo de los 600 dólares por tonelada, y el oficialismo buscaba sacar el máximo rédito de ese viento de cola. La medida se tomó de manera unilateral, y establecía un esquema en donde el porcentaje de retención variaba de acuerdo al precio del grano.

Con este esquema, si la cotización sojera superaba los 600 dólares, representaba para el sector agropecuario un 45 por ciento de retenciones. Esta posibilidad fue el detonante de un conflicto que se extendió por espacio de cuatro meses, y significó un duro golpe para el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner.

De manera desordenada primero, y luego bajo el paraguas de la Mesa de Enlace, el sector agropecuario protagonizó una virulenta resistencia a una medida que consideraba a todas luces injusta. Cortes de ruta, paro de transporte y un estado de tensión permanente en todo el país. En paralelo, los cuatro dirigentes de la Mesa de Enlace pasaban a ser conocidos fuera del ámbito agropecuario. Los rostros de Luciano Miguens (Sociedad Rural Argentina), Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina), Carlos Garetto (CONINAGRO) y Mario Llambías (CRA) inundaban todas las pantallas.

El conflicto siguió su curso. Actos multitudinarios  en las grandes ciudades, centenares de miles de ciudadanos que gritaban “el campo somos todos”, pero no entendían cabalmente las consignas que cantaban a viva voz. En el otro rincón, un oficialismo que se vio desbordado y tuvo que preparar un proyecto de ley para llevar las retenciones al Congreso nacional.

Con la guerra declarada, los adversarios no ahorraron golpes bajos para imponerse frente a la opinión pública. En esos agitados días términos como “golpistas”, “piquetes de la abundancia” y “oligarcas” eran moneda corriente.

En esta instancia, el tsunami “125” se cobró su primera víctima, el ministro Lousteau, que fue desplazado de su cargo y reemplazado por el contador Carlos Fernández, un técnico de bajo perfil. El proyecto pasó por la cámara baja y llegó al Senado, en donde tras un dramático empate fue removido por el entonces vicepresidente Julio Cobos, con el famoso voto “no positivo”.

Una primera lectura establece que el gran perdedor de esta contienda fue el oficialismo. La segunda, es que la oposición encontró un hueco en la hasta entonces inexpugnable armadura K. ¿El agro aprovechó esta situación? A medias.

A su manera, el oficialismo intentó remediar el daño sufrido, de cara a las elecciones legislativas de 2009. El secretario de Agricultura nacional, Javier de Urquiza fue reemplazado por Carlos Cheppi, mientras desde la Casa Rosada planeaban el pase a ministerio de esta cartera.

Estas medidas no fueron suficientes, y en junio de 2009 el bloque Unión Pro, encabezado por Francisco de Narváez, derrotó en las elecciones a Diputados y por dos puntos al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, cuya principal carta era el ex presidente Néstor Kirchner.

Con resultados similares en otras provincias, el Congreso nacional sumó once diputados vinculados al sector agropecuario, entre los que se destacaban figuras como Ricardo Buryaile, formoseño de extracción radical vinculado a CRA, y que con el correr de los años sería el primer ministro de Agroindustria de la era Cambiemos.

Los dos años que transcurrieron hasta 2011, en donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó la reelección con un amplio margen de votos, no fueron aprovechados por esta pequeña pero representativa “bancada agropecuaria”, que no supo crear leyes de peso para el sector, y sobre todo renovarse. 

El décimo aniversario de este evento encontró a los ex dirigentes de la Mesa de Enlace en una especie de raid mediático, en donde fueron recibidos por el ministro de Agroindustria nacional, Luis Miguel Etchevehere, e incluyó pasos por programas de televisión y culminó en un acto en la localidad bonaerense de San Pedro. El escenario elegido no fue casual, porque en esta localidad se llevó a cabo el primer acto central de la Mesa de Enlace.

En el evento estuvieron presentes los cuatro ex presidentes que encabezaron las entidades agropecuarias en 2008 y figuras políticas como la diputada nacional Elisa Carrió, el senador nacional Alfredo de Ángeli, el ministro Etchevehere y el de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, entre otros.

El acto contó con una reducida presencia, que estuvo lejos de los días de gloria de la Mesa de Enlace, cuando convocaban a centenares de miles de personas en todo el país. Unas quinientas personas siguieron con atención el homenaje. Pero claro, la foto del día siguiente fue con el plano bien cerrado, para que no se note el vacío. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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