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Legislativas
Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. El derrocamiento de los gobiernos elegidos por el pueblo, la reprensión de los conflictos expresados en huelgas y protestas que surgían de diferentes sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, desgraciadamente, frecuentes desde esa época
Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. El derrocamiento de los gobiernos elegidos por el pueblo, la reprensión de los conflictos expresados en huelgas y protestas que surgían de diferentes sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, desgraciadamente, frecuentes desde esa época.
Como siempre, necesitamos denominar con algún título que le dé cierta legitimidad a los genocidios de la historia Argentina. La conquista del desierto es un claro ejemplo, en el que llamamos desierto a un lugar habitado por los pueblos originarios.
En este caso, el gobierno de facto se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”,y estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
La dictadura militar contaba con un programa de tres etapas fundamentales: un orden institucional, la revalorización de la autoridad y por último la consolidación del proceso.
Algunos historiadores la llaman dictadura cívico-militar, porque consideran que tuvo el apoyo de grandes empresarios, que se enriquecieron con las políticas económicas del gobierno de facto. Sectores conservadores que ayudaron al silencio de la opinión pública por un tiempo, y los medios de comunicación hegemónicos que hicieron su parte junto a los grandes formadores de opinión.
El 24 de marzo de 1976, el teniente general Videla, acompañado por el almirante Massera y el brigadier general Agosti, pronunció las primeras medidas. Entre éstas, se disponía la caducidad de los mandatos del presidente de la Nación, de gobernadores e intendentes, la disolución del Congreso Nacional y las legislaturas provinciales.
Luego removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos políticos, intervinieron las universidades, y se creó un órgano de censura para los medios de comunicación, condicionando así a todas las instituciones fundamentales de la vida democrática.
Si hablamos de la política económica ejecutada por la dictadura, podríamos resumir en que se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de mercancías desde el exterior por sobre la producción interna. Los productos importados empezaron a llenar las góndolas de los supermercados.
El problema fue que la clase trabajadora, con las fábricas cerradas, sin salario, sin obra social, sin poder comprar alimentos y la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. El aumento de la pobreza fue creciendo de manera acelerada, comenzando lo que hoy denominamos exclusión social.
Sin embargo, esta dictadura tuvo particulares inéditos, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado. Un antecedente de esta práctica fue la formación de la triple A, comandada por López Rega, ministro de Desarrollo social del gobierno de Estela Martinez de Perón. Estas características se podrían encuadrar dentro de acciones de violencia nunca antes vistas por la sociedad.
Entre los años en que duró esta dictadura, más de 30 mil personas fueron desaparecidas y se cometieron un centenar de secuestros. Se establecieron centros clandestinos de detención, a donde llevaban a las personas para ser torturadas, luego caratulados como “desaparecidos”. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.
Los años que transcurrieron bajo la dictadura estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Estas acciones también formaban parte de un propósito mayor conocido como Plan Cóndor, el cual ya operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como acoplamiento entre las distintas dictaduras que se habían instaurado en otros países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.
Para 1982, el gobierno militar ya no tenía ningún tipo de apoyo. La gente que había estado mirando para el costado, comenzó a protestar, y las presiones internacionales también eran fuertes.
Por esa razón, la Junta buscó legitimarse en el poder con la guerra de las Islas Malvinas. Este fue el fin de la dictadura, ya que se enfrentaron a una trágica derrota. El 30 de octubre de 1983 se llama a elecciones, y el 10 de diciembre volvió la democracia a la Argentina.
Todos los 24 de marzo, recordamos a las víctimas de este oscuro proceso con el fin de buscar Justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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