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4 de abril de 2018 | Campo

Panorama REALPOLITIK

Política impositiva, la gran ausente en los anuncios de Vidal para el agro

En un camino rural de Bragado, y con una motoniveladora de fondo, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció obras para el sector agropecuario bonaerense. Flanqueada por funcionarios de su gabinete, Vidal dio un paso más para restablecer la relación con el sector agropecuario, dañada desde aumento del impuesto Inmobiliario Rural.

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En un camino rural de Bragado, y con una motoniveladora de fondo, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció obras para el sector agropecuario bonaerense. Flanqueada por funcionarios de su gabinete, Vidal dio un paso más para restablecer la relación con el sector agropecuario, dañada desde aumento del impuesto Inmobiliario Rural, a finales del año pasado.

La estrategia oficial en materia agropecuaria apunta a consolidar una relación sin sobresaltos con la dirigencia agropecuaria bonaerense, sobre todo con CARBAP, la entidad que nuclea a productores bonaerenses y pampeanos. Las primeras señales de este cambio en la política agro se pudo ver en el discurso de Vidal en la apertura de las sesiones legislativas, cuando mencionó al campo en su discurso, situación que se repitió durante la muestra Expoagro.

Como corolario, la gobernadora anunció obras en Bragado basadas en tres ejes:
caminos rurales, créditos del Banco Provincia y un análisis detallado de los municipios para implementar la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Estas medidas fueron muy bien recibidas por los ruralistas de Buenos Aires, que bajaron los decibles de su discurso y vuelven a una especie de “foja cero” con la gobernadora. Pero la realidad indica que no hubo un solo anuncio concreto  en materia impositiva, uno de los puntos que generaron fricción entre campo y gobierno.

Las obras viales contemplan el mantenimiento, extensión y mejoramiento de 12 mil kilómetros de caminos rurales hasta 2019. Se priorizarán trazados cercanos a escuelas y tambos, y en una primera etapa se trabajarán sobre 4 mil kilómetros, que afectan a 17 municipios. Si bien desde el gobierno anunciaron esta medida con bombos y platillos, la realidad es que solo cubre un 15 por ciento de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires.

Los créditos del Banco Provincia son en realidad una ampliación de una línea de emergencia que la entidad bancaria viene trabajando. Se trata de créditos a cuatro años y tasa subsidiada al 9 por ciento. Tendrá un plazo de dos años, que se prorrogará por otros dos años para productores afectados por las inclemencias climáticas.

En el caso de Emergencia Agropecuaria, solo quedó la promesa oficial de analizar en detalle cuales son los municipios y productores afectados. Este punto no es menor, porque los productores que ingresan en Emergencia cuentan con exenciones impositivas.

Sin lugar a dudas, la gran ausencia en esta batería de medidas fue una revisión profunda del aspecto impositivo, el tema más sensible para el sector. La suba del Inmobiliario Rural en un 50 por ciento fue un duro golpe para el agro, y las primeras boletas de ARBA que llegaron a los campos en 2018 se apuntaron incrementos que en algunos casos llegaron al 60 por ciento.

Como “alivio”, la gestión Vidal propone una bonificación del 5 por ciento para aquellos productores que cancelen esta obligación vía tarjeta de débito. En la práctica, esta modalidad no se extenderá, tanto por las complicaciones que puede acarrear el pago de esta cifra con débito, como por el escaso margen de beneficio real que representa. Para un productor que paga por año 150.000 pesos de Inmobiliario Rural, el descuento sería de 7.500 pesos.

Cuando se conoció el Presupuesto 2018, CARBAP elaboró algunos ejemplos para evaluar el impacto de esta suba. Como muestra, un campo sojero en Chacabuco de 130 hectáreas debe pagar este año por este concepto 153.000 pesos, un 50 por ciento más que en 2017 y el doble en relación a 2016.

Para reducir el impacto de este incremento, Vidal anunció a finales del año pasado una exención en Ingresos Brutos para facturaciones anuales de hasta 3 millones de pesos por año. En este punto, las entidades del agro reclamaron por el trato diferencial en relación a otros sectores: Las industrias que facturan menos de 78 millones de pesos anuales no pagan Ingresos Brutos.

Pero nada de esta situación evidenció una mejora sustancial, y en materia impositiva el sector agropecuario bonaerense continúa sufriendo la voracidad fiscal de un gobierno que no quiere resignar un solo peso de sus cuentas. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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ARBA, CARBAP

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