4 de junio de 2018

JUDICIALES

Denuncia contra la Inspección General de Justicia

Cuatro funcionarios de la IGJ fueron denunciados penalmente por el titular de la Alameda al revelar, a través de dos canales de televisión, documentación que es protegida por el Código Penal. Quien encabeza la persecución es la directora de Entidades Civiles designada en la última dictadura militar.

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Gustavo Vera, titular de la Alameda, denunció con el patrocinio de Andrés D. Popritkin a cuatro funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ). Vera les imputa el delito de revelación de actuaciones, documentos y datos (artículo 157 del Código Penal de la Nación).

La violación de la ley es mostrar actuaciones y documentos internos de la Inspección General de Justicia. Las actuaciones exhibidas tienen relación con una sanción impuesta el por la IGJ a la fundación Alameda.

Los denunciados son: Susana Graciela Junquiera (directora de Entidades Civiles), Estefanía Di Bella, Patricia Belén Rodríguez y Diego Bascuas, todos ellos funcionarios públicos de la IGJ.

Los funcionarios de la Inspección General de Justicia tienen prohibido por ley “revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos” (artículo 23 de la ley 22.315, ley Orgánica de la Inspección General de Justicia).

Quien encabeza la persecución en la IGJ contra la Alameda es la directora de Entidades Civiles de la IGJ, Susana Graciela Junqueira, quien es empleada del ministerio de Justicia desde 1979 en plena dictadura militar hasta la fecha. Su hija trabaja en jefatura de Gabinete de Ministros, particularmente en el ministerio de Modernización desde agosto de 2016 hasta la fecha.

La directora Junqueira tomó trascendencia en el 2013 cuando el periodista Hugo Alconada Mon hizo una nota en referencia al nombramiento que tuvo en el cargo de dirección del Registro Nacional de Sociedades y cobró en forma retroactiva medio millón de pesos cuando ya ocupaba otro cargo.

Sobre esta irregularidad de Junqueira la ex empleada de la IGJ, Silvina Martínez, realizó una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el Juzgado de Luis Rodríguez y tiene como fiscal a Ramiro González.

Para el proceso de designación Junqueira en el 2013 debía realizarse estudios certificando nuevamente aptitud psicofísica. Para esto presentó un certificado fechado en 1979.

Respecto al actual del titular de la IGJ, Sergio Brodsky es un abogado que viene de la Franja Morada en la UBA, muy cercano a Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego y presidente del club Boca Juniors, y a Darío Richarte, vicerrector de la UBA y también segundo en la ex SIDE en el gobierno de la Alianza.

La persecución de la IGJ salió primero a la luz a través de un informe televisivo “4D”, que conduce Luis Majul en el canal A 24. El 7 de marzo pasado se hizo referencia a Vera y la fundación que preside diciendo que “está floja de papeles”.

En la denuncia se señala que la periodista Lucía Salinas hizo “manifestaciones de carácter negativo y tendencioso para crear en el televidente una imagen espuria, tanto acerca de mi persona como la fundación”.

En la denuncia Vera sostiene que “la única manera que aquellas actuaciones hayan llegado a manos de la periodista, es por la revelación que las personas aquí denunciadas han realizado de las actuaciones allí labradas”.

Por el escaso lapso transcurrido entre la aplicación de la sanción y que la misma se divulgara en el mencionado medio de comunicación, queda en evidencia que no existió tiempo material suficiente para poner en marcha los mecanismos formales y legales establecidos para que las copias de las actuaciones en cuestión lleguen al poder de la periodista.

El 2 de abril próximo pasado, en el programa televisivo “4D”, Majul y Salinas mostraron una cédula de notificación que fue dejada por debajo de la puerta en la sede de la fundación en avenida Directorio 3998 (barrio de Parque Avellaneda), el miércoles 28 de marzo a las 20.30, ocasión en la que la fundación ya se encontraba cerrada y no había ninguna persona que la recibiera.

Los dos días posteriores, es decir el jueves 29 y el viernes 30 de marzo, fueron feriados religiosos (jueves y viernes santo), motivo por el cual la administración pública nacional no trabajó y la fundación permaneció cerrada. De seguido hubo otros dos días no laborales, por tratarse de sábado y domingo (31 de marzo y 1 de abril).

La emisión del programa “4D” salió al aire el 2 de abril, día que también fue feriado nacional, por conmemorarse del “día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.

El tercer paso de la operación mediática orquestada desde la IGJ fue el programa televisivo “TN Central” del 18 de abril por canal “Todo Noticias”, con los periodistas Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski.

Para ello, una vez más, exhibieron documentación y actuaciones, que vale recordar no es pública, de la Inspección General de Justicia y está prohibido que los funcionarios la revelen.

El artículo 157 del Código Penal de la Nación establece: será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

La metodología de IGJ con las fundaciones ligadas al partido oficial es muy distinta a la que tienen con la Alameda.

Pensar, Suma, Pericles, Creer y Crecer son todas fundaciones que tuvieron atraso en la presentación de los balances, además fueron investigadas en juzgados federales, en la mayoría de los casos por los delitos de lavado de dinero. Todas estas fundaciones oficialistas en la IGJ sabían que eran investigadas por la justicia.

Fundación Pensar se encontraba investigada desde el año 2015 por una causa que se inició por pedido de la PROCELAC en 2015, cuando el entonces presidente de la fundación, el macrista Matteo Gorretti, quien se habría beneficiado de fondos que les enviaba la administración de Hernan Lombardi cuando era Ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Lombardi como Gorretti había sido sobreseídos por el juez Ariel Lijo, pero la Sala II de la Cámara Federal lo revocó y ordenó seguir investigando. Esto fue en agosto de 2016. Entre 2013 y 2015 recibió 11.500.000 de pesos en calidad de ingresos. Cuando la anterior directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, solo aclararon el 25 por ciento de los donantes de 2014, el 15 por ciento de los donantes de 2015 y ninguno de 2013. Entre los aportantes de la Fundación Pensar se encuentra Despegar SA, Biblos SA, Air SRL, EXO SA, Minera Alumbrera, IRSA, OSDE, PC Arts Argentina, BFMyL SRL, Establecimiento el orden, VOD Argentina y Fibesa SA. El balance de 2014 fue presentado en el 2016 y tuvo una observación por un incremento registrado de casi medio millón de pesos, simplemente respondieron que corresponde al incremento de los resultados de ejercicio.

La Fundación Formar de Guillermo Dietrich informó que en el balance 2012/2013 entregó donaciones a otras fundaciones por 200 mil pesos, además de organizar actividades con el Colegio Argentino de Ingenieros, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Austral y hasta una cena de recaudación de fondos en el Hotel Hilton. En el balance 2013/2014 volvió a donar 100 mil pesos a distintas fundaciones. El balance fue presentado recién en el año 2016 y se le realizó una observación por 241 mil pesos pesos en conceptos de catering. La fundación contestó que fueron gastos corrientes en todas las actividades que realizaron durante ese año. Una gran cantidad de dinero donada hacia estas fundaciones durante el 2013 y el 2015 fueron por parte de organismos del estado, como el Banco Ciudad, la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores, Bricons Saicfi (proveedora del estado), Bañado del Solado SA (proveedora del estado), Planobra SA (proveedora del estado), Mejoramiento hospitalario SA (proveedora del estado), Sadmitec – Lanusse UTE (proveedora del estado), Pablo Pochat (Banco Comafi), Ángel Estrada y compañía SA, Friend Food SA (proveedora del estado), Fiorito Factoring SA, SES SA (Nicolas Caputo). En total entre 2013 y 2015 la Fundación Formar recibió 6 millones en ingresos según lo declarado. El balance 2013 daba 445.500, el de 2014 paso a 893.480 y el de 2015 llegó a ascender a 1.096.098 de pesos. En 2015 llegaron a gastar 1.3 millones de pesos en administración, 1.2 millones de pesos en seminarios y conferencias y 4.600.000 en “erogaciones” que fueron catalogadas como “especificas de la fundación”. Cuando la directora de Entidades Civiles pidió informes sobre los 3.4 millones de pesos depositados en una cuenta bancario, la fundación se limitó a responder que correspondían a ese ítem de “específicas de la fundación”.

La Fundación SUMA fue la gran protagonista del escándalo por el robo en la casa de Gabriela Michetti. La fundación se creó en 2014. Ese mismo año presentó todos los papeles que la IGJ requería, pero no tuvo que ni llegar a hacerlo porque la fundación los presentó voluntariamente. En 2015 cuando la ex directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, no contestaron. En 2014 los donantes fueron Banco Santander Río, Pan American Energy (PAE), Fundación Banco Macro, OPM Inmobiliaria SA (Rukán), Farmacity, Banco Comafi, Fliacer Participaciones SA, Banco Galicia, Julián Harguindey, Marina Klemensiewicz, Roberto Paullier Ferber, Lidia Saya, Carlos Brum, Alejandro García y Martín Borelli.